El plan del Antiguo Santa Cruz inventa una “categoría de protección” que permite demoler 28 edificios históricos

El borrador del Plan Especial del Antiguo Santa Cruz, el casco histórico original de la capital tinerfeña, idea una nueva categoría para 28 inmuebles, no prevista en la legislación vigente, para darles “protección documental”, de modo que el propietario o promotor podrá derribarlos, con la única condición de que realice fotos y planos para dejar constancia de la edificación histórica en “archivos públicos”.

Este grado de protección sui generis permitirá, entre las intervenciones posibles, la “sustitución”, o sea, demoler edificios tan conocidos como la antigua sede de CajaCanarias o de la Consejería de Hacienda, en la plaza de Santo Domingo, diseñada por el célebre arquitecto Domingo Pisaca a mediados del siglo pasado.

Se podrán echar abajo también inmuebles de una o dos plantas construidos en los siglos XVIII, XIX y principios del XX, algunos de los cuales ya estaban catalogados con algún grado protección de los establecidos por la ley en esta materia (parcial, integral o ambiental), los cuales no permiten en ningún caso la desaparición total de la edificación (pues garantizan la preservación de la fachada, o también del interior, o impedían remontas sobre la original).

Sin embargo, los redactores del plan opinan que en estos edificios, “por ser su valor testimonial, se considera suficiente la conservación de su recuerdo a través de su documentación formal a incorporar a los archivos públicos”.

El documento se halla en información pública durante 45 días hábiles desde el pasado 19 de julio, en una de sus fases aún preliminares, la de evaluación ambiental estratégica, por lo que aún le queda un largo trámite administrativo hasta su aprobación definitiva, que debe incluir los informes favorable del Cabildo de Tenerife, al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC).

Desde hace años es pública y notoria la diferencia de criterios técnicos y, por momentos, políticos, entre el Cabildo y el Ayuntamiento, ya que en 2006 y 2010, con ocasión de la última revisión del Plan General de Ordenación (PGO) de la capital tinerfeña, el Servicio Insular de Patrimonio Histórico propuso en dos informes dar protección a 500 inmuebles más en toda la ciudad, situados fuera de los tres cascos históricos del municipio y que podrían demolerse porque la competencia en estos casos es del Ayuntamiento. No es así en los conjuntos históricos (el Antiguo Santa Cruz, Los Hoteles-Pino del Oro y El Toscal), cuyos planes -con los catálogos incluidos- necesitan el informe favorable del Cabildo para su entrada en vigor.

Catálogo de protección

En el Antiguo Santa Cruz, el plan en trámite recoge proteger 190 de los 284 edificios existentes dentro de la delimitación de este BIC, lo que amplía en 44 el catálogo anterior. Pero hay que reseñar que 28 podrán ser demolidos, si el propietario así lo desea, conforme a la nueva categoría de protección documental que, en la práctica, solo garantiza protegerlos en fotos y planos, quedando su futuro a merced de lo que decidan sus dueños: restaurarlo, rehabilitarlo, consolidarlo, remodelarlo (implica demolición parcial) o sustituirlo (demolición total para construir otro de nuevo diseño).

Precisamente, entre las intervenciones que se permitirán en los edificios catalogados, si este plan entrara así en vigor, el equipo redactor plantea como “nueva propuesta” la de “sustitución”, concepto que define como “intervenciones que promueven la demolición de lo existente con el objeto de producir un cambio sustancial del edificio, incluyendo construcciones completas de nueva planta”.

En esta precatalogación se han analizado también otros 11 edificios que tenían algún grado de protección anterior pero que, tras el estudio de sus situación real actual, se ha considerado que no procede mantener su catalogación, “por su escasa antigüedad o por haber sido sustituidos por construcciones recientes sin valor arquitectónico estimable (seis elementos que se han evaluado que son posteriores a 1980 y son edificios meramente especulativos)”.

No obstante, el equipo redactor aclara que en una posterior fase del plan se señalarán con detalle los elementos específicos que se protegen y las obras permitidas para cada inmueble que se incluirán en el catálogo definitivo. Con esta medida “se busca atenuar la discrecionalidad para la autorización de intervenciones de transformación y adecuación de los edificios existentes”.

Un casco histórico muy mermado

En el análisis que hacen los autores de este precatálogo, sostienen que “el patrimonio inmueble que ha quedado en pie se encuentra muy mermado o sensiblemente transformado”, y se decantan por una alternativa que supone “unos nuevos criterios y propuesta de catalogación y de intervención en los elementos protegidos”.

Han detectado así que cuatro edificios, a pesar de estar protegidos, “han perdido los valores” patrimoniales y “hoy se considera que no contribuyen de ninguna forma a la definición del ambiente urbano que se quiere conservar en el ámbito fundacional de la ciudad”. Concretamente, se trata de los números 39 y 49 de la calle de Castillo, el 9 de Santo Domingo y el 11 de la Candelaria.

