Un informe elaborado por peritos judiciales cifra en 6,4 millones de euros las pérdidas causadas al erario público a raíz de los “errores” cometidos por el expresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor, entre los años 1996 a 2007, en los que estuvo al frente del organismo estatal.
Las conclusiones del estudio pueden ser calificadas de muchas maneras pero no precisamente como de muy tranquilizadoras. Por ejemplo, los peritos detectan que la exención o reducción de cánones tuvo a la arbitrariedad como argumento dominante e incluso se aplicaban en contra de lo establecido legalmente. Este hecho dio lugar a una pérdida de ingresos para la Autoridad Portuaria cifrada en cerca de 2,4 millones de euros.
Pero hay más ejemplos de lo que en otro momento se califica de “aspectos preocupantes” de la gestión. Entre ellos, adjudicaciones directas sin emplear “prácticamente nunca” el concurso o la creación de empresas que desvirtúan la actividad para la que fueron puestas en marcha. Igualmente, se percibe poco respecto por parte de los directivos a la defensa de los intereses públicos, hasta el punto de que los peritos concluyen que la falta de cumplimento de las normas “ha sido muy elevada”.
Concesiones poco rentables e ilegales
En una “gran mayoría de los casos”, el objeto social de las entidades beneficiadas no tenía vinculación alguna con las actividades objeto de la concesión. Además, estas se transmitían sin ajustarse a requisitos como que el nuevo titular cumpliera con las exigencias para ejercer la actividad. Pero además, el incumplimiento de los plazos en los procedimientos se convirtió “en práctica habitual, lo que demuestra el escaso celo de la Autoridad Portuaria en la eficiencia de la gestión”.
Los peritos analizaron casos concretos como la concesión a la empresa consignataria Herrera S. A. que quedó extinguida por mutuo acuerdo en vez de recurrir a la caducidad a la que legalmente tenía derecho, lo que supuso “un considerable” coste al erario público. Pero además, este procedimiento se habría realizado en contra de las directrices emanadas de Puertos del Estado y los consejos de sus servicios jurídicos. Por ello, se concluye que debería exigirse responsabilidad patrimonial a Suárez Trenor, por valor de 2,9 millones.
Los principales “errores” serían que los ingresos se realizaban fuera de plazo, se regulaban autorizaciones una vez expirado “ampliamente” el límite temporal o la falta de concordancia entre el objeto de la actividad concesional y el social de la persona física o jurídica. Pero también se detectó inexistencia de relación entre los intereses portuarios y la actividad de la concesión o el otorgamiento de estas a pesar de los informes negativos de otras administraciones públicas.
El informe pericial fue encargado a raíz de que estallase el conocido como caso Fórum, en el que Suárez Trenor, considerado uno de los principales hombres fuertes de Coalición Canaria (CC), sigue aún imputado por un presunto delito de cohecho.
En el caso concreto de la concesión administrativa a Sofitesa, una empresa puesta en marcha para atraer capitales, se recuerda que la entidad se creó con ánimo de lucro y obtuvo facilidades por parte de la Autoridad Portuaria, tales como la exención del canon por actividad industrial. Esta decisión implicó una pérdida de ingresos para puertos, pero un beneficio para los responsables de la empresa que se cifra en 4,4 millones.
Igualmente, se considera que las transmisiones de las concesiones se realizaban en ocasiones sin tener en cuenta lo solicitado por el organismo estatal. En otras se hacía incluso en contra de lo recogido en los estatutos sobre la obligación de desarrollar actividades y proyectos que tuvieran clara incidencia en el incremento del volumen de la actividad portuaria.
Los ejemplos, concretos serían lo ocurrido con Plató del Atlántico, Constante Solar, 5.L. o La Marina, efectos Navales, entidades sin relación alguna con los intereses de Puertos. Pese a los beneficios otorgados supuestamente desde el organismo estatal, tales como reducción de la carga hipotecaria y de los gastos por cánones por ocupación de superficie, lo cierto es que de forma inexplicable Sofitesa registró pérdidas que son calificadas de importantes. Y ello es así hasta el punto de que a finales de 2007 se considera que la entidad carece de viabilidad.
En cuanto al Parque Marítimo César Manrique, se cree apropiada la decisión de aportar el suelo al capital social, pero acto seguido se indica que la capitalización de ese canon no se llegó a efectuar. A partir de ese momento se dio lugar a una pérdida de la posición mayoritaria en el Consejo del Parque Marítimo que pasó del 99,57% que le correspondía a un 50%. Como consecuencia, la pérdida de patrimonio neto se cifra en 1,1 millones, de la que también se responsabiliza al expresidente.
Los peritos judiciales detectan, “la falta de respeto a la legalidad de la Autoridad Portuaria con respecto a sus funciones y a la legislación, tanto en lo que se refiere a la de carácter general que vertebra los principios de todo gestor público como la específica en cada uno de los períodos de vida de las concesiones”.