Sí Se Puede denuncia el “grave ataque a la democracia” que ha tenido lugar en un pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebrado recientemente. La organización ecosocialista se refiere a la situación en la que el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, impidió que el pleno de la Corporación votara la moción del grupo municipal para tomar una decisión sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo del 3 de mayo de 2007.
Dicha sentencia se refiere a la titularidad de once parcelas del frente de la playa de Las Teresitas, según la cual la propiedad corresponde a la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT), SL, y no al Ayuntamiento capitalino.
La moción planteaba la aplicación de la sentencia firme del Tribunal Supremo, que anuló hace diez años la operación de compraventa del frente de playa a la empresa ILT por parte del Ayuntamiento. Al quedar anulada la operación, corresponde, tal como planteaba la moción, reconocer la titularidad de la propiedad de las parcelas por parte de la empresa y obrar en consecuencia, una actuación que, a juicio de la organización ecosocialista es conocida por el Ayuntamiento y Gerencia de Urbanismo desde 2007, al haber sido parte en el recurso contencioso administrativo.
El portavoz de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, Pedro Fernández Arcila, asegura que “CC y PP actúan de manera absolutamente irresponsable intentando ocultar en el Plan Especial los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la propiedad del frente de Las Teresitas porque sería reconocer que la parcela hotelera y comercial no es titularidad municipal y que todos los gastos de urbanización que va acometer el Ayuntamiento, según el Plan Especial de 45 millones de euros, será para beneficio de la familia Plasencia y González”.
Arcila añade que Bermúdez “sabe que la opinión pública no permitiría este nuevo robo y saldría de nuevo a la calle. Por eso han decidido falsear los datos en el Plan Especial cuando afirman que la propiedad es municipal. Esa es la razón última por la que prohibieron que se votara la moción”, sentencia.
Según denuncia en un comunicado, el grupo de gobierno “no quiso verse retratado en el pleno votando en contra del cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo”, porque son conscientes de que habrían cometido una ilegalidad; pero tampoco quiso votar a favor de la moción ecosocialista, “porque, en su juego de intereses, han decidido no perjudicar a los empresarios González y Plasencia, que tendrían que pagar impuestos al Ayuntamiento por esa propiedad y que se verían muy beneficiados por este Plan Especial de Las Teresitas”.
Por este motivo, según declara Arcila, Bermúdez “intentó justificarse en un rocambolesco informe del secretario de la Corporación para anunciar al pleno que la moción de Sí Se Puede solo iba a ser debatida y que no se iba a votar”. Ante la advertencia del grupo municipal ecosocialista sobre las acciones legales que podría emprender, el alcalde recurrió a “una burda triquiñuela”, dejando la votación de la moción sobre la mesa después de haberse debatido, con la excusa de pedir un nuevo informe sobre la propuesta de la moción, esta vez a cargo de los servicios jurídicos municipales“.
Arcila asegura que “el principal derecho de un representante elegido democráticamente para representar a la ciudadanía en una institución es presentar iniciativas que sean consideradas por sus integrantes, para su debate y votación”. Por ese motivo, afirma, “vamos a estudiar las acciones que correspondan para defender nuestros derechos ante una actuación arbitraria en la que el alcalde los ha quebrantado”.
La moción de Sí Se Puede proponía al pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife una decisión para aplicar la sentencia del Tribunal Supremo. De aprobarse, las consecuencias habrían sido, por una parte, la nulidad del Plan Especial de Las Teresitas y el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que no se ha abonado desde hace diez años, “con el consiguiente daño a la Hacienda municipal”.
Arcila ha afirmado que las razones por las que se está tramitando este plan especial con inusitada premura es exclusivamente para la legalización del mamotreto, como así ha reconocido el concejal de Urbanismo en innumerables ocasiones y para ello se considera indispensable “falsear datos esenciales en el Plan Especial, a pesar de poner en grave riesgo la hacienda municipal, ocultando a los verdaderos beneficiarios, que no aportarán un solo euro de costes de urbanización”.
Arcila ha finalizado señalando que, “como Bermúdez sabe que su comportamiento es injustificable, adopta estas actitudes antidemocráticas para evitar que se votara sobre estas falsedades”. Sobre este particular, el concejal pronostica que “todas estas actuaciones provocarán de nuevo, si no se rectifica, la judicialización de Las Teresitas con un nuevo e innecesario conflicto, con similares actores y motivaciones, lo que, a la postre, siempre ha supuesto un daño a los vecinos de Santa Cruz, que lo único que desean, de una vez por todas, es disfrutar de esta emblemática playa con las mejoras precisas”.