El secretario general de Coalición Canaria (CC) y senador autonómico, Fernando Clavijo, ha asegurado, tras conocerse este jueves que la Fiscalía del Tribunal Supremo pide su imputación por el caso Reparos, que renunciará al aforamiento si resulta investigado para poder explicar “cuanto antes” la tramitación de unos expedientes, que, en su opinión, se ajustaron “totalmente” a derecho.
Clavijo, en declaraciones a los periodistas en La Palma, ha respondido así al ser preguntado por el escrito de la Fiscalía del Supremo que pide su imputación por un presunto delito de prevaricación continuada cometido entre los años 2011 y 2014 cuando era alcalde de La Laguna (Tenerife) y firmó el levantamiento de numersos reparos en contra del parecer del interventor.
El dirigente de CC ha indicado que en los levantamientos de los reparos, unos 40, según ha dicho, contó con el informe positivo de los servicios jurídicos del consistorio y del servicio gestor, por lo que se mostró convencido de que se actuó de forma correcta para dar continuidad a una serie de servicios públicos afectados.
Sin embargo, según el escrito remitido por la Fiscalía, fueron “más de cien decretos dictados para levantar los reparos formulados por las intervención municipal, revelando con ello una reiteración en esa práctica tanto en el ámbito temporal como en el material que denota un uso generalizado, habitual y no puntual, basado en razones de urgencia y/o emergencia, tal y como pretende hacer valer para su justificación” el investigado.
La Fiscalía detalla que durante los años 2011 a 2014 se fueron “prorrogando y dando continuidad a contratos de servicios públicos, algunos de ellos millonarios, contraviniendo de forma grave la Ley de Contratos del Sector Público y las bases y pliegos de los respectivos concursos, pese a los contundentes raparos formulados por la Intervención General” del Ayuntamiento de La Laguna. Es decir, se ampliaba la vigencia de importantes contratos cuando llegaban sus vencimientos y sus prórrogas legales, esquivando convocar concursos y siempre en contra del criterio del interventor municipal. El importe de una veintena de ellos supera los 60 millones de euros. Esta práctica fue, además, continuada por su sucesor y último alcalde de CC en la ciudad, José Alberto Díaz.
Clavijo ha indicado que entre esos contratos se encontraba la financiación de los pisos tutelados para mujeres víctimas de violencia machista, el combustible para los coches de la Policía Local, el servicio de basura o gastos en el área de parques y jardines.
Ha señalado que no sabe si será “casualidad” que sea la tercera ocasión que un informe de la Fiscalía se emite cuando está cerca un proceso electoral, en referencia al caso Grúas, en el que también fue denunciado por el concejal de Avante, ahora integrado en el PSOE, y actual senador, Santiago Pérez, y que finalmente fue archivado.
Clavijo ha opinado que era razonable que la Fiscalía del Supremo mantuviese el mismo criterio que la Fiscalía de Canarias y ha recordado que ahora será el magistrado ponente el que decidirá si lo llama a declarar como investigado.
Al respecto ha dicho que quiere colaborar con la justicia y en el caso de ser así renunciaría al aforamiento que le corresponde como senador para ir a declarar cuanto antes y explicar que la tramitación de esos expedientes que, según ha reiterado, fue ajustada a derecho y gracias “al ejemplar trabajo” de los funcionarios del Ayuntamiento de La Laguna permitió, ha agregado, la continuidad de servicios públicos esenciales.
Clavijo ha señalado que fueron años complejos, en medio de una crisis económica y con un cambio en la ley de Régimen Local, pero aún así, ha proseguido, se hizo un trabajo ejemplar.