Los policías responsables de la investigación que dio lugar a la pieza separada número 22 del caso Corredor, en la que fueron investigados el entonces alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, y tres concejalas más, dijeron en sus informes elevados al juzgado que no se apreciaban “razones de carácter humanitario ni de fuerza mayor” que habilitaran a las autoridades municipales a “prescindir de los requisitos legales” en el realojo del portavoz de la plataforma de afectados de Las Chumberas, Ricardo González Martín, entonces militante socialista, luego asesor municipal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento Lagunero, y hoy destacado activista contra los grupos de oposición que critican la gestión del consistorio en la crisis de este barrio afectado por aluminosis.
Su última aparición pública se produjo este mismo jueves en el pleno del Ayuntamiento, en el que increpó reiteradamente desde el público a los portavoces de la oposición que trataron de cambiar el consejo de administración de la empresa pública de vivienda, Muvasa, para conocer en profundidad qué ha pasado con la gestión del caso de Las Chumberas. Ricardo González fue desalojado del pleno.
El caso de Las Chumberas está referido a un conjunto de edificaciones de protección oficial construidas por el Estado en el barrio lagunero de Las Chumberas que deben ser demolidos y reedificados. Hasta que eso ocurra hay viviendas que basta con apuntalar, mientras que otras deben ser desalojadas por el peligro que sufren sus ocupantes.
En el caso del piso de Ricardo González Martín, los técnicos municipales certificaron que era suficiente con poner una serie de puntales en el baño, que no tenía que abandonar la vivienda. A pesar de ello, Fernando Clavijo ordenó que se le realojara “porque habló en la [radio] autonómica y se portó bien” en detrimento de “unos viejitos cuyo domicilio presentaba más daños” y a los que la concejala de Bienestar Social, Blanca Pérez, quería dar prioridad.
En una conversación telefónica del 28 de junio de 2010, a las 15:47:34, Fernando Clavijo habla con Blanca Pérez y ésta le pregunta si “el de Las Chumberas” le ha llamado, respondiendo el alcalde en sentido negativo.
Blanca le aclara que esa persona tiene una orden de ejecución para apuntalarle el baño pero él lo que quiere es irse de la vivienda, si bien se trata de una persona joven y hay “viejitos” con el baño apuntalado, es decir, que tendrían prioridad. Pérez, hoy viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno que preside Fernando Clavijo, añade que esta persona no cumple con ningún requisito, por lo que ella no dispone de cobertura legal para hacerlo.
Ante esta situación, Fernando Clavijo le indica: “¿Y no podemos echarle una mano con eso?”. Blanca le pregunta que si pretende dar prioridad a Ricardo González antes que a otros ancianos, y le avisa de que no dispone de dinero para pagar alquileres. No obstante, y a pesar de las explicaciones de la concejala, Fernando Clavijo insiste: “O sea que, estratégicamente hoy, hoy habló en la [radio] autonómica y se portó bien. Y a lo mejor, estratégicamente nos interesaría”.
La concejala le contesta retomando alguna de sus palabras: “Estratégicamente quedamos como el culo con todos los vecinos”.
En una conversación del día 1 de julio de 2010, a las 18:12:04 Fernando Clavijo habla con Ricardo González Martín. El alcalde tiene conocimiento, por habérselo comentado el concejal de zona, de que iban a poner unos puntales más en la vivienda del líder vecinal para justificar que fuera inhabitable y se pudiera ir al piso de alquiler.
Ricardo González, conocido como Richard, interrumpe al alcalde con risas pidiéndole que repita sus palabras. En un momento de la conversación Richard le expone que “era un rollo mano, lo del alquiler..., lo de vivir aquí con... (puntales)”, respondiéndole Fernando Clavijo que “lo del alquiler salió, ya les dieron los, todos los datos de los bloques con el mapa y todo”.
Ricardo le pregunta al alcalde si esos datos ya los puede dar porque está recibiendo llamadas de periódicos y televisiones. Y luego insiste: “Oye, me daba un rollo de, de esto, de que de estar aquí, de, digo cómo me vas a apuntalar mano, y no me puedo realojar mano, que aquí no se puede vivir, la depresión era menuda, te lo digo de verdad, entonces dices que eso está arreglado o qué”.
