Solo 24 horas después de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Consejería de la Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias anunciaran este jueves que la futura Ciudad de la Justicia se ubicará en una parcela de titularidad autonómica en El Sobradillo, en el distrito sudoeste de la capital tinerfeña, jueces y abogados de la isla ya se han pronunciado en contra de la decisión.
La sección territorial de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, “con el evidente respeto institucional pero con la mayor firmeza”, ha expresado mediante un comunicado remitido a los medios su “más absoluto malestar ante la actitud demostrada desde dicha Consejería frente a las solicitudes escritas dirigidas al señor consejero, tanto por el decano del Colegio de Abogados como por esta misma asociación, y a las gestiones directas efectuadas hoy mismo [por el jueves] con el señor director general y el propio señor consejero, al haber hecho caso omiso a la petición de paralización del proceso decisorio, máxime cuando eran perfectamente conocedores de que los diferentes operadores jurídicos habían comenzado a convocar a sus integrantes con el fin de posicionarse sobre esta cuestión ante la inusitada e injustificada rapidez con la que se pretendía dar carpetazo a este asunto tan trascendental (nada menos que la ubicación de la sede judicial en las próximas décadas)”.
Según esta asociación, el Colegio de Abogados convocó a sus colegiados este miércoles, día en que también se reunió la Junta de Fiscales de Santa Cruz de Tenerife, “con unánime rechazo en ambos casos a la opción de El Sobradillo, constando a la Consejería que igualmente había sido ya rechazado por las Juntas de Jueces del partido judicial de Santa Cruz de Tenerife y por la Audiencia Provincial”.
El comunicado añade que la misma sección territorial se posicionó también en ese mismo sentido en su reunión del pasado martes, 21 de marzo. “En todos los casos, no por mera inercia conservadora frente a un simple cambio de ubicación, como se ha llegado a deslizar interesadamente, sino con argumentos de peso que parecen no interesar a quien debe tomar tan importante decisión y que merecen al menos una discusión entre todas las partes interesadas”.
Tras más de una década “de olvido y absoluta falta de iniciativa real” por parte de la Consejería de la Presidencia, Justicia y Seguridad, “sin que el actual señor consejero haya efectuado visita oficial alguna a la sede judicial de Santa Cruz de Tenerife, no parece razonable hacer caso omiso a las peticiones de audiencia e información real y completa, así como a las de un debate sereno y fundado, efectuadas por colectivos con los que, por razón de su cargo y competencias, no solo está necesariamente llamado a relacionarse, sino que son los que mejor conocen las necesidades y particularidades que debe reunir el lugar destinado a ser su futura sede”.
Por otro lado, la asociación añade que “llama la atención” el protagonismo que ha cobrado el Ayuntamiento en una decisión que “excede sus competencias”, pues ninguna tiene en materia de justicia. Este protagonismo ha llegado hasta el punto de que la rueda de prensa se ha desarrollado en la propia sede municipal, en la que participó el consejero, pero en la que faltaron los operadores jurídicos afectados, “lo que da muestra de la soledad de la decisión y de su carácter claramente unilateral, dada la absoluta falta de consenso en la materia, pese a que se haya tratado de maquillar refiriendo la existencia de un previo proceso de consulta, que no ha sido tal, y que había un cierto consenso, que se ha demostrado inexistente”.
La asociación concluye afirmando que “continuará desplegando toda la actividad necesaria para intentar reconducir la situación creada, colaborando con todos los colectivos judiciales (funcionarios, fiscales y letrados de la Administración de Justicia) y operadores jurídicos (abogados, procuradores y otros) afectados, así como promoviendo cuantas actuaciones procedan, interesando desde ahora que por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a través de su presidente, se solicite la inmediata convocatoria de la Comisión Mixta Sala de Gobierno-Gobierno de Canarias, así como que por los integrantes de dicha Sala de Gobierno se debata y alcance un posicionamiento claro en esta materia”.
Rechazo de los abogados
También el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife ha manifestado este jueves su rechazo a la ubicación de la futura Ciudad de la Justicia en El Sobradillo.
Una nota de este colegio profesional indicaba que, en una reunión de urgencia convocada por la Junta de Gobierno de la entidad, los abogados se han opuesto por unanimidad a la pretensión del Gobierno de Canarias de ubicar en esa zona el futuro palacio de justicia.
La nota asegura que la principal razón en contra de esta propuesta es la absoluta desconexión, no solo judicial, sino económica, administrativa y social, que provocaría sacar la administración de Justicia del centro neurálgico de la capital.
También alegan las deficientes conexiones de la zona con el resto de la isla, en lo que a transporte público se refiere, lo que afectaría a los usuarios de las instalaciones, que actualmente en la zona de Cabo-Llanos disponen de conexiones a través del intercambiador, al que llegan el tranvía y las guaguas y además hay aparcamiento público para vehículos privados.
Los abogados también han reparado el hecho de que, transcurridos más de diez años desde que se presentó este proyecto, que, recuerdan, igualmente fue rechazado por los abogados tinerfeños y por el resto de operadores jurídicos, la Administración no haya buscado soluciones alternativas.
Además critican la premura con la que se ha llevado a cabo este proceso en una decisión “absolutamente trascendental”, en la que, agregan, se ha echado en falta un debate mucho más pausado y concienzudo por parte de todos los profesionales implicados.