El Plan Especial de Actuación Inspectora impulsado conjuntamente por el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, una acción integrada en el convenio que firmaron ambas administraciones públicas el pasado 11 de septiembre, contempla reforzar la plantilla de ese cuerpo con 32 nuevos inspectores. Estos, a lo largo del último trimestre de este año, se trasladarán a las islas para desempeñar su labor de vigilancia y detectar posibles irregularidades laborales.
El objetivo de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, que dirige Cristina Valido, es regularizar la situación de los posibles trabajadores en Canarias que, o bien desempeñan su labor con un contrato fraudulento en cuanto a la jornada laboral o la temporalidad, o bien carecen de contrato.
Con el fin de crear los grupos de refuerzo temporal, el Ministerio de Empleo ya ha abierto la convocatoria para que los funcionarios de los cuerpos de inspección con destino en otras comunidades se desplacen temporalmente a las islas para desempeñar su labor de vigilancia.
El director general de Trabajo en el Gobierno de Canarias, José Miguel González, asegura que con este plan “se evitarán conductas que generan competencia desleal, desprotección social de los trabajadores y evasión de cotizaciones sociales derivadas de las relaciones laborales”.
A partir de este momento, los jefes provinciales, el territorial y la Dirección General de Trabajo establecerán el cronograma de actuaciones que se realizarán en los próximos meses. “En un contexto de crecimiento económico -dijo González-, que implica el incremento de las contrataciones, debemos articular todos los medios disponibles para que no exista nadie fuera de la legalidad en materia laboral”.
El convenio firmado el pasado 11 de septiembre entre el Gobierno de Canarias y el Estado contempla, ademas de ese plan de refuerzo temporal de las plantillas, la creación de una unidad de trabajo especializada, integrada por representantes de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, la Dirección General de Trabajo y el Servicio Canario de Empleo, que tendrá acceso a toda la información disponible para la definición de las principales conductas y detección de bolsas de fraude.