Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Santa Cruz de Tenerife exige al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que “ponga orden en lo que puede calificarse como caos en todo el Area de Vivienda del Ayuntamiento”.
Según sostiene, “un análisis sobre las deficiencias del Area de Vivienda en Santa Cruz supone un ejercicio tan amplio que es hasta complicado saber por dónde empezar. Por ejemplo, todavía el Ayuntamiento paga el alquiler de viviendas de personas afectadas por las riadas de 31 de marzo de hace ya más de 10 años. A esto hay que unir las cientos de personas que no pueden acceder a una vivienda social, aunque tengan título habilitante para ello porque estas viviendas están siendo ocupadas precisamente por okupas”.
En este sentido, el candidato a la Alcaldía de Santa Cruz, Miguel Angel González Suárez confirmó que el Ayuntamiento está buscando alternativas a las familias que actualmente residen en viviendas municipales de forma ilegal.
“La finalidad no es otra que lograr que acepten un alquiler social siguiendo así con la línea marcada por el equipo de gobierno, de encontrar una solución a través del diálogo y ofreciendo alternativas alojativas”.
Estas frases, sacadas literalmente de una nota del Ayuntamiento, suponen, en opinión de González Suárez, “un eufemismo que oculta la incapacidad de gestión de la señora Mena y del Ayuntamiento y que motivan que, después de esperar decenas de años por unas viviendas, haciendo una cola que controla el Ayuntamiento, ahora las viviendas legalmente otorgadas están siendo ocupadas”.
Esto ocurre para UPyD porque no hay ni planificación ni gestión que haya posible que justo después de acabadas las viviendas sociales, estas sean ocupadas por sus legítimos moradores.
Viviendas vacías
Por otra parte, UPyD en Santa Cruz también denuncia las viviendas públicas vacías, en manos de Visocan y que ni siquiera han sido capaces de ocupar. El 14 de diciembre del pasado año, la Consejería de Vivienda informó que la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias (Visocan) tenía un stock de 790 viviendas sin ocupar, a las que habría que sumar las que están pendientes de segunda adjudicación, de las que en Santa Cruz de Tenerife ascendían a 330 las casas sin vender y a 149 las que se encontraban sin arrendar, además de otras 37 viviendas de segunda adjudicación, siendo todo esto considerado como “una auténtica vergüenza” por Miguel Angel González Suárez, quien cree que “ha llegado el momento de tener unos responsables públicos que preserven un bien tan preciado como la vivienda”. De hecho, en su opinión, “se está jugando con la dignidad de miles de familias chirrarreras en un tema tan sensible”.
“Dentro de lo que es el panorama de Vivienda en Santa Cruz de Tenerife destaca, asimismo, esa Inspección Técnica de Edificaciones (ITE) de casi 9.000 inmuebles en la capital, que supone una amenaza directa a 11.000 vecinos y que UPyD quiere retrasar hasta 2018, tal y como se está haciendo en comunidades autónomas más ricas que Canarias, concretamente en el País Vasco”, apostilla.
La agrupación magenta en la capital entiende que “resulta sumamente gravoso para los vecinos emprender obras obligadas a miles de vecinos, en medio de la terrible crisis económica que padecemos, algo que el Gobierno vasco entiende y que el Gobierno de Canarias, por lo que se ve, no”.
Fuera de ordenación
Por otro lado, más de 60.000 viviendas están afectadas por el fuera de ordenación por altura en Santa Cruz de Tenerife, según el catálogo de viviendas que elaboró la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz. UPyD cree que “esta situación que supone arrebatar los derechos de miles de vecinos es inaceptable y propone no otorgar más licencias de construcción que supongan subir nuevas alturas en edificación hasta corregir el fuera de ordenación injusto y arbitrario detectado”.
UPyD opina que “el fuera de ordenación es solucionable devolviendo ese patrimonio a sus legítimos dueños y no apostar de obras nuevas si ellas suponen que los vecinos pierdan ese patrimonio”. Sin embargo, no es solución, a juicio de UPyD, “la iniciativa aprobada por el Parlamento de Canarias para ofrecer nuevas categorías para las viviendas fuera de ordenación que solo reconoce Canarias”, porque UPyD exige que “los vecinos de Santa Cruz estén dentro de la ley, como todos los ciudadanos, dado que esa solución no es válida para la valoración de las viviendas por las sociedades tasadoras o los bancos”.