“En el día a día del Cabildo imperan la aplicación y el rigor, sin que haya existido un solo caso de corrupción durante los 100 años de historia que acabamos de conmemorar”. Con esta frase se despedía Ricardo Melchior tras 14 años al frente de la institución política más importante de Tenerife. Esa mañana de lunes, el 16 de septiembre de 2013, el histórico dirigente de Coalición Canaria (CC) cedía el testigo a Carlos Alonso, su mirlo blanco, como él mismo lo había bautizado. Lo hacía bajo la atenta mirada de Aurelio Abreu, el escudero ideal de los nacionalistas durante los ocho años que gobernaron con el PSOE. Hace 15 días, la Fiscalía pidió la imputación de los tres, y de otras once personas, por presuntos delitos continuados de malversación y prevaricación vinculados con las distintas operaciones que tiraron por el sumidero del NAP más de 12 millones de euros y que se consumaron solo un año antes de que se produjera el relevo generacional en la Corporación insular.
Desde 2013 hasta hoy han saltado a la luz diversos casos de corrupción vinculados con el Cabildo, como los desfalcos de Sinpromi o el Recinto Ferial, incluso se investiga al propio Melchior por su gestión posterior en la Autoridad Portuaria, pero es la primera vez que la Fiscalía apunta directamente a la cúpula política de la institución, según ha publicado Mírame TV.
La denuncia presentada por la fiscal Olga Méndez, trasladada el pasado 12 de julio al Juzgado de Instrucción Decano de Granadilla por la actual jefa provincial del Ministerio Público, María Farnés Martínez, golpea de lleno a uno de los pilares de la gestión de Coalición Canaria en el Cabildo, el Instituto Tecnológico de Energías Renovables. El ITER siempre ha sido la joya de la corona entre las numerosas empresas que tejen la red de sociedades de la Corporación insular. Y lo ha sido por su rentabilidad, porque durante muchos años ha funcionado como una locomotora que tira del resto de entidades públicas, las que no eran tan productivas. Como el NAP.
NAP de África Occidental-Islas Canarias es una empresa que constituyó el ITER en 2006 al alimón con diversos inversores privados, con un capital inicial de dos millones de euros que se amplió al doble un año después, con la intención de construir una infraestructura que sirviera como punto de acceso a la red para permitir a los proveedores de internet conectarse entre sí. Uno de los muchos proyectos a los que después el Cabildo regaba con campañas de propaganda en los medios para destacar su apuesta decidida por las nuevas tecnologías.
La empresa fue una auténtica ruina. En 2012 se encontraba en causa de disolución con pérdidas que superaban los seis millones de euros, lo que no fue obstáculo para que el ITER pusiera en marcha distintas operaciones para llevar a cabo el rescate del NAP sin que los bolsillos de los accionistas privados se vieran afectados, mientras 12 millones salían de las arcas públicas para tapar los agujeros de la sociedad. Ahí es donde la Fiscalía levanta el dedo que apunta a la presunta malversación.
La lista de empresarios que participaron en el NAP, hasta 38 accionistas tendrán que prestar declaración en calidad de testigos en la causa, refleja las habituales sinergías que existían entre la élite política del Cabildo y la flor y nata del sector privado de Tenerife. Juan Fuentes Tabares, Manuel Dharandas, José Ana Pérez Labajos, Pedro Suárez o Enrique Rodríguez de Azero son algunos de los nombres de los inversores que tendrán que explicar el papel que jugó la parte privada en la presunta trama de corrupción que ha denunciado la Fiscalía Provincial.
En unas declaraciones realizadas a Mírame Televisión el pasado mes de marzo, cuando la consejera delegada del ITER denunció los hechos en la Fiscalía, el mayor accionista privado del NAP, Pérez Labajos, aseguró que CC solo benefició “a sus empresarios amigos en la operación”. Al día siguiente se retractó de sus palabras.
Un Consejo con dos cabezas
En los cuatro meses que ha durado la investigación de la Fiscalía, el Ministerio Público ha ratificado punto por punto las sospechas elevadas por la actual consejera delegada del ITER, Elena Rodríguez, en un escrito presentado el pasado mes de marzo. La denuncia pone el punto de mira en los 14 miembros del Consejo de Administración de la empresa pública, donde se sentaban desde representantes políticos hasta destacadas personalidades vinculadas a instituciones como la Universidad de La Laguna, el Instituto de Astrofísica de Canarias o el ITC. Quiere que todos declaren como investigados, pero hace especial hincapié en el papel que jugaron algunos miembros del órgano, las cabezas que impulsaban las decisiones.
La investigación de la Fiscalía ha servido para apuntalar algunos de los pilares que sostienen los indicios de prevaricación y malversación. No es fácil, porque detrás del NAP hay una compleja ingeniería de operaciones financieras que cuesta comprender a la primera lectura. Pero todo se entiende mejor con la denuncia en la mano.
El NAP nació con el objetivo de construir un edificio que hiciera las veces de centro de datos. Para ello, se suscribió un contrato de servicios con una empresa externa, Terremark Worldwide, para ejecutar el proyecto de implantación de la infraestructura. El precio: 3,2 millones de euros.
El siguiente paso fue comprar los terrenos, una parcela de Geneto propiedad de una promotora vinculada al CD Tenerife en la que figuraban accionistas del propio NAP. Nueve millones de euros mediante la subrogación de la empresa en el préstamo hipotecario concedido en su día por CajaCanarias, una entidad financiera cuyo presidente, Álvaro Arvelo, también se sentaba en el Consejo de Administración del ITER. Es uno de los 14 imputados que solicita la Fiscalía.
