Coalición Canaria le iba a meter un gol por toda la escuadra al nuevo tripartito del Ayuntamiento de La Laguna (PSOE, Unidas Se Puede y Avante la Laguna) y el balón le ha rebotado hacia su propia meta. El nuevo gobierno de izquierdas ha decidido prorrogar de urgencia el servicio de grúas del municipio, concedido a la empresa que está inmersa junto al anterior alcalde José Alberto Díaz (CC) y su antecesor y expresidente canario, Fernando Clavijo (CC), en la investigación judicial del caso Grúas. Y la decisión cuenta con el visto bueno de la Intervención del Ayuntamiento.
La medida en sí contradice las denuncias que dos de los partidos del gobierno, en este caso Unidas Se Puede y Avante La Laguna, han presentado contra los alcaldes de Coalición Canaria. Estos han recurrido constantemente a levantar reparos del interventor a permitir “autorizaciones ilegales” para que una serie de empresas adjudicatarias de servicios continuaran sine die, vencidos ya sus plazos legales. Es el conocido como caso Reparos, por el que también se investiga la gestión de los gobiernos de Fernando Clavijo y de José Alberto Díaz en La Laguna.
Sin embargo, el tripartito ha evitado caer en la trampa de CC, que incluso en plenos municipales de este verano ha avisado al gobierno que se verían forzados a “hacer lo mismo que Coalición Canaria” con las prórrogas de contratos. La decisión de la junta de gobierno se ha adoptado con el visto bueno del interventor, y tras pactar con el concesionario continuar un año más prestando el servicio, en el expediente se recoge las circunstancias sobrevenidas para llegar a esa decisión, condicionada también a la tramitación de un nuevo concurso que nunca puso en marcha CC.
Ha sido este, por el momento, el caso más grave de vencimientos de contratos e inexistencia de nuevos concursos con que se ha encontrado el tripartito lagunero. La fecha límite iba a ser este martes, 27 de agosto. En julio, con la llegada del nuevo gobierno, el actual concesionario del servicio anunció al ayuntamiento su intención de no solicitar una nueva prórroga. Y eso a pesar de que en 2015 adquirió por un euro simbólico la empresa que entonces gestionaban trabajadores presuntamente relacionados con Fernando Clavijo. Estos percibieron un préstamo municipal de 120.000 euros para reflotar una mercantil endeudada y que en el momento del traspaso al actual propietario, José Luis Tacoronte, debía unos 700.000 euros.
Las fuentes consultadas por este diario no se explican la decisión del empresario, ya que haber adquirido por un euro simbólico Grúas Poli en 2015 solo se entendía por la posibilidad de prorrogar el servicio hasta 2029, como recogía el contrato suscrito por el primer concesionario en 2004, José Padilla. Si no, no había negocio.
La decisión de renunciar a esta tercera prórroga llevó al gobierno municipal a plantearse varios escenarios: de un lado, si el empresario persistía en no seguir prestando el servicio (anunció su intención en tiempo y forma, dos meses antes de vencer el plazo este 27 de agosto) se decretaría la continuidad del mismo con otra empresa por razones de urgencia. Y urgencia lógica: el gobierno se encuentra con que la prórroga termina, una de las partes desiste de renovarla y no hay concurso tramitado para que se preste el servicio en condiciones legales. “Una vez se puede hacer por razones de urgencia, lo que no se puede caer es en la ilógica del caso Reparos”, apuntan las fuentes municipales consultadas.
La otra opción era la que finalmente ha salido adelante. Sentarse a negociar con el actual concesionario, pactar otra prórroga, sujeta al marco del actual contrato que no obliga a que sea de cinco años si las dos partes están de acuerdo en que sea por un tiempo menor, e invocar las circunstancias que obligan a tomar esta decisión: la inexistencia de un concurso nuevo. El acuerdo es por un año, tiempo en el que el gobierno municipal se compromete a sacar adelante el concurso. “No es un concurso para poner en órbita un satélite, se puede sacar en un año”, indican.
Centros ciudadanos y otros servicios
La prórroga in extremis del servicio de grúas para evitar paralizar el servicio en lo que se pone en marcha otro concurso no es el único caso con el que ha tenido que lidiar este verano el tripartito lagunero. También el 31 de julio pasado vencía otra de esas “autorizaciones ilegales” para que se gestionara por parte de una empresa los centros ciudadanos. Donde personas de la tercera edad hacen vida social.
“Era un claro caso del caso Reparos”, explican las fuentes consultadas. “Terminado el contrato, se les concedió una autorización ilegal hasta finales de julio de este año. No habían sacado concurso para meter en un brete al gobierno y hacer lo mismo que Coalición. ¿Qué podrían hacer? ¿Delito o cierre de los centros? Con todas esas personas mayores sin tener un lugar a donde ir”, comentan a este diario.
La decisión fue avalada por los servicios jurídicos y el interventor: por cuestiones de urgencia, el ayuntamiento no concedió esa autorización ilegal a esa empresa, como venía haciendo CC. Asumió la plantilla de trabajadores de los centros ciudadanos de manera provisional, hasta tramitar un nuevo concurso con un cláusula subrogatoria de esos trabajadores a la empresa que gane el servicio.
En uno de esos plenos municipales, el concejal de Avante La Laguna y uno de los denunciantes de los casos de corrupción en el municipio, Santiago Pérez, lo dejaba claro a los concejales de Coalición Canaria: “Nos han querido meter un gol, pues ya vamos 1-0” con esta medida para salvar los centros ciudadanos. El 2-0 acaba de caer con la fórmula encontrada para seguir prestando el servicio público de grúas sin cometer las mismas ilegalidades que parte del gobierno actual denunciaba desde la oposición. Aunque quedan también en el tintero más contratos a punto de vencer, sin que en todo el anterior mandato Coalición Canaria se preocupara de comenzar los trámites para un nuevo concurso de esos servicios.
Entre no poner en marcha concursos nuevos y la postura de los gobiernos de CC, empezando por Fernando Clavijo, de que no estaba permitido subrogar al personal de esas empresas a las que se les vencía el plazo de sus contratos, La Laguna entró en la dinámica de autorizar ampliaciones de servicios que ahora serán analizadas por los tribunales de justicia. Y al estar Fernando Clavijo de por medio, ahora en el Senado por designación de la Comunidad Autónoma, el Tribunal Supremo.