“Bermúdez debe pedir perdón, en nombre de CC, por el daño de la corrupción de Zerolo”

Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida en Canarias (IUC) y concejal en Santa Cruz, camina de frente y con calma, aunque consciente de que representar a IUC en el Ayuntamiento capitalino es cruzar una escalera con los peldaños de cristal. Lee y analiza expedientes para no caer en la tentación de criticar sin conocer el fondo de las cosas. Ahora, en esta nueva andadura política de mira local, se ha empeñado en ir construyendo y transmitiendo una propuesta alternativa y realista de ciudad.

El concejal de IUC en el consistorio capitalino valora en esta entrevista los planes de presente y de futuro de un municipio cuyo grupo de gobierno “hace que los que menos tienen se empobrezcan para enriquecer a los que más tienen”.

¿Cómo ha sido el ritual de iniciación de Ramón Trujillo en la oposición de un ayuntamiento tan complejo como el de Santa Cruz?

He entrado observando y escuchando mucho porque sé que tengo bastantes cosas que aprender. Al mismo tiempo, he llevado una buena cantidad de iniciativas y propuestas al Ayuntamiento, y he entrado en contacto con numerosos colectivos. Veo claro que nuestro trabajo consiste en articular con la ciudadanía mejoras concretas en la calidad de vida de los vecinos e ir construyendo y transmitiendo una propuesta alternativa y realista de ciudad. Incluso con las limitaciones legales y económicas actuales, se pueden hacer muchas cosas para mejorar la vida de la gente.

En algo se tendrá que notar la inexperiencia de IUC en el consistorio…

Sí, claro. Por ejemplo, el hecho de que llevemos poco más de un año de trabajo institucional, sumado a que tenemos un solo concejal, dificulta, de momento, seguir con el detalle que quisiéramos algunos asuntos.

¿Le ha dado tiempo de levantar las alfombras?

Las alfombras de Las Teresitas, de los casos García Cabrera, Casa Siliuto o Fórum Filatélico llevan mucho tiempo levantadas. Es más, estamos viendo ahora cómo el grupo de gobierno renuncia a solucionar el problema del fuera de ordenación, que movilizó a tanta gente en Santa Cruz. Las cerca de 2.000 viviendas que estaban en fuera de ordenación pierden parte de su valor porque están sobre solares en los que mañana se podrán construir menos plantas, menos metros cúbicos. Las propiedades legales de tanta gente pierden valor para poder dar metros cúbicos de edificabilidad a solares que están vacíos. Es decir, los propietarios adinerados de solares bien situados ganarán lo que perderán los dueños de viviendas en fuera de ordenación. Vemos cómo las decisiones municipales hacen que los que menos tienen se empobrezcan para enriquecer a los que más tienen. Y lo terrible es que, en muchos casos, tanto quienes ganan como quienes pierden con este urbanismo caciquil votan a los partidos responsables de esas decisiones. Creo que las responsabilidades políticas de la corrupción legal e ilegal son públicas y notorias.

¿Existe bloqueo a la hora de fiscalizar la labor del Gobierno local?

Hay un enorme retraso en las respuestas a nuestras solicitudes de información y de informes relevantes para fiscalizar con celeridad al Gobierno municipal. Esto es grave.

Han hablado ustedes de CC como un partido de caciques y con prácticas clientelares, pero la realidad ha marcado que a los vecinos de Santa Cruz les gusta la manera de gestionar de los nacionalistas, con el apoyo más masivo.

Un político italiano, de cuyo nombre no quiero acordarme, decía que el poder desgasta… a quienes no lo tienen. Y es que quienes tienen el poder toman cientos de pequeñas decisiones a diario que generan apoyos de manera casi automática. Quienes tienen el poder reciben una proyección pública y mediática muy superior a quienes, además de alternancia, ofrecemos alternativa. Y hay otros factores más difíciles de percibir. Por ejemplo, en Santa Cruz me gustaría hacer alguna encuesta, en alguna empresa subcontratada por el municipio, para ver si hallamos sobrerrepresentada la intención de voto a Coalición Canaria. Eso podría mostrar algo equivalente al efecto de una red clientelar.

¿Quién es más enemigo, según IUC, de Santa Cruz: el PP o CC?

