El Instituto Tecnológico de Energías Renovables de Tenerife (ITER) ha perdido entre 8 y 12 millones de euros por la parada de las plantas de molinos eólicos en Arico desde 2019. Así lo recalca un grupo de socios privados de la entidad (accionistas de la sección fotovoltaica del parque, quedando la sección eólica en manos 100% públicas), de la que es responsable el Cabildo de Tenerife, que censuran la gestión del gobierno insular anterior (PSOE-Cs), pero a los que tampoco convencen las explicaciones y la inacción que aprecian en los actuales gestores (CC-PP). Estos inversores particulares, que llevan 20 años colaborando con el ITER y que han visto “el nacer, el crecer, el éxito y la decadencia de la empresa”, se preguntan qué acciones se han llevado a cabo para recuperar ese dinero durante el año y medio del nuevo gobierno, del que recuerdan que estuvo todo el mandato anterior censurando estas pérdidas y que se aprobó una moción por unanimidad para respaldar al entonces presidente, el socialista Pedro Martín, con el fin de que se adoptaran las acciones necesarias para recuperar esa cantidad.
En respuesta a este periódico, el gobierno del Cabildo insiste en mirar hacia la gestión anterior, a la que califica de “nefasta”. “Hasta tal punto –afirma-, que en julio de 2023 nos encontramos una situación desastrosa que estamos tratando de solventar, aunque esto no resulta fácil porque esos cuatro años de parálisis han perjudicado a una entidad que tiene que recuperar el impulso investigador y generador de actividad económica que tuvo en etapas anteriores. Hemos ido poniendo en marcha diferentes acciones para tratar de arreglar cambiar y mejorar la situación, pero llevará su tiempo”, remarcan.
Esa “parálisis”, según CC y PP, se refleja en el “bloqueo de la ampliación del supercomputador, en no atender a la repotenciación del parque eólico, la incapacidad para gestionar un nuevo y mejorado convenio colectivo del personal o el cierre de las viviendas bioclimáticas, que no fueron capaces de volver a poner en marcha tras la pandemia. Es más que evidente que, en julio de 2023, el ITER estaba en una peor situación que en 2019, tanto con respecto a sus proyectos de expansión y desarrollo como hacia la gestión interna, que estuvo caracterizada por la búsqueda de no casos (de irregularidades) para atacar la gestión de equipos de gobierno anteriores”.
Además, recalcan que “las pérdidas de los parques de Areté y La Roca y las posibles responsabilidades jurídicas motivaron la dimisión de Enrique Arriaga (Cs) del ITER en diciembre de 2022, que hasta ese momento era el responsable de la empresa. Lo cierto es que, más allá de anuncios rimbombantes y acuerdos plenarios, no se ejecutaron acciones efectivas en este asunto ni se abrieron líneas de negociación para su resolución”. Por eso, anuncian que estudian ahora “acciones a llevar a cabo y, una vez que los servicios jurídicos evalúen todas las posibilidades, tomaremos una decisión. Sin duda, la falta de gestión del PSOE causó un perjuicio y hay que dilucidar las responsabilidades de un problema generado en su mandato. Se trata de algo complejo que hay que estudiar bien, pero no descartamos nada porque fue una situación grave y en cualquier caso se van a defender los intereses de la empresa pública”.
“Uso político vergonzoso”
Frente a esto, los accionistas critican que unos gobiernos y otros repitan lo mismo al llegar al poder y tomar las riendas del ITER: “No es sino el mismo mantra repetido hasta la saciedad. Decir que la gestión de nuestro predecesor fue nefasta supone una sentencia cargada de significado, pero ni unos ni otros cargaron de contenidos, siendo así indemostrable y quedando patente el vergonzoso uso exclusivamente político que se hace de esta institución. Todo son acusaciones, pero la realidad es que ITER, en 2019, era una empresa que completaba proyectos en diversas áreas y en la que todo investigador quería trabajar, mientras que ahora se van a cumplir 6 años sin ejecutar un proyecto de energías renovables y en los que la sangría de personas que abandonan la entidad parece no tener fin, lo que supone una dudosa manera de recuperar ese impulso investigador y generador de actividad económica si, además, lo poco que se hace se subcontrata, cuando antes se ejecutaba con personal propio”.
