Sí Se Puede promoverá una investigación sobre la compra con dinero público de dos propiedades de Antonio Plasencia en Santa Cruz
La formación política Sí Se Puede, con representación en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y con presencia dentro de Podemos en el Cabildo de Tenerife, consideró este lunes necesario que “se investigue la compra de propiedades vinculadas al empresario Antonio Plasencia por cerca de 30 millones de euros de fondos públicos procedentes del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias”.
La organización ecosocialista encuentra inquietante que esa iniciativa “esconda la voluntad de Coalición Canaria de financiar con dinero público parte de la sanción de 66 millones de euros que el empresario debe pagar por el daño ecológico causado en los barrancos del Valle de Güímar por la extracción ilegal de áridos”, asegura Annabel Espinosa, portavoz de la Coordinadora Insular de Sí Se Puede en Tenerife.
“Vamos a solicitar los expedientes de las dos compras de propiedades de Plasencia por cerca de 30 millones de euros que se han realizado en Tenerife recientemente por parte del Cabildo insular y de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para estudiar posibles acciones por nuestra parte”, anuncia Espinosa.
La portavoz de Sí Se Puede se refiere a la compra de un edificio de 13 plantas en Cabo Llanos -Santa Cruz de Tenerife- por parte del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), dependiente del Cabildo de Tenerife, por 23 millones de euros, con la intención de dar alojamiento provisional a las personas ingresadas en el hospital Febles Campos durante los dos años que tardará en ejecutarse el Febles Campos II.
Asimismo, alude a una segunda compra, en este caso de un solar anexo al hospital de la Candelaria, a costa de los presupuestos de la Consejería de Sanidad, por un valor de 5,5 millones de euros y para la ampliación del centro sanitario y aparcamientos subterráneos.
La organización ecosocialista destaca que hay serias dudas sobre la legalidad de la compra del edificio en Cabo Llanos, tanto sobre si una Administración pública puede comprar edificios ya concluidos mediante adjudicación directa y sin concurso público como por si es posible cambiar el uso de esa edificación de administrativo, que es el actual, al sociosanitario, que es el previsto, máxime cuando el PGO vigente que lo admite está a punto de ser anulado.
