Una alcaldesa y tres exalcaldes en Tenerife, procesados por su inacción ante los constantes vertidos tóxicos en el polígono industrial del Valle de Güímar

La actual alcaldesa de Candelaria, Mari Brito (PSOE), y los exregidores locales, Gumersindo García (exalcalde de Candelaria, PSOE), Carmen Luisa Castro (exalcaldesa de Güímar, PP) y José Juan Lemes (exalcalde de Arafo, por PP y luego por CC) serán procesados por la comisión de presuntos delitos continuados contra el medio ambiente y prevaricación en la gestión de los vertidos de aguas residuales en el Polígono de Güímar. Esto es lo que se extrae del auto dictado por el magistrado del Juzgado Número Uno de Güímar, Francisco Tuero González, y que adelanta La Ser en Canarias.

En el auto se indica que los citados ediles, “quienes eran titulares de las infraestructuras del polígono, de forma consciente y voluntaria, sin justificación aparente omitieron desde julio de 2013 las actuaciones administrativas a que estaban imperativamente obligados en el control y legalización de los vertidos de aguas residuales al medio marino”.

Del mismo modo, el juez añade que dicho vertido fue continuo e incontrolado procedente de todas las “empresas del Polígono Industrial más grande de Tenerife y de las urbanizaciones de El Socorro y La Viuda, sin depurar, tratar, ni legalizar, que en el medio marino receptor originó al menos en el año 2017, un riesgo grave para la calidad de las aguas, el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas, quebrantando directamente la normativa medioambiental aplicable”.

Tras el auto de procesamiento, el juez da un plazo de 10 días para que las partes personadas como acusación popular (Izquierda Unida y Sí se Puede) y la Fiscalía presenten escritos de calificación provisional con vistas a la apertura del juicio oral si así se estima por parte del magistrado.

Los últimos años de un escándalo al que nadie ponía solución

Ya en 2018, Canarias Ahora resaltaba que el Valle de Güímar estaba en el punto de mira de la Justicia (española y europea) por los vertidos de aguas residuales. La dejadez de los ayuntamientos de Candelaria y Arafo atascaba la solución a los vertidos contaminantes del polígono industrial. “Con la estación depuradora para las aguas urbanas ya en construcción (EDAR), el problema ahora es el retraso administrativo de otra instalación específica destinada a los residuos líquidos industriales (EDARI), para la cual el Cabildo ya tiene un proyecto y el compromiso de financiarla, pero se ha retrasado la firma del convenio a la espera de trámites que dependen de los ayuntamientos de la zona”, se publicaba entonces.

Pero poco se hizo. Unos meses después de aquellas informaciones, los vertidos ilegales del polígono, donde hay implantadas 250 empresas que emplean a unos 3.000 trabajadores, continuaban a pesar de la causa penal que seguía abierta en un juzgado de Tenerife y de las sanciones impuestas a España por la Comisión Europea (en este caso por la depuradora de aguas residuales urbanas).

En diciembre de ese año, Sí Se Puede e Izquierda Unida Canaria (IUC) denunciaron obstáculos a su continuidad como acusación popular en el caso de los vertidos incontrolados y sin depurar . La defensa de la alcaldesa de Candelaria exigió a ambas organizaciones el pago de una fianza de 12.000 euros para poder seguir en la causa, con el claro objetivo de dificultar su derecho a acceder a la justicia en materia ambiental.

No fue hasta junio de 2019 cuando el Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas (CIATF), y los ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar suscribieron un convenio para la ejecución de las obras de la nueva estación depuradora de aguas residuales industriales (EDARI) del polígono de Valle de Güímar y las actuaciones complementarias. Con ese acuerdo interadministrativo, se iniciaba la puesta en marcha de “la solución definitiva a los vertidos contaminantes de aguas industriales con procedencia en empresas de ese espacio de uso comarcal”. 

Cabe resaltar que se llegó a este punto tras las denuncias presentadas por los partidos en la oposición de esos tres ayuntamientos Sí Se Puede e Izquierda Unida, que fueron los que con sus reclamaciones judiciales impulsaron la búsqueda de una solución estructural al problema de contaminación industrial que se padecía en la zona, calificado de muy grave.