La presidenta del Cabildo de Tenerife, abierta a estudiar una posible central eléctrica en los agujeros de Güímar

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha afirmado este miércoles que “no hay nada decidido” sobre el futuro uso que se le dé a los enormes agujeros dejados en los barrancos de Güímar por la extracción sin control ni permisos de tierras llevada a cabo durante años por varios empresarios, condenados en lo que se denominó caso Áridos.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo reconoce que no se puede rehabilitar el terreno y confirma la indemnización que los condenados deben abonar, que asciende a 185 millones de euros. Dávila ha reconocido pero ha admitido que una de las opciones puede pasar por la construcción de una central de hidroeléctrica de bombeo, propuesta respaldada por Fepeco, entidad que presidía uno de los condenados en el momento en que se cometió el delito medioambiental.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha apuntado que “no se trata de lo que le gustaría hacer al Cabildo” sino de “analizar con detenimiento la sentencia” que implica el abono de una indemnización de 185 millones euros por parte de los empresarios condenados.

Ha indicado que tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias son los beneficiarios de la indemnización y aunque no ha ocultado que la sentencia “pone claramente” que se debe impulsar la recuperación ambiental del entorno, es conocedora de que “se está trabajando desde hace un tiempo” en construir un proyecto de bombeo hidráulico que ayudara a la estabilización eléctrica de la isla a través de las energías renovables.

Ante el “déficit” eléctrico que sufre la isla, que se suma el cero energético del pasado verano en La Gomera, la presidenta entiende que “es muy importante” que se desarrollen proyectos “que permitan el almacenamiento y que no se pierda energía”.

Por ello ha indicado que los servicios jurídicos del Cabildo están estudiando la sentencia para posteriormente, en el plazo de un par de semanas, reunirse con el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández, y empezar a tomar decisiones.