Carlos Alonso elude admitir errores con la piscifactoría y Valbuena desvía la atención culpando al Gobierno canario
El consejero insular de Medio Ambiente en el Cabildo de Tenerife, José Antonio Valbuena, del PSOE, ha descartado este jueves, en rueda de prensa convocada con urgencia (unas horas antes) tras conocerse el día anterior la apertura de diligencias penales por el caso piscifactoría (destapado por Tenerife Ahora) en un juzgado de La Orotava, presentar su dimisión en ese cargo público, aunque esta vez sí ha reconocido, lo que nunca antes había hecho con tanta claridad, la existencia de “deficiencias documentales” en la gestión de las instalaciones usadas por la Corporación insular para la cría y el engorde de truchas, incluso con la comercialización de estas, y también para tareas de educación ambiental, sobre todo con escolares.
Esta misma mañana de jueves, el presidente del Cabildo de Tenerife, la administración pública titular de la explotación acuícola radicada en la parte alta de La Orotava, en la zona de Aguamansa, no quiso llegar tan lejos como Valbuena en el reconocimiento de los errores cometidos y solo se limitó a decir sobre lo ocurrido en la piscifactoría de truchas, cerrada por Salud Pública el 22 de septiembre pasado, algo tan vano como que esa era la “gestión ordinaria” de la explotación, a lo que unió en reiteradas ocasiones que el Cabildo de Tenerife siempre se ha caracterizado por respetar y “dejar trabajar a la Justicia”. Además, Alonso afirmó que el funcionamiento de la piscifactoría no ha ocasionado problema alguno a la salud de las personas.
El presidente insular, que fue entrevistado en Radio Club Tenerife-Cadena SER antes del contacto con los medios de comunicación del consejero insular Valbuena, pasó por alto los graves y demoledores argumentos técnicos (recogidos en el auto que se adjunta a esta información) que justifican, según dictaminó el juez instructor, el inicio del proceso judicial con el auto de apertura de diligencias previas y eludió en todo momento el reconocimiento de posibles irregularidades, incluso por muy pequeñas que estas fueran.
En esta cuestión, la intervención de Alonso distó bastante de la de José Antonio Valbuena, el responsable político más directo de aquel recinto productivo y la persona que ha pasado de negarlo todo y decir que allí no pasaba nada a reconocer un “acuerdo mutuo” (cuando fue unilateral, por decisión del inspector de Salud Pública) para cerrar la explotación acuícola e incluso a dirigir las culpas hacia otro lado, señalando a otras administraciones públicas como supuestas culpables, entre ellas y de manera muy reciente a la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias (con competencias en acuicultura a escala regional). Algo parecido también ha hecho con determinados técnicos, tal y como estos reconocen a voz baja en sus puestos de trabajo.
En declaraciones a los periodistas, Valbuena comentó que el auto judicial en el que se investiga a la Corporación insular y a tres funcionarios no lo “coge de sorpresa”, pues sigue la tramitación habitual desde que el Seprona presenta la denuncia en el juzgado correspondiente, informó la agencia Europa Press.
Por ello, ha dicho que en este momento “manda la prudencia” y no se pueden hacer pronunciamientos sobre el contenido del auto, más allá de mostrar su “máxima confianza” en los tres funcionarios investigados, que han realizado un gran trabajo para la isla, y de ofrecer “aclaraciones e informaciones” a la autoridad judicial.
Valbuena ha vuelto a “garantizar” la protección de la salud de los ciudadanos en la zona del área metropolitana que pudiera estar afectada por la contaminación de agua del canal del norte (como consecuencia de los antibióticos que en piensos corregidos se daba a las truchas, no aptos para uso humano) y subrayó que no constan daños ni muertes en más de 40 años. El consejero insular precisó que la piscifactoría se daba de alta anualmente en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. Por eso, “hay otras preguntas que deben contestar otras entidades”, en alusión a lo hecho por el deparatmaneto que dirige Narvay Quintero, de CC, a través de la Dirección General de Ganadería.
El consejero sostuvo que la piscifactoría es una “instalación histórica”, con más de 40 años funcionando en las mismas condiciones y por la que han pasado “responsables de todas las fuerzas políticas”, desde la época del Icona, con Isidoro Sánchez (ATI-CC), hasta el PP, bajo la tutela de Manuel Torres como viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
Sobre la venta de truchas, ha indicado que la autorización para su comercialización depende de la Consejería de Agricultura, Pesca y Aguas del Gobierno regional, por lo que “hay preguntas que deben contestar ellos”.
Además, confirmó que, cuando había excedentes, se cedían a centros sociales a modo de beneficencia, pero siempre pasada la cuarentena y cuando no se habían suministrado medicamentos.
Valbuena dijo que el complejo ambiental de Aguamansa “no compraba agua”, sino que se la cedían los propietarios del canal con la condición de que se le devolviese (contaminada con heces y antibióticos, como reconocen los informes técnicos y vertida sin control en el canal de distribución para uso humano). Posteriormente, la comunidad de propietarios la comercializaba, en principio no para uso humano, “pero deben contestar en calidad de qué la comercializaban”.
Valbuena ha incidido en que todos los años la piscifactoría se daba de alta ante el Gobierno de Canarias y los técnicos entendían que se cumplía con los requisitos. “Habrá que ver a quienes son imputables estos errores administrativos; nosotros detectamos las deficiencias a raíz de la inspección”, ha apuntado.
En clave más política, afirmó que siente “respaldado” tanto por el presidente del Cabildo, Carlos Alonso (CC), como por el vicepresidente primero, Aurelio Abreu (PSOE), y pidió a la oposición que se informe más y deje de pedir ceses. “Son de gatillo fácil. Yo no pedía la dimisión con esa ligereza cuando estaba en la oposición”, recordó.
