El dique flotante para la reparación naval estará en Santa Cruz de Tenerife tras ceder la Autoridad Portuaria
![Imagen de archivo con plataformas atracadas en el dique del Este](https://static.eldiario.es/clip/09ee16b0-fba4-4dd7-8695-a34de97d4c67_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg)
El puerto de Santa Cruz de Tenerife, en su dársena del Este, finalmente tendrá el dique flotante con el que se incrementará la actividad de reparación naval en la capital por parte de la empresa Tenerife Shipyards. Así lo confirmó el presidente de la Autoridad Portuaria en la provincia tinerfeña, Pedro Suárez (PP), según adelantó en su edición de este jueves el periódico El Día.
Según recoge ese mismo medio de comunicación, Suárez reconoció que “en breve se llevará al consejo de administración la concesión a la empresa Tenerife Shipyards de la lámina de agua en el muelle del Este” para la instalación de la citada estructura, con el fin de que luego se pueda iniciar la tramitación ambiental.
Pedro Suárez dejó claro que en ningún momento la Autoridad Portuaria tinerfeña se ha negado a autorizar a Tenerife Shipyards la instalación del dique flotante para la reparación naval de barcos y plataformas petrolíferas, igual que “tampoco en ningún momento hemos dejado de defender esta actividad, que genera puestos de trabajo y riqueza”.
La misma opinión no han trasladado los trabajadores de esa empresa ni la patronal del metal Femete (tampoco el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife), que habían criticado con dureza la intención de la Autoridad Portuaria de trasladar esa actividad naval a la instalación portuaria de Granadilla.
Tanto la entidad concesionaria como la patronal Femete habían denunciado la pérdida de puestos de trabajo y de una inversión millonaria debido a que la Autoridad Portuaria no facilitaba los proyectos empresariales de la principal entidad de reparación naval localizada en puertos estatales de la provincia occidental, Tenerife Shipyards, en el conocido como dique del Este de Santa Cruz de Tenerife.
El bloqueo de esas inversiones, no reconocido por la Autoridad Portuaria, ponía en riesgo 700 empleos e iba a ocasionar pérdidas de 50 millones en tres años, siempre según los datos aportados por la empresa Tenerife Shipyards.