Los condenados por el mamotreto de Las Teresitas piden al juzgado que aborte la demolición
El caso mamotreto de la playa de Las Teresitas, sobre el que pesa una sentencia firme de derribo, aún sigue dando vueltas judiciales, en parte gracias a los primeros pasos administrativos dados en la tramitación del Plan Especial de Las Teresitas, del que se encarga el concejal del PP Carlos Garcinuño, responsable de Urbanismo en la Corporación capitalina.
Según informó en su edición de este lunes La Opinión de Tenerife, los condenados por el inicio ilegal de la construcción de esos aparcamientos (el llamado mamotreto) en Santa Cruz, que eran políticos y funcionarios, “han solicitado ante el juzgado la suspensión del procedimiento de demolición (cuyo coste ellos deberían pagar) que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de la capital en cumplimiento de la sentencia firme de noviembre de 2014”.
Esta nueva estrategia viene a confirmar de alguna manera las sospechas del PSOE santacrucero de que Urbanismo haría todo lo posible por evitar el derribo de la mencionada obra, lo que sin duda puede contribuir a ponérselo más fácil a los condenados a penas de prisión por ese mismo proyecto inacabado.
Ese fallo declara que el inmueble, que se quedó sin terminar, es ilegal; por ello, fueron condenados a penas de cárcel los exediles nacionalistas Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domínguez, más los exfuncionarios Loreto Ariz, Candelaria Benítez y Epifanio Gómez. Además, todos ellos deberán afrontar el coste del derribo, cuantificado en casi 600.000 euros.
La sentencia señalada también obligó al Ayuntamiento a llevar a cabo la demolición, aunque tengan que ser los condenados los que la costeen. En relación con este extremo, el área de Infraestructuras del Consistorio está a punto de adjudicar la obra de derribo a una empresa, pero la Gerencia Municipal de Urbanismo ahora ha emitido un informe técnico, a raíz de la aprobación inicial del Plan Especial de Ordenación de Las Teresitas, en el que se subraya que el mamotreto es “autorizable” y “compatible” con el parking previsto en dicho documento.
Esta cuestión, introducida por Urbanismo, ha posibilitado que los condenados por el caso mamotreto se apoyen en tal informe de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz para solicitar ante el juzgado la suspensión del procedimiento de demolición, lo que evitaría que tuvieran que pagarlo y no se sabe si incluso la entrada en prisión en los casos que correspondieran.
