Historia del proceso judicial aún abierto contra la refinería de Santa Cruz

En el año 2012 surgieron algunos estudios que alertaban de la contaminación que producía CEPSA, que afectaba a los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife, lo que suponía un riesgo para el medio ambiente y para la propia salud de las personas.

Esos estudios, sumados a los trabajos periodísticos de Vicente Pérez (Diario de Avisos) y David Cuesta (Mírame TV), hicieron que las críticas hacia la refinería aumentaran y sin duda contribuyeron a que los entonces concejales de Ciudadanos por Santa Cruz, Guillermo Guigou y el abogado Ángel Isidro Guimerá, decidieran presentar una denuncia judicial contra la citada industria instalada en la capital tinerfeña. Esto ocurrió en 2012.

Uno de los argumentos técnicos en que se apoyó tal denuncia fue un primer informe del año 2011 proveniente de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en el que se apuntaba, en sus conclusiones, que entre los años 2000 y 2005 por cada 10% que aumentaba la emisión de dióxido de azufre (SO) paralelamente lo hacían las defunciones en el 12,5% (sin saberse con exactitud si ambas situaciones estaban estrechamente relacionadas entre sí).

La denuncia citada señalaba como responsables tanto a los incumplimientos en las emisiones como a la falta de información, o sea, a CEPSA y al Gobierno de Canarias. El mismo documento también se acompañó de un estudio elaborado en 2013 por el organismo científico Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona (BSC), donde se indicaba que el incremento diario máximo de emisiones registrado en el año 2011 se situaba en torno al 30 o 40% en un kilómetro de perímetro cercano a la refinería.

A esos informes entonces aludió uno de los denunciantes, Guillermo Guigou, que explica que tanto el Gobierno de Canarias como el Ayuntamiento de Santa Cruz miraron para otro lado cuando se produjo el supuesto exceso de emisiones por parte de CEPSA: “Llevamos hasta seis o siete mociones al Ayuntamiento para que se pudiera actuar y resulta que todo el mundo miraba para otro lado, aunque hay que reconocer que la competencia real la tiene el Gobierno de Canarias. Un hecho que fue vergonzoso es que, una vez la Fiscalía admitió enteramente nuestra denuncia, el Ayuntamiento no consideró personarse para saber lo que estaba pasando. Al señor Bermúdez no le interesaba mucho esto”.

El nuevo Plan de Calidad del Aire

El nuevo Plan de Calidad del AireTras la denuncia judicial de Guillermo Guigou y de Ángel Isidro Guimerá, el Gobierno de Canarias puso en marcha un nuevo Plan de Calidad del Aire, más restrictivo con las emisiones en la ciudad de Santa Cruz. Con la implantación del Plan de Calidad del Aire de 2014, el propio Gobierno de Canarias admite en el Boletín Oficial que en el año 2011 se llegaron a superar los límites de dióxido de azufre (SO2) hasta en 46 ocasiones en las proximidades de la refinería de Santa Cruz.

Es durante ese mismo año cuando la refinería realiza varios parones en su actividad hasta que en el mes de julio de ese mismo año decide parar su actividad de refino hasta hoy, porque, según han reconocido, les parecía imposible cumplir con los límites establecidos en el nuevo Plan de Calidad del Aire.

Guigou resalta que el Plan de Calidad del Aire se realiza tras la denuncia de Ciudadanos por Santa Cruz, y pone el foco en que no solo afectaba al aire sino también al subsuelo de la zona: “Aquí se equivocó alguien. O nunca se tuvo que permitir que la ciudad se extendiera o nunca se tuvo que permitir que una industria petrolera estuviera ubicada en el medio de la ciudad”.

Además, dijo que no solo se trata de la contaminación del aire: “No solo hablamos de la calidad del aire sino del subsuelo y de lo que ocurre en la zona de La Hondura. El palmetum era el vertedero de Santa Cruz y de la isla. Esa zona no está como para plantar gardenias”, sostuvo el exconcejal santacrucero.

