La negativa a que la oficina del Plan Especial de Protección (PEP) de La Laguna continuara abierta al público para asesorar y atender directamente a los vecinos, fue la causa por la que en 2014 la anterior directora del PEP, María Luisa Cerrillos, decidió renunciar a seguir gestionando el Centro Histórico. Por aquellas fechas, su empresa, Arquitectura, Urbanismo y Cooperación (AUC), acababa de ganar por segunda vez el concurso para desarrollar el PEP, pero sorpresivamente, Cerrillos dio el portazo y abandonó de forma definitiva cualquier responsabilidad en Aguere.
En aquel entonces la adjudicataria presentó un recurso administrativo que parece más bien una carta llena de reproches hacia el entonces alcalde, Fernando Clavijo, hoy presidente del Gobierno canario y al concejal de Urbanismo, Juan Manuel Bethencourt, en la actualidad responsable de prensa del Ejecutivo. En el escrito, Cerrillos se confiesa traicionada y culpa a ambos de haber cambiado de forma unilateral las condiciones del concurso. Y además, de haberlo hecho pese a que personalmente le aseguraron que harían justo lo contrario.
A grandes rasgos la función de AUC durante los siguientes dos años sería la misma que la desarrollada desde 2003: ejercer el asesoramiento técnico y emitir informes a la Gerencia de Urbanismo. En el pliego de la convocatoria se establecía que la gestión de la oficina del conjunto histórico no iba a cambiar y que se situaría en las dependencias de la Concejalía de Patrimonio Histórico y Servicio de Gestión del Casco en la plaza de la Junta Suprema.
La intención era seguir ofreciendo una atención directa, rápida, personalizada y eficaz a los vecinos con el fin de superar rigideces, un aspecto que la empresa de Cerrillos consideraba esencial y estratégico y que se negó a modificar. Sin embargo, la decisión del exalcalde pasaba por eliminar esta oficina, pese a que según sus responsables los resultados habían superado las expectativas más optimistas obteniendo logros efectivos y tangibles. Especialmente en lo que se refiere al establecimiento de un relación ágil, fluida y eficaz con los vecinos.
La propuesta de Clavijo implicó la desaparición del concepto de ventanilla única y la ruptura de la relación directa con los usuarios. Este aspecto iba en contra de la propuesta presentada por AUC, que había resultado ganadora y determinó su posterior renuncia a gestionar el casco histórico. Ya en 2003, la empresa había hecho del contacto con los vecinos su principal sistema de trabajo y así lo quería seguir haciendo.
En el recurso se hacía mención a una reunión celebrada a principios de 2014 en el despacho de la Alcaldía en la que Clavijo asumió diversos compromisos que a continuación resultaron ser radicalmente distintos a los que se reflejaron en el acuerdo de adjudicación. Por ello, la arquitecta se mostró decepcionada por la falta de palabra del exalcalde y decidió su renuncia, pese a que en aquel momento ya había depositado el aval y la documentación correspondiente.
Cerrillos consideraba innegociable que las funciones de la oficina abarcaran mucho más que la simple redacción de informes y quería añadir a esta tarea otras actuaciones que complementaran la atención a los ciudadanos y usuarios y lograr la complicidad con éstos. Por ello, su postura era calificada por la propia directora como transparente y coherente con la propuesta presentada y ganadora y con su forma de trabajar durante más de una década. De esta manera, se dio la inédita circunstancia de que los ganadores del concurso presentaron un recurso contra el acuerdo que los convertía en adjudicatarios.
AUC resultó concesionaria del concurso en 2003 y en 2005 logró que se aprobara el PEP después de hacer frente a problemas surgidos con Icomos. Esta entidad que asesora a la Unesco llegó a alertar de que Aguere podría perder el título de Patrimonio de la Humanidad si aprobaba un documento que, según aseguraban, ponía en peligro los valores que le hicieron acreedora de este reconocimiento.
Cerrillos también tuvo que enfrentarse a las críticas de asociaciones vecinales, empresarios y el propio Cabildo. Desde 2005 y hasta 2014, AUC asumió las riendas de la oficina del PEP y tras las desaveneciencias surgidas con el exalcalde y exconcejal de Urbanismo optó por renunciar al concurso que acababa de ganar. Ahora se ha entrado en un nuevo capítulo, en la siempre ajetreada gestión del Centro Histórico lagunero, al trascender que las licencias otorgadas desde 2005 podrían ser ilegales ya que nunca se solicitó la conformidad del Cabildo, tal y como determina la legislación canaria.