Los socios críticos recuerdan que “en todo cambio de gestión hay un periodo de prueba, un tiempo en el que la nueva dirección aterriza, pero que tiene una duración determinada. La situación en la que se recibe una empresa no es responsabilidad propia, pero si se mantiene el organigrama, sigue las mismas maneras y continúa y se acentúa la parálisis, entonces, pasado un tiempo, la responsabilidad es compartida y, en última instancia, propia. CC-PP ya llevan más de un año y medio gestionando esta entidad, no hay avances de ningún tipo y todo lo que denunciaron continúa sin respuesta. 30 millones de dinero público (bitcoins, parada de molinos y fotobat…) en paradero desconocido y sin respuestas reales de su recuperación”.
Según denuncian, “la realidad es que hoy, tras 6 años sin capacidad de ejecutar proyectos de renovables, cediendo las viviendas bioclimáticas y subcontratando la ejecución de proyectos propios, a este instituto le queda grande el apellido de energías renovables”. Además, no entienden que, dos años después del problema con los molinos se diga que aún hay que estudiarlo. “El equipo de gobierno anterior dejó claro de quién era la responsabilidad, ¿por qué no se le ha dado continuidad?. La documentación que lo constataba fue elaborada por el equipo técnico de ITER, por lo que si CC, tal y como dijo en la moción, reconocía la labor técnica de los profesionales y apoyaba al presidente en la ejecución de responsabilidades, debía haber continuado las gestiones y resolver esta cuestión de interés general”.
Fotbat 5+5 y la máquina de hidrogenera
Sobre el Fotobat 5+5, las licencias de las plantas fotovoltaicas y la compra de terrenos, recuerda que fueron cuestiones “anunciadas a bombo y platillo por la anterior dirección, ya fuera como anuncios electoralistas o denuncias públicas de mala gestión, y criticadas desde CC, que, sin embargo, tampoco ha hecho avances. Pero también es cierto que todos estos expedientes iban acompañados de informes del personal técnico de ITER, por lo que surge la siguiente pregunta: ¿es tal la politización del instituto que se elaboran documentos técnicos a gusto del gobierno de turno para su utilización política?, ¿cómo es posible que estos documentos técnicos sirvan para unos y, luego, sus sucesores no presten atención alguna?, ¿se asegura que el trabajo del personal técnico atiende a razones de interés general más que políticas?”.
Estos socios tienen claro que una empresa tecnológica “controlada por la clase política es difícil de entender”. Sin embargo, insisten en que “el personal científico público debe informar de proyectos y situaciones reales, y denunciar y no ser partícipe de lo que no lo es porque, mientras este juego de tronos continúa, el ITER se desangra”.
Sobre el Fotbot, el gobierno actual también achaca su situación al PSOE y asegiura que “el material, si bien ya no es de última generación, sí es perfectamente utilizable, según los informes técnicos, sobre todo lo que tiene que ver con lo más innovador del proyecto, que son sus baterías. Ésta es una de las actuaciones que se ha adjudicado recientemente y cuya ejecución se ha visto, momentáneamente, suspendida hasta que se adopten las medidas oportunas ante el yacimiento arqueológico localizado en el ámbito del proyecto. Los hechos son tozudos: nosotros hemos reactivado el proyecto y en cuanto se solvente la situación del yacimiento, en la que contamos con la ayuda del área de Patrimonio Histórico del CIT, seguiremos adelante”.
Respecto al proyecto de hidrogenera (Seafuel), que los socios recuerdan que nunca se llegó a poner en marcha a pesar de los muchos anuncios, el gobierno asegura que, “en cualquier caso, supone un aporte de conocimientos y experiencia a nuestros equipos investigadores. El ITER cumplió con su parte del proyecto de forma razonable, fue justificada y abonada su participación. El socio del proyecto tuvo problemas con la máquina que no pudo solventar y, al final, no se puso en marcha. Es decir, no se pudo realizar por problemas externos al instituto”.