A finales de febrero de 2014, los denunciantes deciden personarse en la causa y realizar una ampliación de la denuncia. Sin embargo, poco después la jueza del caso, Lucía Machado, del Juzgado de Instrucción número 5, ordena el archivo provisional sin realizar la probatoria solicitada por la Fiscalía.

Según ha explicado el periodista Esaú Hernández en Mírame TV, es en ese momento cuando la personación y la ampliación de la denuncia se pierde en los juzgados, y solo entonces aparecía como acusación popular José Antonio Pérez Labajos, presidente de la Fundación Canaria de la Construcción (Funcan). El presidente de la Fundación Canaria de la Construcción es una de las voces que propone que en los terrenos de la refinería se construya un campo de golf.

En septiembre de 2014, la Fiscalía recurre el archivo de la causa y se admite la personación de Guillermo Guigou y de Ángel Isidro Guimerá, pero no es hasta 2016 cuando la Audiencia Provincial reabre la causa penal contra CEPSA y admite que no se han realizado las investigaciones adecuadas.

Sobre el archivo y la posterior reapertura del caso, Guigou advierte: “La refinería es una empresa muy grande y tiene muchos brazos; tiene mucho poder. Pero nosotros hicimos un trabajo de recopilación de estudios del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, de esa estación meteorológica, y de registros de la propia comunidad autónoma, además de un seguimiento diario de los momentos de calima. Eran los momentos que supuestamente se aprovechaban. Había una circunstancia muy graciosa -dice Guigou-, y era que cuando había calima ellos no tenían que medir. Hicimos un recurso y lo ganamos”.

La elección de los peritos

La elección de los peritosTal y como se pedía en la denuncia, y posteriormente en la ampliación de esta, se solicitó realizar un peritaje para comprobar si realmente CEPSA sobrepasó los límites y cometió un delito contra el medio ambiente y la salud de las personas.

Llegados a este punto, la compañía propone presentar un informe financiado por ellos y para esto contratan a Javier Ladrón de Guevara, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Guevara, además de ser catedrático, es el perito médico que se dio a conocer a raíz de formar parte de la defensa en un caso donde unos porteros de una discoteca en Madrid le propinaron una paliza a un joven.

Finalmente, el informe presentado por CEPSA no se admitió por la Fiscalía y, tal y como contaba el periodista Esaú Hernández en Mírame TV, en septiembre de este año la magistrada María José Dorta Rodríguez emitió una providencia en la que nombraba un equipo de peritos para realizar un nuevo informe.

Aunque dentro del equipo hay diferentes expertos, no se encuentra ninguno de los que han desarrollado informes y estudios contrarios a la actuación de la refinería de Santa Cruz, como así se solicitaba en la denuncia. Además, dentro del equipo que realizará el nuevo informe se encuentra la técnico de la Dirección General de Salud Pública Elena López Villarubia.

En una entrevista periodística realizada en 2013 por José Luis Cámara y Vicente Pérez en Diario de Avisos, esa técnico señalaba que los estudios no indicaban una correlación entre las emisiones y la existencia de más muertes, y planteaba que “no significa que la refinería mate, sino que a los individuos ya frágiles les podría adelantar la muerte”. Esta afirmación se aleja algo del informe de 2011 de la Dirección General de Salud Pública, perteneciente a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a cuya conclusión general ya se ha aludido en párrafos anteriores.

Ante el nombramiento del equipo de peritos, Guigou explicó que, “en el momento del juicio, aportarán todo el material que consideren oportuno, incluso determinadas singularidades sobre cómo se recoge el crudo e incluso se va depositando en el subsuelo de Santa Cruz”.

En relación con esta cuestión, la responsable de Comunicación de CEPSA, Belén Machado, mantiene que en la compañía se encuentran a la espera de “una resolución judicial y no entran a valorar las decisiones tomadas” hasta ahora. Explicó que CEPSA no tiene mucho más que aportar a lo que ya se ha publicado respecto a esta denuncia judicial, que sigue su curso en los tribunales.