Los técnicos que han elaborado el documento reconocen que el Antiguo Santa Cruz perdió en la segunda mitad del siglo XX “una parte sustancial de la memoria histórica que caracterizó al lugar y que conformaba un valor documental de testimonio y continuidad”.

Por ello, proponen “impulsar la recuperación de algunas trazas todavía existentes y establecer su puesta en valor mediante su definición proyectual, en concreto, la franja que se define entre la calle de San Francisco y su continuación por la plaza de España y la avenida de Bravo Murillo”, que “cuenta con numerosos vestigios históricos situados hoy en espacios públicos cuya memoria debería y podría recuperarse”.

En el documento inicial estratégico del plan, se subraya que el Antiguo Santa Cruz se han llevado a cabo intervenciones que han debilitado su valor patrimonial, llegando en muchos casos a destruirlo irreversiblemente“, a raíz del Plan General de Ordenación de 1957. Las alteraciones sufridas en la calle de Castillo ”tuvieron como consecuencia la desaparición de numerosísimos elementos arquitectónicos para la posterior ejecución de edificaciones adaptadas a las nuevas alineaciones propuestas“.

Con el Plan Parcial de Cabo Llanos se demolió en su día “una parte importante del centro histórico, en sus espacios más representativos”. Con el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de 1982 se hizo la primera catalogación de edificios. Pero, según los autores de la propuesta de planificación para el Antiguo Santa Cruz, “a pesar de las operaciones de reconversión urbana que se emprendieron en el siglo XX, una parte importante de los elementos representativos de las arquitecturas que se desarrollaron en la ciudad se conservan hoy día”.

Objetivo: repoblar el centro histórico

El documento plantea como objetivos generales fomentar el transporte público en este casco histórico capitalino, crear más espacios libres, impulsar la rehabilitación de inmuebles (la mitad están descuidados o abandonados), incentivar a las familias a vivir en ese entorno de Santa Cruz aumentando el número de viviendas, diversificar los usos y actividades económicas e incentivar la implantación del pequeño comercio local de proximidad frente a las grandes empresas, franquicias y marcas internacionales.

Como objetivos específicos, el plan contempla revisar la catalogación de cada inmueble, recuperar las partes del casco con más vestigios históricos, así como fomentar la llegada de nuevos habitantes con construcción o rehabilitación de viviendas en alquiler para jóvenes, turismo residencial y alojamiento juvenil. También se persigue con esta planificación formular medidas fiscales y financieras que ayuden a reactivar el casco histórico.

La guagua, por el barranco de Santos

En cuanto a la movilidad, se apuesta por el transporte público (se propone desviar por el viario del barranco de Santos la línea 014 de TITSA y no se estima necesario habilitar nuevos aparcamientos, sino que se elimina parte de los actuales, aunque sí se aboga por que haya rotatorios).

Asimismo, se propone acabar con el “deterioro visual” que supone la actual cartelería y algunas piezas de mobiliario urbano, así como mejorar los equipamientos y las dotaciones públicas.

Una de las medidas más llamativas del plan tiene que ver con “favorecer la recuperación de los usos residenciales por la vía de establecer limitaciones a una mayor implantación terciaria, tanto en lo que se refiere a oficinas como comercios”, de modo que como mínimo dos tercios de los aprovechamientos edificatorios sean para viviendas.

“Se considerará” también favorecer la ampliación de la actividad turística, tanto en el uso de hotel ciudad como en sus variantes de viviendas y casonas emblemáticas.

Y, finalmente, “se podrá encajar de alguna manera la estimulación del uso residencial turístico como tendencia difícil de contener aunque necesitada aún de una estrategia para su control y encauzamiento”.

Valor ambiental bajo

La evaluación ambiental estratégica concluye que el valor ambiental del conjunto histórico es bajo, y se proponen medidas para atenuar los impactos negativos, entre los que destacan la cartelería empleada, la proliferación de cables o el propio deterioro de las edificaciones. Igualmente se advierte de que hay que evitar que los aumentos de la edificabilidad prevista (aunque por debajo de los parámetros máximos permitidos) desvirtúen la realidad del paisaje patrimonial de este casco histórico.

Para ejecutar el plan, los redactores sugieren que se cree un organismo -agencia o consorcio- dedicado a la gestión integrada y coordinada de los tres cascos históricos de la ciudad, al frente del cual estuviera “un gerente con máximo grado de independencia en la toma de decisiones” y con un equipo administrativo propio y especializado en revitalización y regeneración urbanas, además de protección de centros históricos, economía urbana y asuntos sociales (lo formarían abogados, asistentes sociales, economistas y arquitectos).

Los documentos que se hallan en información pública han sido elaborados por Gota (Gestión y Ordenación Territorial y Ambiental), García Barba-CPPA (Consultores de Planeamiento, Paisajismo y Arquitectura, SRL) y Caro & Mañoso Arquitectos Asociados.