La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha rechazado este viernes la propuesta del PSOE de implantar una ecotasa o impuesto a las pernoctaciones turísticas a los no residentes, aunque ha admitido la posibilidad de dialogar sobre “modular” el IGIC o de buscar otras alternativas fiscales, siempre en el marco de los grupos de trabajo constituidos a partir de la conferencia de presidentes insulares.
El pleno del Cabildo ha celebrado una sesión extraordinaria para debatir esa propuesta de ecotasa del PSOE, cuyo portavoz, Pedro Martín, ha insistido en que lo que propone es “un impuesto, tributo o tasa” finalista por pernoctación a todos los turistas no residentes en Canarias, cuya recaudación se destinaría a conservación medioambiental o a mejorar la situación de la ciudadanía de Tenerife.
La idea principal es que “todos los turistas” y no solo los que visitan espacios naturales, “contribuyan a través de una tasa por pernoctación” a financiar medidas medioambientales o servicios públicos ante la presión que ejerce el turismo, defendió Martín, quien emplazó al resto de grupos a debatir el destino final del tributo y la forma de implementarlo.
“Los fondos recaudados podrían tener un destino finalista, es decir, estar destinados específicamente a proyectos medioambientales o a mejorar la situación de la ciudadanía de Tenerife”, insistió el representante del PSOE.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, replicó que el grupo de gobierno ya ha demostrado su compromiso con el cambio de modelo turístico con el anuncio de la puesta en marcha de una tasa finalista por el acceso a los visitantes de los espacios naturales protegidos.
Además, en la conferencia de presidentes insulares con el presidente de Canarias se han creado grupos de trabajo para abordar el reto demográfico y uno específico centrado en fiscalidad y turismo.
Es en ese foro donde se ha planteado estudiar todas las posibilidades, dijo Dávila.
Mencionó la posibilidad de gravar las pernoctaciones turísticas, pero no a través de una tasa sino utilizando la imposición indirecta que permite el Régimen Económico y Fiscal (REF).
Al respecto, señaló que el IGIC turístico proporciona en Tenerife una recaudación de 530 millones de euros y un aumento de 0,5 puntos supondría 38 millones más.
“Estamos en un proceso de reflexión, nadie ha dicho que se niegue a dialogar sobre la implantación de algún tipo de gravamen”, dijo la presidenta, quien recordó que en la conferencia de presidentes no se ha planteado una tasa turística a las pernoctaciones.
“No eludimos ningún debate, pero tenemos un REF para modular la imposición indirecta a la pernoctación”, apuntó, si bien admitió que en ese caso no sería con carácter finalista.
También señaló la dificultad de distinguir a los residentes de los no residentes en el caso de que se implantara un impuesto como proponen los socialistas.
“Debe haber un debate sosegado y riguroso a través de los grupos de trabajo” de la conferencia de presidentes y en el marco de un cambio necesario hacia un modelo turístico más sostenible, concluyó.
El REF permite tomar decisiones y es una herramienta útil con una capacidad recaudatoria potente, aunque no tiene capacidad finalista. Es crucial considerar cómo distinguir a los residentes de los extranjeros y evitar discriminaciones.
Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo y representante del PP, criticó la propuesta de implementar una tasa o impuesto por pernoctaciones turísticas en Canarias, defendió las medidas anunciadas por el grupo de gobierno para cobrar una tasa en la visita a espacios naturales protegidos y acusó al PSOE de tener tendencia a aumentar los impuestos allá donde gobierna.
Para el portavoz de CC, José Miguel Ruano, antes de implementar cualquier medida es necesario realizar un diagnóstico en el marco de la conferencia de presidentes, en el que el debate real, que hay que abordar “de manera ordenada y sistemática”, es el reto demográfico y sus implicaciones en los servicios públicos y también en el turismo.
La representante de Vox Ana Salazar rechazó la aplicación de una tasa a las pernoctaciones “por sus nefastas implicaciones en el sector turístico” y en la competitividad de economía canaria.