Bermúdez vuelve a polemizar con los vestigios franquistas: “No se puede poner turbo en Santa Cruz y el ralentí en el resto”

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha criticado este jueves al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, por pretender estar por encima de la ley respecto a los vestigios franquistas, en referencia a la retirada del monumento a Los Caídos, entre otros.

Bermúdez ha hecho declaraciones a los medios de comunicación después de que el presidente, en el debate sobre el estado de la nacionalidad, afirmara que tienen que desaparecer todos los vestigios franquistas. Torres señaló que el catálogo de vestigios hay que aplicarlo, es decir, eliminar todos los restos franquistas. “Pero sin ninguna duda”, ha insistido. Porque, “el que duda”, añadió, “crea una sensación de que esto lo puedes dejar aquí cuando resulta que son emblemas que todos hemos decidido democráticamente que tienen que desaparecer” porque pertenecen a “una época que hay que sepultar para que no se vuelva a repetir”.

“Por muy presidente del Gobierno canario que sea no se puede estar por encima de la ley”, ha manifestado el alcalde, quien ha insistido en que está dispuesto a retirar ese monumento y otras referencias al franquismo que hay en la capital, pero conforme a lo que marca la ley.

En su opinión, “falta poner un poco de rigor”, pues “todo el mundo habla y opina y nadie se ha leído los artículos de la ley”, que, según ha insistido, insta a la aprobación de un catálogo de vestigios de ámbito territorial canario y no solo para Santa Cruz de Tenerife.

Ha denunciado que el Gobierno canario no ha hecho la tarea y no ha llevado al Parlamento una estrategia respecto a este asunto ni tampoco ha aprobado un catálogo regional.

Bermúdez ha asegurado que está de acuerdo en retirar los vestigios franquistas, pero “no en poner turbo en Santa Cruz y el ralentí en el resto de municipios”.

Asimismo, ha advertido de que si el Gobierno no cumple con la ley el Ayuntamiento irá a los tribunales, ya que, ha continuado, de no aplicarse la ley se incurrirá en una inseguridad jurídica de la que se pueden aprovechar “aquellos que no quieren que se retiren los vestigios”.

“No se trata de hacer las cosas a la bravas sino bien hechas”, ha apostillado.