Rodolfo Núñez Ruano no es un personaje cualquiera en Canarias. Durante 12 años fue el presidente de CajaCanarias, la caja de ahorros por excelencia de los tinerfeños, y después fue presidente de Binter, la aerolínea que une las islas. Este viernes ha declarado como testigo en el juicio por la compra, supuestamente fraudulenta, de la playa de la capital tinerfeña, una compra que facilitó a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, al actuar a favor de concederles en 1998 un préstamo de 5.500 millones de pesetas.
Su testifical ha sido sustanciosa. Sobre todo, al recalcar la “gran amistad” que le une con Antonio Plasencia (acusado para quien se piden cuatro años de cárcel por malversación), de quien a lo largo de cuatro años, justo entre 1998, cuando se otorga el crédito, y 2002 (ya vendido el frente de la playa al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife) recibió cerca cuatro millones de euros, cantidades que para la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal y la Brigada de Policía Judicial no estaban justificados.
“Eso no tiene que ver con este asunto. Plasencia me prestó esos cuatro millones de euros para participar en Binter y avaló esa operación”, respondió al abogado de la acusación popular, José Pérez Ventura. “Antonio se ha portado conmigo siempre estupendamente”, añadió.
Este viernes, Rodolfo Núñez entró en la sala 12 del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, en la que se desarrolla la vista oral de lo que se conoce como un “pelotazo de libro”, con paso firme y sonoro, pasos propios de alguien acostumbrado al poder económico. A preguntas de la fiscal admitió que tiene carné de Coalición Canaria desde casi su creación y que entró en el partido de la mano de Manuel Hermoso, otro “buen amigo”.
También respondió a la fiscal que sabía que Plasencia estaba interesado en comprar Las Teresitas y todos los terrenos adyacentes que tenía la extinta Junta de Compensación, con la intención de construir. “Los bancos son un negocio y esta era una operación interesante por lo que traía detrás, un promotor que iba a desarrollar viviendas, negocios...eso da un montón de dinero”.
Rodolfo Núñez aseveró que, para la Caja, el único que estaba detrás de la operación era Antonio Plasencia “aunque nos dijo que quería incorporar a más personas”, y negó saber que Felipe Armas (quien solicitó formalmente el crédito multimillonario, pese a tener solo un sueldo de empleado), fuese testaferro de Ignacio González, socio de Plasencia en Inversiones Las Teresitas y por añadidura, miembro del Consejo de Administración de la Caja. “Entendí que estaba allí de manera circunstancial. Lo mismo podría haber sido un promotor del Sur”.
Los técnicos, responsables
Pese a ser una operación tan importante, al expresidente de CajaCanarias no le pareció esencial hacer comprobaciones. “Confiaba en que si se daba alguna incidencia en la devolución del préstamo, Antonio (Plasencia) iba a responder”.
“Todas las operaciones de la Caja se ponían en manos de los técnicos. La función del Consejo era vigilar que la Caja funcionaba bien”, y añadió que “se aportó la documentación al Comité de Riesgos y se hizo lo que el Comité dijo”. Entre esa documentación había una tasación de TINSA que posteriormente el Banco de España echó por tierra, por ser una mera valoración y no estar siquiera firmada. “¿Sí? No lo recuerdo. Para mí siempre fue una tasación”.
“No hice ninguna comprobación”. “Si el comité de riesgos decía blanco, para mi es blanco”, recalcó.
¿Y qué hubiera pasado si el crédito no se devuelve?, preguntó la fiscal. “Pues que podríamos quedarnos con las parcelas e ir contra los administradores de la sociedad”, contestó, aunque posteriormente matizó que perder 5.500 millones de pesetas, pese a ser el mayor crédito concedido hasta entonces por la extinguida entidad financiera, habría supuesto “un agujero pequeño, dada la magnitud de la Caja”.
El informe negativo del Banco de España, que incluso obligó a que Ignacio González Martín fuese sancionado con una multa por haberse otorgado el crédito a sí mismo, ha sido una sorpresa para el máximo responsable de la la Caja de Ahorros tinerfeña. “Lo conocí hace quince días”, aseguró a la Sala. De la misma manera, se enteró hace 15 días de que había que dotar una provisión del 10% del valor del préstamo como garantía adicional. “No es un informe que haya manejado, pero el Banco de España no lo hizo con especial cariño para la Caja”.
La “venganza” de Amid Achi
El ex presidente de CajaCanarias fue igualmente preguntado acerca de la información que se entregaba a los consejeros de Administración para las aprobaciones de las operaciones de la entidad. “Les dimos la parte esencial (de la información), la que los consejeros debían valorar”, explicó. Las condiciones concretas del préstamo se conocieron en el Consejo “un día antes”.
Fue más preciso a la pregunta que le hizo el magistrado que preside el tribunal, Joaquín Astor Landete. “El orden del día se conoció cuando se convocó el Consejo y solo se decía operaciones crediticias”.
En cuanto a la votación, en una primera reunión para hablar de la concesión del crédito, y en una segunda, para firmar el acta de esa concesión, Núñez afirmó que solo hubo una abstención, la del testigo Amid Achi, potente empresario del textil en Tenerife, y que el pasado martes declaró que había sido presionado para que cambiara su primer voto en contra a la concesión del crédito por una abstención.
En este sentido, Rodolfo Núñez manifestó que solo sabía de la abstención, que es la que figura en el acta. “Me dijo que se abstuvo porque pensaba que había que pedirle un aval a los empresarios, a lo que se negaron”. Igualmente, a respuesta del abogado de Antonio Plasencia, señaló que Achi le había comentado que “quería entrar en el negocio”.
Además, aseguró que le parece “inverosímil” que el vicepresidente de CajaCanarias, el entonces socialista Nicolás Álvarez, ejerciera presión alguna sobre Amid Achi para que cambiara su voto y la operación saliera adelante. “Por supuesto que Achi nunca me comentó que le hubieran presionado. No recuerdo que cambiara su voto”.
Rodolfo Núñez fue investigado durante la instrucción de la causa, y pese a los millones recibidos del entorno de Plasencia, nunca se encontraron pruebas suficientes de un cohecho. Posteriormente se ha sabido que justo en 2001, año en que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife compró el frente de la playa por más de 52 millones de euros, abrió una cuenta a nombre de su empresa Ilsamar Tenerife en un banco suizo (por lo que aparece en la Lista Falciani), en la que en 2007, cuando ya la investigación judicial estaba en marcha, apenas quedaba un saldo de 4.300 euros.
La vista oral del caso Las Teresitas continuará el próximo lunes. Será la sesión séptima, de las más de 50 previstas. Entre los testigos figuran Javier Dominguez Anadón, arquitecto con relaciones con los empresarios encartados y que se mostró contrario al informe de la arquitecta municipal Pía Oramas, que tasó el valor del frente de la playa en casi tres veces menos de lo pagado por el Ayuntamiento de Santa Cruz.