No los vemos como enemigos, sino como adversarios políticos. Creo que, históricamente, CC tiene más responsabilidad política que el PP en la corrupción que ha sufrido nuestra ciudad y en haber malgastado dinero público en obras, innecesariamente caras, mientras se deterioraban miles de viviendas habitadas por gente con pocos recursos y situadas en barrios con pocas dotaciones. Si hubiera gobernado IUC, hoy habría, por ejemplo, un auditorio austero y miles de viviendas ya rehabilitadas. CC tiene mucha responsabilidad en la escasez de plazas públicas, de escuelas infantiles, en el poco desarrollo de los servicios sociales o en contar con un parque de viviendas sociales en alquiler muy inferior a lo que es normal en Europa. Sin embargo, el PP está destrozando la capacidad de los ayuntamientos para mejorar los servicios a la ciudadanía con sus limitaciones al crecimiento del gasto y de la contratación laboral, aunque se trate de ayuntamientos saneados y con ingresos crecientes. Están prohibiendo a los municipios desarrollar el Estado de bienestar.

¿Existe corrupción legalizada en el Ayuntamiento?corrupción

Sí, y las privatizaciones son la muestra más importante. Consisten en que el Ayuntamiento entrega a una empresa privada un servicio público y deja de ingresar un dinero que serviría para dar mejores servicios a sus vecinos. Ese dinero irá al bolsillo de un millonario que quizá también financie al partido que decide la privatización. Y, encima, acaban prestando el servicio privatizado peor que cuando era público. Por ejemplo, Santa Cruz privatizó Emmasa y hoy vende el agua más cara, genera menos empleo y éste es de peor calidad, ocasiona gastos inmensos al Ayuntamiento para controlarla y ha perjudicado a la ciudad con sus infracciones e incumplimientos reiterados. La ciudad, por poner otro ejemplo, otorgó una concesión para un parquin de 429 plazas en Tomé Cano, que paga un canon irrisorio de 15.000 euros al año. Y hay más casos similares. Esto es como si la ciudadanía fuera obligada a pagar un impuesto por aparcar. El Ayuntamiento produce negocios que no tienen nada que ver con la lógica del mercado, sino con decisiones políticas que privan de potenciales ingresos a las arcas públicas y premian a emprendedores especializados en la captura del regulador.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), ha afirmado recientemente que comprar los terrenos del frente de la playa de Las Teresitas fue “bueno” porque impidió la construcción “de hoteles de muchas plantas”. Desde fuera, ¿qué valoración hace Ramón Trujillo?

Creo que el alcalde Bermúdez debe pedir perdón, en nombre de CC, por todo el daño que la corrupción de Zerolo hizo a nuestra ciudad. No había que comprar el frente de playa y debió haberse estudiado la posibilidad de expropiar o de compensar el coste de esos solares con aprovechamientos urbanísticos en los valles de Las Huertas y El Cercado. Pero, al parecer, pagaron hasta por terrenos que ya habían sido cedidos al Ayuntamiento y hasta por dominio marítimo-terrestre propiedad del Estado, y lo hicieron ocultando la tasación de la arquitecta municipal, para así poder pagar de más a dos dirigentes empresariales que han estado años dándonos consejos sobre qué hacer con nuestra economía y que ahora están sentados en el banquillo por el caso Las Teresitas. Los dirigentes de CC no entienden el daño que han hecho. Parecen no conocer, por ejemplo, la responsabilidad de los gobiernos municipales de CC en no haber impedido que varios vecinos de San Andrés vieran desaparecer del Registro de la Propiedad sus casas y el sufrimiento que supuso su lucha hasta que las recuperaron.

¿Quiénes son los responsables directos de las desigualdades sociales en Santa Cruz, habida cuenta de los datos ofrecidos por Cáritas y Cruz Roja?

Es una responsabilidad compartida. Las políticas de Madrid han hecho que España sea uno de los estados más desiguales de la Unión Europea y eso, obviamente, se plasma en nuestra ciudad. Pero también nuestro REF fiscal ha contribuido a incrementar las desigualdades y, obviamente, decenios de política caciquil en Santa Cruz. El distrito con más desempleo casi duplica la tasa del distrito con menos desempleo y, si hacemos la comparación con tasas de absentismo escolar, la diferencia es mucho mayor. Esto evidencia la realidad de una ciudad clasista.

