El Ayuntamiento realejero del PP recula y ahora ofrece sus casas públicas en venta al Instituto Canario de la Vivienda

El Ayuntamiento de Los Realejos, controlado por el PP y con Manuel Domínguez de alcalde (también presidente insular de este partido), acaba de recular y ahora, en vez de vender a una empresa privada, lo inicialmente acordado, ofrecerá la adquisición de las 11 viviendas sociales de que dispone en el barrio de La Cruz Santa al Instituto Canario de la Vivienda (dependiente del Gobierno autonómico), algo que se ha acordado en el pleno celebrado en junio en este municipio del norte de Tenerife.

Este asunto, según ha informado IUC en una nota de prensa, tiene su origen en la última junta general de la Empresa Pública de Viviendas de Los Realejos (Viviré), cuando se acordó, el 29 de mayo pasado, la enajenación de esas 11 viviendas de promoción pública en el barrio de La Cruz Santa, situadas en la calle Tindaya. Entonces solo se opuso la representación de IUC, Melania González y Esaúl González. Este partido se negó a la operación, “claramente especulativa”, porque suponía malvender a una empresa privada de la construcción esas viviendas por un importe de 583.000 euros, cuando su tasación oficial en enero de 2017 era de 1.062.000 euros. La venta de este patrimonio tiene que ver con el proceso de liquidación obligatorio, en aplicación de la ley, de esa sociedad pública local, que ha sido totalmente deficitaria.

Con la denuncia pública de IUC, se ha conseguido, se recoge en el comunicado, que el PP recule en sus pretensiones iniciales y en el pleno del pasado mes de junio, a través de una propuesta del PSOE, ya optara por ofrecer la adquisición de esas casas al Instituto Canario de la Vivienda, que es la situación actual.

Según sostiene IUC, lo que está en cuestión en este asunto es el fracaso de la política de viviendas en Los Realejos. Este se ha ido fraguado con los diferentes grupos de gobierno que han pasado por el ayuntamiento (PSOE, CC y PP). Concretamente, fue con el gobierno de CC-PP, en 2005, cuando se crea la empresa pública Viviré, con un irrisorio presupuesto de 21.300 euros y sin personal, dice la misma nota.

Ahora, añade IUC, Manuel Domínguez afirma que el “Ayuntamiento asumirá las competencias en viviendas, y tiene gracia, pues disuelve una empresa pública específica en esa materia para que sus competencias sean asumidas por una concejalía. Es un parche que no solucionará el problema de más de 600 demandantes de viviendas públicas que tiene el municipio de Los Realejos”, recuerda el partido de izquierdas.