Zerolo culpa del pelotazo de Las Teresitas a los funcionarios del Ayuntamiento

El exsenador y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife ha sido el primero de los trece acusados por la supuesta compraventa fraudulenta del frente de la playa de Las Teresitas. Y, como era de esperar, porque así lo había manifestado a la prensa antes y después de las veintitrés sesiones que se han llevado a cabo en la vista oral por este juicio, su base argumental ha sido que había que “salvar la playa” de edificaciones, y que creía que “se estaba haciendo muy bien, hasta para felicitarnos”.

La sorpresa ha sido que arrojara en los funcionarios técnicos municipales todo el peso del convenio para la compra, además de las negociaciones de este, los posibles trasvases de aprovechamiento de algunas parcelas compradas y que eran públicas (como la parcela de la batería militar, en la que se proyecta un hotel) a las parcelas de la zona trasera de Las Teresitas (lo que dio lugar al juicio por una pieza separada hace dos semanas, la del caso Las Huertas), incluso las negociaciones con los propietarios de esas parcelas, los poderosos empresarios tinerfeños Ignacio González y Antonio Plasencia, dueños de Inversiones Las Teresitas.

También fue una sorpresa que admitiera que fueron esos empresarios quienes fijaron desde un primer momento el precio de la transacción. “Fue una única reunión en la que se fijó el precio, en junio de 2001. No bajaban de los 10.000 millones de pesetas. Vino Ignacio González con otra persona, que no recuerdo”.

El exalcalde manifestó que mantuvo esa única reunión con González y Plasencia, lo que desmintió pocas horas después el exedil de Urbanismo Manuel Parejo, quien reconoció que fueron algunas más. Para él, como para Zerolo, se piden los mismos años de condena (8) por malversación de caudales públicos y prevaricación.

Al final, la oferta fue de 8.700 millones de pesetas (52,2 millones de euros), el precio que se pagó, el precio propuesto por los dueños de Inversiones Las Teresitas, aunque antes manifestó Zerolo que la aceptación de esa oferta fue porque los funcionarios, tanto de la Gerencia de Urbanismo como de los servicios jurídicos, amén de los informes favorables del exsecretario del Ayuntamiento, José de Zárate (acusado, le piden cuatro años de cárcel por prevaricación) y del interventor de la Gerencia (José Luis Roca, misma petición de pena).

“No era mi intención beneficiar a unos empresarios, sino que los empresarios beneficiaran al pueblo”, apostilló.

“Tuve conocimiento, pero no directo”

Presionado hasta el límite por la primer teniente de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife y jefa de la delegación Anticorrupción, María Farnés Martínez Frigola, el exalcalde negó haber mantenido conversación alguna con Ignacio González en el consejo de administración de CajaCanarias, en el que ambos se sentaban, justo cuando ese consejo aprobó en 1998 la concesión de un crédito de 5.500 millones de pesetas para la compra de 101 parcelas, las del frente de la playa y sus alrededores.

“Tuve conocimiento, pero no directo, de que Inversiones Las Teresitas había comprado la playa a la Junta de Compensación. Lo supe de manera segura cuando los empresarios acudieron al Ayuntamiento a decir que había una sentencia del Tribunal Supremo que les permitía edificar y que querían edificar”.

Pese a que “salvar la playa de las edificaciones (repitió la frase tres veces en 10 minutos) es su principal argumento de defensa desde que se supo la denuncia de la Fiscalía en 2007, y fue motivo de dos de sus campañas electorales, negó saber que el Ayuntamiento intentaba comprar por 800 millones de pesetas el frente de la playa antes de que lo hiciera Inversiones Las Teresitas y antes de que saliera la sentencia del Tribunal Supremo por la que se permitía urbanizar ese frente.

Zerolo descargó parte de las responsabilidades en el concejal de Urbanismo y compañero de filas de Coalición Canaria, Manuel Parejo, del que dijo que era quien “me informaba de todo”, y que fue el acusado Víctor Reyes (contratado por Parejo, exsecretario de la Gerencia de Urbanismo) quien le informó de que no se podía expropiar los terrenos “porque sería un fraude de ley, pero lo pregunté. Después de lo que he escuchado en esta sala sé que un Ayuntamiento puede hacer de todo, pero entonces no sabía que podía modificar el Plan General” (de Ordenación Urbana).

“Entonces, ¿la decisión de no conmutar, de no expropiar, de no permutar era de los funcionarios?”, preguntó la fiscal. “No, no, no. Si su señoría lo que quiere es cogerme en contradicciones (...). El que hace un informe de que no se puede expropiar es un funcionario, y no sé si podía permutar”.

“Nunca he hablado con Pía”

Miguel Zerolo, que comenzó el interrogatorio tranquilo y con afán, dijo, de colaborar con la fiscal “porque me beneficia”, varió el tono conforme avanzaba el interrogatorio. Y una de las preguntas que empezó a agobiarlo fue relativa al informe que elaboró la exarquitecta municipal Pía Oramas, por el que el frente de la playa no podía costar más de 3.200.000 millones de pesetas (19 millones de euros).

Tras delegar en los técnicos municipales, aseguró que no sabía de ese informe. “Yo no he hablado con Pía Oramas en mi vida”. De la misma manera, dijo desconocer las restantes tasaciones del frente de la playa, incluidas la dos de la Universidad Carlos III de Madrid, ni la de Tinsa que encargó CajaCanarias y entregó al Ayuntamiento.

En cuanto a por qué no se incluyó el informe de Oramas en el expediente que se elevó al pleno municipal para la aprobación de la compra, descargó la responsabilidad en el jefe de Planeamiento municipal, Epifanio Gómez (no está acusado), y recalcó que los 8.700 millones de pesetas que se pagaron, impuestos por los empresarios, “eran una valoración media” entre lo 10.000 millones que los empresarios reclamaban en un principio y las tasaciones incluidas.

Admitió que solo leyó las conclusiones favorables del secretario y del exinterventor de todo el expediente de compra que se llevó al pleno de junio de 2001, en el que se aprobó por unanimidad la compra.

Se acabó

Tras beber varias botellas de agua, y más de tres horas de interrogatorio, Zerolo cortó con la fiscal. Fue al cabo de preguntarle por los décimos de lotería que alegó ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que le habían tocado y el motivo por lo que no tuvo que tirar de su cuenta corriente en dos años, según la investigación de la Policía Judicial.“No contestamos”, dijo su abogado Jorge Muñoz. Zerolo tan solo apuntó que le cayó un quinto de la lotería de Navidad y que luego compró unos 300 décimos por si tenía suerte en la de El Niño. “Y me cayó la pedrea”.

“No respondo más porque los medios de comunicación van a utilizarlo para zurrarme”, atajó.