¿Qué solución plantea para revertir la complicada situación económica y social de barrios como Añaza, con una de las tasas de paro más altas en la capital?

El Ayuntamiento tiene capacidad para aplicar políticas sociales que incrementarían el éxito escolar, y también en materia de vivienda tiene un margen de juego importante; en empleo está mucho más limitado. Sin embargo, si acabamos con la legislación del PP contra los ayuntamientos, Santa Cruz podrá tener muchos recursos para políticas generadoras de empleo y bienestar.

¿Es suficiente rechazar la ampliación de la línea 2 del tranvía por una cuestión de sostenibilidad?

En esta cuestión hay dos problemas. En primer lugar, si se quiere hacer el tranvía no puede aceptarse que las empresas y los trabajadores de la avenida de Los Majuelos paguen un precio en pérdidas económicas y desempleo. En segundo lugar, hay que estudiar seriamente qué modo de transporte público colectivo es más apropiado: la guagua o el tranvía. La guagua presupone menos inversión, puede tener carril exclusivo y contribuir a expandir el uso y la eficacia conjunta de la red municipal de guaguas. El tranvía compite en parte con la guagua, contribuye a que se reduzcan sus usuarios, aumenta el costo por viajero y, quizá, así se genera un sistema público de transporte colectivo globalmente menos sostenible. Creo que la ampliación de línea 2 de Tíncer a La Gallega parece responder más a una política de infraestructura que a una política de transporte público. En mi opinión, necesitamos un debate informado con los pros y los contras reales de cada opción. Y la decisión final, sea la que sea, tiene que garantizar que los trabajadores y las empresas de la avenida de Los Majuelos no sean quienes paguen los costes de lo que se haga allí.

El grupo de gobierno rechazó la tarifa solidaria de agua presentada por Sí Se Puede e IUC por considerarla “populista y estar poco fundamentada”. ¿Qué alternativas se barajan para solucionar este problema de primera necesidad?

Propusimos que se estudiara nuestra iniciativa. La idea era vincular la tarifa del agua a la renta y a la cantidad de personas residentes en el hogar. Es una alternativa viable, pero PP y CC se negaron a estudiar la propuesta.

Su partido pidió la destitución del concejal Dámaso Arteaga por el caso Siliuto. ¿Realmente es efectivo pedir la marcha de un edil para amortiguar los efectos de una mala gestión?

No, no es efectivo, pero ayuda a que se preste atención a la gravedad de las decisiones que llevaron a pagar 612.000 euros por una propiedad tasada en 332.500 euros por los técnicos municipales.

¿Cuántas veces le han intentado desmontar su discurso con alusiones a Venezuela o a Cuba desde que está en el Ayuntamiento?

Venezuela solo existe en época preelectoral. Lo más impresentable fue una moción que llevó el PP al pleno en apoyo de la oposición antidemocrática de Venezuela. Yo entiendo que rechacen a Maduro, pero no entiendo que apoyen a una oposición que defendía una ley de amnistía que perdonaba la fabricación de bombas, que contaba en sus filas con dirigentes que, por ejemplo, participaron en la detención ilegal de un ministro legítimo durante el golpe de Estado de 2002 y que han apoyado el sabotaje económico. Me indigna la presentación simplista y sesgada que suelen hacer los medios de comunicación de lo que ocurre en América Latina. Por ejemplo, ahora están hablando del acuerdo de paz en Colombia y solo hablan de los abusos, reales y condenables, perpetrados por las FARC. Pero hay cosas que no cuentan. No hablan de los más de tres mil civiles inocentes asesinados por la política de recompensas por guerrillero muerto impuesta por el actual presidente de Colombia cuando era ministro de Defensa. No se cuenta que durante más de 20 años en Colombia era asesinado un sindicalista cada tres días, ni se habla del exterminio de miles de militantes de un partido político de la izquierda llamado Unión Patriótica, ni nos dicen nada sobre cómo se manejó desde el Estado el paramilitarismo para exterminar a la izquierda. Es lamentable que la violación de los derechos humanos no se denuncie en función de su gravedad objetiva, sino que sea instrumentalizada contra los estados que limitan la entrada de capital extranjero.