El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife sabía al menos desde 2016, cuando inició el trámite para encargar el proyecto para demoler y reconstruir el hospital Febles Campos (situado en Santa Cruz de Tenerife), que necesitaba un inmueble donde realojar de forma temporal a los 200 pacientes de ese centro para la atención de mayores.
Por razones que aún no están aclaradas, el IASS descartó desde el principio la fórmula de un concurso público y decidió buscar ese nuevo inmueble a dedo, durante dos años, hasta que, en octubre de 2018, le llegó una oferta de una empresa del constructor Antonio Plasencia, Carlacand, con un edificio de oficinas en Cabo Llanos. Entonces el IASS la aceptó, por valor de 29,1 millones de euros (23 de ellos por la compra del edificio), lo que incluye habilitarlo para uso sociosanitario, labor que hará el propio Plasencia, una vez el Ayuntamiento de la capital tinerfeña le cambie el uso a la parcela.
La fórmula elegida por el IASS (ratificada el 28 de diciembre por CC, PP y PSOE -que luego, al saltar la polémica, ha reculado-; Podemos se abstuvo) no garantiza que todos los posibles interesados en hacer una oferta tuvieran esa opción.
Es cierto que Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, en su artículo 116, permite la compra directa de un bien, sin necesidad de un proceso de concurrencia pública, aunque establece en qué casos es eso posible. En el informe propuesta que se acordó el pasado 28 de diciembre en el consejo rector del IASS para comprar el inmueble de una empresa de Plasencia se menciona ese artículo y, en concreto, dos de los supuestos legales para acudir al método sin concurso, es decir, “las peculiaridades de la necesidad a satisfacer” y “la especial idoneidad del bien”.
No se citan en el expediente los otros supuestos que recoge la misma ley, como “la urgencia de la adquisición resultante de acontecimientos imprevisibles” (de hecho, no era imprevisible la necesidad que tenía el IASS de un inmueble, sino una previsión de infraestructura planificada), “las condiciones del mercado inmobiliario” (un concepto amplio) o “cuando fuera declarado desierto el concurso promovido para la adquisición” de un bien (no es el caso, pues el Cabildo descartó este camino).
La realidad es que no está claro en el acuerdo adoptado por qué en ningún momento se planteó una licitación pública, más allá de elogiar las bondades de la compra del edificio de Plasencia surgida a última hora, cuya inversión por cama sociosanitaria ascenderá a más de 107.000 euros.
Se mencionan en el acuerdo adoptado “múltiples gestiones” del IASS en 2017 y 2018 para encontrar dónde realojar a los usuarios del Febles Campos, y se exponen de forma genérica tipos de inmuebles sondeados, pero solo se detalla uno concreto, anterior al de Plasencia, que respondía a lo que se buscaba: la residencia de ancianos Mirador de Ifara, que en junio de 2017 el IASS intentó adquirir pero no hubo acuerdo con los propietarios porque el precio pedido era “muy superior al tasado”. De resto, generalidades.
Las fechas que no concuerdan en dos informes oficiales
En el acuerdo adoptado se citan dos informes en los que se aborda el proceso que llevó a comprar el edificio a la empresa de la familia de Antonio Plasencia. Llama la atención que en uno, el del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento (fechado el 13 de diciembre de 2018), se dice que el contrato para la redacción del proyecto del nuevo Febles Campos se adjudicó el 17 de enero de 2017 y se entregó “en el plazo de entrega previsto (cinco meses)”, o sea, hasta junio de ese año, mientras que en otro informe, el de la Unidad de Atención a la Dependencia (con fecha un día después que el anterior, o sea, el 14 de diciembre de 2018), se asegura que dicha adjudicación se produjo el 5 de diciembre de 2016 y que los autores entregaron el proyecto al IASS en noviembre de 2017. Es decir, las fechas de esos trámites no coinciden en ambos informes, pues hay un desfase de casi mes y medio en la adjudicación y de al menos cinco meses en la entrega del trabajo encargado.
Si el propósito del IASS para no convocar el concurso público fue agilizar el procedimiento, para poder adjudicar la demolición y construcción del nuevo Febles Campos, la realidad es que tampoco logró acelerarlo hasta que surgió el edificio de Plasencia, casi dos años después de iniciar la búsqueda.