A partir de este momento, año 2007, todo empieza a torcerse. El error clave que soltó la tuerca fue adquirir un terreno en Geneto que no servía para construir el NAP. Por muchos motivos, desde urbanísticos hasta operativos (la idea, desde un principio, era que el edificio estuviera lo más cerca posible del mar). Un problema que llevó a construir la infraestructura en los terrenos del ITER, en Granadilla de Abona. A 64 kilómetros de la ciudad deportiva del CD Tenerife.
En noviembre de 2007, el ITER participaba con dos millones de euros en una empresa cuyo único patrimonio era un terreno al que no podían darle utilidad, cuyo valor se devaluaba por momentos, y un contrato de concesión de servicios para ejecutar un proyecto que ya no era viable.
Un sumidero de dinero público
En noviembre de 2007, el ITER comenzó a abrir el grifo para salvar el NAP mediante la concesión de préstamos, hasta siete en menos de tres años, por más de cuatro millones de euros. Aquí el paréntesis es obligado: NAP era una empresa mixta con mitad capital público y mitad privado, mientras que el ITER es cien por cien del Cabildo de Tenerife.
NAP nunca devolvió ni los intereses ni el principal de los préstamos, por lo que todo el agujero se tapó con dinero público, sin que los inversores privados arriesgaran un céntimo. En 2011 se concedieron dos nuevos créditos por 170.000 euros. La Fiscalía considera que estas decisiones se adoptaron sin que el ITER tuviera garantías de devolución y apunta a las dos cabezas que representaban a ambas empresas en los acuerdos: Manuel Cendagorta y Ricardo Melchior. Y aquí también toca parar un momento.
Manuel Cendagorta y Ricardo Melchior van de la mano. El que ha sido gerente del ITER desde la década de 1990 hasta 2020 llegó a la empresa pública gracias al expresidente insular. Ambos mantuvieron siempre una estrecha relación que permitió a Cendagorta ejercer su cargo con plenos poderes y estar presente en numerosas sociedades vinculadas con el Cabildo. Ambos tendrán que declarar en calidad de investigados.
Es entonces cuando se produce un giro del guión para el que la Fiscalía no encuentra explicación. Tanto Cendagorta como Melchior suscribieron en mayo de 2011 un contrato para adquirir por tres millones de euros el proyecto de Terremark, lo que finalmente se convirtió en una operación de compensación de créditos que llevó al ITER a comprar el plan de ejecución mediante la asunción de la deuda del NAP, que ascendía a 4,2 millones.
Es decir, el ITER compró un proyecto que no tenía utilidad para compensar una deuda del NAP sin que, una vez más, los inversores privados abrieran sus carteras. Y no tenía utilidad porque desde marzo ya estaba en pleno funcionamiento el edificio de Granadilla. Pero el perjuicio para las arcas públicas no quedó ahí.
NAP cerró el ejercicio de 2011 con unas pérdidas de 6,2 millones de euros, lo que condenaba a la empresa a su disolución. Melchior y Cendagorta lo sabían, porque su firma está en las cuentas anuales de la entidad. Lo sabían, pero en enero de 2012 otra sociedad pública del Cabildo, Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), adquirió el único patrimonio que le quedaba al NAP, tras la compra del proyecto de Terramark: la parcela de Geneto.
La operación se valoró en casi seis millones de euros y, de nuevo, se produjo una subrogación en el préstamos existente con CajaCanarias, previa baja de capital de 1,2 millones que asumió el NAP mediante la solicitud de un nuevo crédito. A la misma entidad financiera, por supuesto.
En las actas de las sesiones decisivas del Consejo de Administración de PCTT se puede comprobar el rol destacado que jugaron Ricardo Melchior y Carlos Alonso, que dedicaron importantes esfuerzos a convencer al resto de miembros de la viabilidad de la operación.
Y así se alcanza la fecha clave. Después de que el NAP hubiera soltado todo el lastre, a costa del dinero público del ITER y de Parque Científico y Tecnológico, el 2 de mayo de 2012 se produce un episodio que termina por cerrar el círculo de una operación que se sostiene bajo los indicios de la presunta corrupción. El Consejo de Administración del ITER decide comprar las acciones privadas del NAP al mismo valor nominal de su fecha de constitución, más de dos millones de euros.
En la denuncia consta que la propuesta fue realizada por el propio Cendagorta, pero en el Consejo de Administración del ITER estaban sentados los 14 miembros a los que ahora la Fiscalía quiere escuchar en calidad de investigados.
El 16 de enero de 2013 se hizo oficial la absorción del NAP por parte del ITER, pero en esa fecha no se terminó de tapar el agujero negro generado por la trama que ha denunciado la Fiscalía. Hoy en día aún se pagan las deudas que provocó la operación. Con dinero público, como el que se ha gastado durante todo un proceso que ha supuesto un despilfarro de más de 12 millones de euros.
La cifra es aproximada y puede quedarse corta. La Fiscalía ha pedido que se haga una prueba pericial para valorar el daño con precisión. Será una de las diligencias que tendrá que instruir el Juzgado de Granadilla que se encargue del caso NAP, junto a la toma de declaración de más de 50 personas. Una macrocausa judicial que recuerda a la etapa más negra del pasado reciente de Canarias.
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