La consejera de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, Josefa María Mesa Mora, asegura que La Laguna es el único municipio de la isla con un Plan Especial aprobado que incumple con la obligación de solicitar la conformidad de la Institución insular a la hora de ejecutar obras. La situación sería aún más grave cuando se da la circunstancia de que el casco de Aguere ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
La consejera se ha posicionado de esta manera después de que la formación política Podemos presentara al Pleno una pregunta sobre el enfrentamiento que actualmente existe entre el Ayuntamiento de La Laguna y el Cabildo por esta cuestión.
La formación política Unid@s Se Puede está trabajando ya en la presentación de un recurso administrativo, una vez que tiene en su poder los distintos informes emitidos que apuntan a que, efectivamente, se ha incumplido la legislación canaria en materia de Patrimonio. El portavoz de Unid@s Se Puede en La Laguna, Rubens Ascanio, considera que “estamos obligados a clarificar todo lo que ha ocurrido, primero en la vía administrativa, y luego si se dan las circunstancias, en la judicial”.
Esta formación política sostiene que el actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, podría ser responsable, primero como concejal de Urbanismo desde 2007 a 2009, y a partir de entonces como alcalde. Ascanio señala que en el contenido anteproyecto de Ley del Suelo, impulsado por Clavijo se percibe “un alto grado de relación” con lo que ha tenido lugar en La Laguna. Y especialmente con el intento de que los ayuntamientos no tengan que pedir la conformidad al Cabildo para gestionar sus cascos históricos.
Ascanio mantiene que a estas alturas del debate ya ha quedado claro que, durante una década, La Laguna ha incumplido la normativa, y además lo ha hecho de forma reiterada y consciente. El resultado va más allá de un simple error burocrático y tiene consecuencias directas sobre el patrimonio, alguna de cuyas piezas se han visto seriamente modificadas.
Pone como ejemplo las obras en la conocida como Casa de Franco Castilla, cuyo interior ha sido vaciado, con lo que se han perdido gran parte de los valores patrimoniales que la habían hecho acreedora de la máxima protección dentro del Plan Especial de Protección (PEP). “Tal vez si se le hubiese permitido intervenir al Cabildo el resultado hubiese sido muy diferente”, indica.
Es el caso de la remodelación de la plaza de la Catedral, donde al final se impuso el criterio de la institución insular, más conservacionista que el proyecto defendido por Arquitectura, Urbanismo y Cooperación (AUC), empresa que hasta 2014 gestionaba el casco histórico.
En un reciente reunión de la Comisión municipal de Patrimonio Histórico, se abordó este asunto, pero Ascanio critica que no se les facilitara a la oposición ni a los colectivos allí presentes informe alguno que avale la posición defendida por el grupo de gobierno. “Poco menos que nos han pedido un acto ciego de fe para que nos creamos lo que ellos dicen”, indica.
Por lo pronto, el punto de vista de la oposición es radicalmente distinto y sostienen que estamos ante “un grave problema y una irregularidad total”. Para el alcalde, José Alberto Díaz Domínguez, la discusión se limita a un problema burocrático, pero Ascanio responde que el proceso administrativo precisamente ha sido creado para garantizar la conservación de los bienes protegidos.
Por último el concejal se lamenta de que los medios de comunicación “tradicionales” han empleado más espacio a informar sobre la posición de la Gerencia de Urbanismo que sobre el fondo del asunto. Lo que achaca al reparto “discrecional y caprichoso” de publicidad institucional. “De ahí se deriva que muchos periodistas tienen miedo a informar no sea que les vayan a retirar la ayuda”.