Una funcionaria implicada en el expediente del caso Grúas abandona el Ayuntamiento de La Laguna
La funcionaria sobre la que el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, descargó su responsabilidad en el caso Grúas durante su declaración como investigado, ha abandonado su puesto como directora del Área de Seguridad Ciudadana del municipio tinerfeño para incorporarse a la Consejería de Educación del Gobierno autonómico, ha informado Mírame TV.
Según consta en el Boletín Oficial de Canarias publicado el 13 de julio de 2018, Rosario Hernández fue designada mediante orden de la consejera de Educación, Soledad Monzón, para ocupar el cargo de Jefe de Servicio de Asesoramiento Jurídico y Atención a Centros Educativos. La exdirectora de Seguridad del Ayuntamiento de La Laguna accedió al puesto mediante un procedimiento de libre designación.
La orden de la consejera de Educación, fechada el 6 de julio, concluye que en la figura de Rosario Hernández “concurren todos los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria efectuada por resolución de 10 de mayo de 2018”. Desde el Ayuntamiento de La Laguna se ha descartado hacer declaraciones al respecto al tratarse de una cuestión personal de la funcionaria.
El procedimiento de libre designación, destinado al personal de las administraciones públicas, es un proceso selectivo reglado que permite un margen de libertad al órgano competente a la hora de valorar los méritos de los aspirantes. Las convocatorias y resoluciones deben hacerse públicas en los respectivos boletines oficiales, lo que limita su discrecionalidad y evita, en la medida de lo posible, su arbitrariedad.
La declaración del alcalde
Rosario Hernández desempeñó un papel destacado en la tramitación del expediente del conocido caso Grúas, a lo largo del ejercicio 2014, por el que la Fiscalía ha solicitado al TSJC la imputación del actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Su nombre cobró especial relevancia después de que el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, durante su declaración como investigado el pasado 16 de abril, descargase sobre ella su responsabilidad en el procedimiento, lo que llevó a las acusaciones populares a solicitar su imputación.
Las propuestas que aparecen firmadas por la funcionaria en el expediente sobre la concesión del préstamo de 120.000 euros a la empresa responsable del servicio, que posteriormente fueron ratificadas por el concejal del área, que en el momento de los hechos investigados era José Alberto Díaz, se apoyaron, a su vez, en los informes elevados por los interventores del servicio o en el dictamen externo que el Ayuntamiento encargó a dos catedráticos.
José Alberto Díaz relató en abril a la jueza instructora, Celia Blanco, que fue la entonces directora del Área de Seguridad la persona que “decidió los extremos del informe” externo que emitieron dos catedráticos de la Universidad de La Laguna, Francisco Villar y Francisco Clavijo, sobre el préstamo de 120.000 euros a la empresa concesionaria del servicio de grúas. El alcalde quitó peso a su posible responsabilidad al señalar a la funcionaria: “Yo no los pacté ni los discutí”.
También fue destacada su respuesta sobre el levantamiento de los reparos del interventor municipal. De nuevo, Díaz dirigió su declaración hacia la figura de la funcionaria al aseverar que la decisión se tomó “conforme a una propuesta de Rosario Hernández” y no por el dictamen elaborado por los catedráticos.
Fue ella, según la declaración del alcalde, quien “hizo las gestiones” para organizar la reunión que mantuvo el interventor municipal con los redactores del informe externo. Una cita que, como reconoció en sede judicial, fue idea del propio José Alberto Díaz.
El testimonio del alcalde de La Laguna provocó la reacción de las acusaciones populares, que representan a Unidos Se Puede y Por Tenerife, que pidieron la declaración en calidad de investigada de Rosario Hernández y de los dos interventores del servicio, Alejandro Cordero y Antonio Jesús Vera. Las posibles imputaciones, así como otras pruebas testificales solicitadas por los denunciantes, fueron respondidas el 17 de mayo por una providencia del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, que solicitó a las partes que aclarasen los delitos por los que solicitaban la citación de la funcionaria. Frente al escrito se presentaron alegaciones que no obtuvieron respuesta, al paralizarse el procedimiento por la decisión de elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), dada la condición de aforado de Fernando Clavijo, actual presidente de Canarias y máximo regidor del municipio en el momento de los hechos investigados.
La Fiscalía y las acusaciones populares han solicitado la imputación de Clavijo, lo que conllevaría, de ser aceptada, que todas las diligencias pendientes, como la posoble citación como investigada de la exdirectora de Seguridad Ciudadana, tengan que volver a ser trasladadas al TSJC.
También ha quedado sin resolver la petición de las acusaciones para que se tome declaración en calidad de investigados a los técnicos Alejandro Cordero y Antonio Jesús Vera, así como a otros 13 testigos.
