Sí se puede e IU preparan la acusación contra los responsables de los vertidos en Güímar, el “mayor atentado” contra el litoral de Tenerife

Sí se puede e Izquierda Unida Canaria (IUC) preparan la acusación contra los responsables políticos de los vertidos de aguas residuales en polígono industrial de Güímar después de que el magistrado del Juzgado Número Uno de Güímar haya dictado un auto en el que plantea el procesamiento de la actual alcaldesa de Candelaria, que también es presidenta de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), Mari Brito (PSOE), así como de los exalcaldes, Gumersindo García (PSOE, en Candelaria), Carmen Luisa Castro (PP, en Güímar) y José Juan Lemes (PP y, posteriormente, CC, en Arafo), por presuntos delitos continuados contra el medio ambiente y prevaricación en la gestión de los vertidos de aguas residuales al mar en este polígono.

Ambas organizaciones subrayan la importancia de sus denuncias para frenar el mayor atentado medioambiental contra el litoral de Tenerife y celebran que, después de cinco años, el juzgado haya pasado a una fase decisiva del procedimiento, que dará paso a la apertura de juicio oral, en el que se establecerán finalmente los hechos y las responsabilidades penales. Asimismo, anuncian que estudiarán reacciones políticas en los ayuntamientos del Valle de Güímar, donde estos dos partidos mantienen su representación.

El auto judicial, añaden, es contundente y no deja lugar a dudas sobre el conocimiento de los hechos por parte de los responsables políticos, su inacción y el negativo impacto de estos vertidos sobre el medioambiente y la salud de la ciudadanía. En cuanto a la calificación de los hechos, queda establecido que quebrantan la legislación medioambiental, que las instalaciones del polígono están obsoletas y carecen de mantenimiento y que no existe rastro de vida en el litoral del polígono, explican.

El portavoz de Sí se puede, Rubén Fuentes, llama la atención sobre que “han convertido el litoral de Güímar en un desierto, causado por los vertidos industriales descontrolados durante decenas de años; han destrozado la biodiversidad marina en un atentado medioambiental que para el valle es equivalente y tan grave como las extracciones de áridos en los barrancos de Güímar, por eso teníamos que exigir responsabilidades. Nos encontramos en una fase en la que será el juicio oral donde se establecerán quiénes son los responsables penales, pero, en cualquier caso, tenemos que recordar que, en este asunto, todas las administraciones han actuado de manera negligente”.

La coportavoz insular de IUC en Tenerife, que es también concejala en el Ayuntamiento de Güímar por la coalición integrada por IUC y Sí se puede, Nayra Caraballero, destaca que “el auto refuerza y da valor a las denuncias que ambas organizaciones expresamos públicamente desde hace más de diez años en los tres ayuntamientos afectados y que fueron ignoradas conscientemente por quienes tenían cargos de responsabilidad en calidad ambiental. Ha habido y continúa existiendo un riesgo evidente hacia la salud de las personas y la calidad de las aguas, que afectan a todo nuestro ecosistema marino. Aún a día de hoy se vierte gran cantidad de vertidos que triplican los niveles de contaminación permitidos”.

Ambas organizaciones denunciaron los hechos en julio de 2017, al asegurar ante el juzgado que se llevaba varias décadas vertiendo al mar las aguas industriales sin ningún tipo de depuración, a pesar de contener componentes altamente contaminantes derivados de su utilización en procesos industriales con productos tóxicos de todo tipo. La denuncia destacó que los niveles de contaminación duplican, triplican o cuadruplican y más los valores de referencia establecidos en la normativa, de forma que se incumplen también los valores referidos a los metales pesados, lo que es buena muestra de la gravedad de la situación.

En mayo de 2018, Izquierda Unida Canaria y Sí se puede se personaron como acusación popular en el caso. Los dos partidos han llamado la atención sobre que estos vertidos contaron de manera incomprensible con una autorización de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias por Resoluciones desde 1998, una autorización que no debió otorgarse por la carencia de estación depuradora y las características de estas aguas, que proceden de procesos industriales y contienen materiales altamente contaminantes, entre ellos, metales pesados.