Entre las generalidades que menciona el informe del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento se expone que, “tras múltiples gestiones de búsqueda de inmuebles [...], tanto en edificaciones de uso residencial como hotelero que cumplieran las condiciones de superficie y proximidad y que favorecieran el arraigo y las visitas de los familiares a los usuarios, sin perjuicio de valorar las ineludibles obras necesarias para la adaptación a la normativa sectorial inherente al uso sociosanitario, no se encontró en Santa Cruz de Tenerife ningún inmueble que reuniera las condiciones necesarias”.
Es decir, no lo encontraron los técnicos y cargos públicos del IASS, lo cual no equivale a garantizar que todos los posibles ofertantes (propietarios de inmuebles) pudieran enterarse de las intenciones de ese organismo público con igualdad de oportunidades. Consta únicamente como “alternativa interesante” en junio de 2017 la de un centro en Ifara, cuya “posible compra se vio frustrada” por su alto precio.
La ley prevé compra directa si un concurso queda desierto
El informe de la Unidad de Atención a la Dependencia reconoce que el empeño de buscar a dedo un “espacio adecuado” fue una cuestión “harto compleja”, dada la inexistencia de infraestructuras adecuadas en un emplazamiento próximo al centro [Febles Campos] que garantizara su funcionalidad y el atendimiento a los usuarios“. Pero cabe preguntarse, como ha insinuado el consejero del PSOE en el Cabildo José Antonio Valbuena, si la vía de un concurso público, al que se diera máxima difusión, no habría hecho menos complejo el proceso y más garantista, máxime teniendo en cuenta que posteriormente la ley permite la compra directa si el concurso hubiera quedado desierto.
Ese informe, insertado en la propuesta aprobada en el consejo rector del IASS, hace un sucinto repaso por los edificios que rastreó y por qué no se compraron: centros hospitalarios en desuso (“descartados por el importe de la inversión y por su insuficiente capacidad”), instalaciones hoteleras (“cuya necesaria rehabilitación [para centro sociosanitario] las han hecho inviables”), propiedades de la Iglesia (“con escasa capacidad para el fin perseguido”), residencias de estudiantes (“en las que se apreciaron deficiencias estructurales insalvables”) y la referida residencia de ancianos de Ifara (no se compró por “la negativa final de la propiedad” en junio de 2017 al precio tasado por el Cabildo).
¿Qué fue primero: el IASS o Plasencia?
Es en este punto del relato cuando en dicho informe se da el salto a la oferta de Plasencia en octubre de 2018. No se sabe muy bien si fue porque el IASS contactó con Plasencia o si Plasencia contactó con el IASS. En ese informe técnico la cuestión se zanja con un uso verbal que deja esa autoría indeterminada: “Durante el proceso de búsqueda de inmuebles, se plantea una nueva alternativa”, la del edificio en construcción de Carlacand en Cabo Llanos.
La propuesta acordada no detalla qué día Carlacand hizo la oferta, a través de su representante -Carlos Alonso Plasencia Romero, hijo del conocido constructor-, aunque sí que, con bastante prontitud, el día 3 el IASS ya inició el trámite para buscar tasadoras del edificio ofertado, y que se lo encargó a Tinsa, que el 18 ya tenía la tasación, 23,1 millones, guarismo casi clavado al que pidió el constructor, 23 millones. Todo ocurrió con excepcional rapidez en la muy a menudo lenta Administración pública.
Tinsa es la misma empresa que infló el valor de las parcelas del frente de playa de Las Teresitas, vendidas con sobreprecio al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el caso penal por el que fue condenado Antonio Plasencia, entre otros, al que el Consistorio reclamará 52 millones más intereses una vez sea firme el fallo, recurrido ante el Tribunal Supremo.
El informe de la Unidad de Atención a la Dependencia del IASS se deshace en elogios sobre el edificio de Cabo Llanos en construcción, cuya compra califica de “oportunidad excepcional” por “su emplazamiento [en plena milla de oro de la capital, frente al Auditorio de Calatrava], viabilidad urbanística para su adecuación a uso sociosanitario [en realidad es de oficinas, aunque un dictamen jurídico del Ayuntamiento ha dado el visto bueno al cambio de uso], posibilidades de adaptación funcional [con 6,1 millones de euros adicionales de inversión pública, en obra que hará el propio Plasencia] y disponibilidad inmediata de compra”, con un pago de 23 millones de euros a Carlacand de una sola tacada.