El permiso a Emmasa para verter 20 millones de litros diarios de agua contaminada al mar de Santa Cruz caduca este mes y no hay solución inmediata
Cada día se vierten en el entorno del muelle de La Hondura, en Santa Cruz de Tenerife, 20 millones de litros de aguas residuales que gestiona Emmasa sin los tratamientos que exigen las directivas europeas, pero que cuentan con una autorización provisional del Gobierno canario otorgada en 2016 para que el agua llegue al océano con pretratamiento básico, que solo consiste en un filtrado para eliminar residuos sólidos y grasas.
Ello será así hasta el 31 de este mes de diciembre, cuando vence ese permiso dado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sin que esté desarrollada la solución definitiva que hace tres años se preveía a estas alturas, es decir, la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Buenos Aires, ya licitada por el Gobierno estatal pero cuyas obras pueden tardar más de dos años.
Conforme al tenor de la resolución que hace más de dos años dictó la Viceconsejería de Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico, el 1 de enero de 2019, “a más tardar”, la conducción actual de desagüe ya no podrá utilizarse para verter de forma continua, sino “únicamente en régimen discontinuo” y para aguas negras que hayan sido sometidas a pretratamiento en la ampliación de la EDAR.
La autorización de la Viceconsejería partía de que la EDAR estaría ampliada ya a estas alturas, y, de hecho, se fijaba el 31 de este mes como “fecha prevista para la finalización del periodo de pruebas” de la nueva instalación.
La advertencia ha llegado ya desde Sí Se Puede (SSP), el partido que más ha denunciado (incluso por vía penal, donde hay una causa abierta) la situación de los vertidos en este litoral capitalino, desde el lateral sur del Palmetum hasta el litoral situado enfrente a la depuradora de Buenos Aires (en esta área hay cuatro).
El portavoz y abogado de SSP, Pedro Fernández Arcila, previene de que la situación actual “supondrá la declaración de caducidad de la autorización, además de la imposición de sanciones que tendrá que pagar la Corporación municipal”, al tiempo que considera que “no hay condiciones para cumplir los requisitos establecidos en 2016 por la citada resolución de la Viceconsejería”.
De ahí que Fernández Arcila reproche al concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga (CC), su “incompetencia” por “llevar a una situación insostenible al Ayuntamiento”.
Ayuntamiento y Gobierno canario negocian contrarreloj
Arteaga, en declaraciones a Tenerife Ahora, admite que el tiempo se ha echado encima y no se ha podido cumplir con el plazo fijado, pero enfatizó que “la solución definitiva es la ampliación de la EDAR, que es una obra de interés estatal, ya licitada por 20 millones pero no ejecutada aún”, al tiempo que se muestra convencido de que no habrá sanciones al Ayuntamiento porque “es una situación que tiene que resolver el Estado”.
En todo caso, y como el tiempo apremia, para mantener la autorización a este desagüe el concejal de CC asegura que está “trabajando en una solución provisional” con una comisión técnica que forman el Ayuntamiento y la Viceconsejería. Aunque no detalla cuál será esa solución, el concejal apunta que habrá que mejorar el tratamiento del vertido, pues la ampliación de la EDAR puede tardar aún dos años.
Si bien la situación actual es aún turbia, Arteaga está convencido de que en el año 2021 “Santa Cruz tendrá resuelto el problema del tratamiento de las aguas residuales, que llevaba más de 30 años sin solucionar” y que, sostiene, él ha intentado arreglar desde su llegada al cargo.
Arteaga recuerda que para ello hay una serie de inversiones “tramitándose” que afronta el Cabildo, otras el Ayuntamiento y otras el Estado. Todas ellas beneficiarán también a Igueste, Taganana y a la estación de bombeo en Buenos Aires (EBAR).
Arteaga: “Muchas denuncias y pocas soluciones”
El concejal es consciente de que tiene una causa penal abierta por este asunto, y que también afecta a su antecesor en el cargo, Norberto Plasencia (de CC y condenado por otras causas), pero subraya que, “salvo denuncias sobre este problema, que está en su derecho y me parece bien, Sí Se Puede no hace ninguna propuesta o sugerencia para solucionar la situación, y la verdad es que ningún otro partido de la oposición”.
“En cambio, nosotros”, añade en relación con el grupo de gobierno, “hemos trazado un hoja de ruta, un plan de etapas, con una solución definitiva, que, insisto, podrá lograrse en dos años” si en ese tiempo la prevista renovación EDAR está operativa.
En La Hondura, a día de hoy tres emisarios legales y uno ilegal
La versión del gobierno chicharrero coincide con la expresada a finales del pasado mes en el Parlamento por la consejera regional de Sostenibilidad, Nieves Lady Barreto (CC), que desvió en este caso la responsabilidad a Madrid: “Estamos preocupados, porque en 2015 el Estado se comprometió a ejecutar las obras de ampliación de la EDAR de Santa Cruz de Tenerife y hasta septiembre de 2018 no se adjudicaron las obras”.
Sin embargo, preguntada en el pleno parlamentario por el PSOE acerca de vertidos ilegales en Los Llanos-La Hondura, confirmó que se han producido en septiembre y noviembre sendos derrames de aguas negras por un desagüe (de la red de saneamiento municipal) que carece de autorización, por lo cual la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ha abierto expediente.
Otros tres emisarios cuentan con permiso en regla (dos de Cepsa y uno de Emmasa), por ahora solo hasta el 31 de este mes, cuando puede quedar sin ella el de las aguas contaminadas que llegan al mar desde la EBAR. Sin embargo, en esa respuesta, Barreto no mencionó la inminente caducidad de este último.
Todo este asunto se tratará este jueves, 13 de diciembre, en una comisión de control al Gobierno municipal, pues Sí Se Puede preguntará a Arteaga por las actuaciones que piensa realizar el equipo de gobierno a la vista del próximo “incumplimiento del plan de etapas, la consiguiente declaración de caducidad que corresponde y las sanciones que llegarán como consecuencia”.