Fernando: “Sí, sí, sí”.
En otra conversación telefónica, un mes después (2 de agosto de 2010, a las 15:11:33), Richard le cuenta a Clavijo “que sepa que ya me trasladé, que soy un vecino, más cerca de ti, en la calle La Carrera… que aquí tiene su casa pa venir a desayunar si se ve estresao o lo que sea”.
A lo que Fernando contesta: “Ahora sólo te falta que te afilies ya”, a lo que su interlocutor le responde: “que ya estoy aquí y un lujo”.
Informes incorporados a la investigación judicial reflejan que la vivienda de Ricardo González Martín en el bloque 12 de Las Chumberas presentaba problemas en su cuarto de baño que fueron reparados. Así, en un informe técnico de finales de julio de 2010, se concluye que la vivienda “no presenta daños aparentes” “ni se aprecian fisuras”. Pero previamente la Policía había registrado una conversación entre el alcalde y la concejala donde quedó patente que las auténticas intenciones de Ricardo González eran irse de la vivienda y no realizar los trabajos de apuntalamiento del baño.
El 1 de julio, el alcalde conversaba con Ricardo González y le hacía saber que le iban a poner dos puntales más en la vivienda, para que aparentase ser inhabitable y concederle así la ayuda de alquiler para que pudiera disfrutar de su flamante casa en la calle de la Carrera.
Un mes después, el 2 de agosto, es cuando Richard y Clavijo conversan satisfechos, y es en esa conversación en la que el alcalde de la ciudad le pide al líder vecinal que se afilie a Coalición Canaria.
A pesar de provenir del PSOE, Ricardo González acaba figurando en el puesto número 17 de la candidatura de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Centro Canario Nacionalista al Ayuntamiento de La Laguna en mayo de 2011. Y según decreto de Alcaldía de 25 de julio de 2011 es nombrado personal eventual, asesor, del Grupo Político de Coalición Canaria con efectos de 1 de agosto de 2011. El alcalde seguía siendo entonces Fernando Clavijo.
Informes sociales a la medida
El informe social que avala la concesión de ayudas a Ricardo Martín tiene fecha de 13 de julio de 2010 y aparece firmado por Bruno Febles Clemente, trabajador social de Muvisa, aunque no consta su número de colegiado o si lo está.
En el apartado Situación Socioeconómica y Familiar expone que sus ingresos se derivan del trabajo que realiza en el Ayuntamiento de Santa Cruz y ascienden a la cuantía de 1.561,55 euros. El trabajador social toma en cuenta para su valoración la nómina del mes de mayo de 2010 con ese importe, pero figuran dos más (abril de 2010, por 1.617,18 euros y junio de 2010 por 3.333,16 euros con paga extra incluida). El trabajador social opta por la nómina de menor cuantía de las tres que constan en el expediente.
En el Informe Social, en su apartado Situación de la vivienda, alega el trabajador social que la vivienda de Las Chumberas la tiene que abandonar en breve debido a la necesidad de apuntalamiento del baño de la misma, según informe final del estudio realizado por la empresa Intemac.
En el apartado Valoración el trabajador social reitera que “el solicitante tendrá que abandonar su vivienda habitual en Las Chumberas, debido a la necesidad de apuntalamiento del baño de la misma, desalojo que es notificado por la Gerencia de Urbanismo”. Sin embargo, lo único notificado por la Gerencia de Urbanismo fue la obligación de apuntalamiento en el plazo de 3 días, sin hacer indicación explícita ni implícita de desalojo de la vivienda.
En sus informes ante el juzgado, la Policía descarta razones humanitarias en este caso porque el líder vecinal tiene ingresos mensuales bastantes que indican un estado de solvencia con el que poder afrontar un alquiler de 475 euros; y tampoco se consideran causas de fuerza mayor porque no consta así en el expediente analizado, donde tan sólo se obliga al apuntalamiento del baño, tras una omisión voluntaria de acometer una orden ejecutiva de Junio de 2009, dando un plazo de 3 días para ejecutar las obras con carácter voluntario y sin indicación de la urgente necesidad de abandonar la vivienda afectada.