Barragán, sobre la nueva Ciudad de la Justicia: si CEPSA “entra en el juego”, las opciones de Cabo Llanos son mayores
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, ha anunciado este martes que el 13 de octubre habrá una reunión entre su departamento, la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife y operadores jurídicos con el fin de empezar a tomar decisiones sobre la futura ubicación de la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife.
En una comisión parlamentaria, ha avisado, no obstante, de que “no se puede estar en el diálogo permanentemente y no tomar decisiones”; por ello, ha pedido a los diputados que, si el Gobierno se compromete a acatar que la nueva infraestructura se ubique en Cabo Llanos, hagan lo mismo si definitivamente se escoge El Sobradillo.
Barragán ha comentado que en su momento la Consejería tenía “clarísimo” que la opción de El Sobradillo “era la más ideal”, al tiempo que la movilidad “no genera problemas” en ninguno de los dos sitios, ya que El Sobradillo está “bien conectado” con el norte y el sur de la isla.
“No tenemos interés en salir de Cabo Llanos; lo estudiamos todo, pero las dificultades siguen siendo enormes”, ha apuntado, sin obviar que si CEPSA, con propiedades en la zona, “quiere entrar en juego”, las posibilidades pueden ser diferentes, informó la agencia Europa Press.
Sobre la anulación del Plan General, ha comentado que si el Supremo mantiene la sentencia, “estará en vigor el anterior y Santa Cruz no se queda en la nada”, aparte de que el Ayuntamiento ya ha anunciado un proceso de revisión.
El consejero ha comentado que el proyecto de El Sobradillo sigue siendo “más rápido” porque la parcela es propiedad de la Comunidad Autónoma y en Cabo Llanos hay que “rehacer” convenios urbanísticos y ejecutar compensaciones urbanísticas, “y aunque haya voluntad, eso lleva más de 24 meses”.
Además, ha pronosticado que construir una nueva Ciudad de la Justicia puede tardar unos seis años, “parecido” a lo que se tardó en Gran Canaria, y espera que en la cumbre del día 13 se evalúe toda la información y haya “respuestas concretas y precisas”.
Construcción para el futuro
“Me da igual que la primera piedra se coloque en 2020, pero por lo menos hay que saber que el proyecto empieza a caminar y que hay una Ciudad de la Justicia, no un edificio para salir del paso y que en el futuro se vuelva a pedir otro. Espero que construyamos algo que sea útil para la sociedad en los próximos 40 o 50 años”, ha comentado.
Gustavo Matos, del grupo socialista, ha comentado que “lo más idóneo” es ubicar el campus en Cabo Llanos gracias a la concentración de órganos judiciales, mejor movilidad o cercanía de otras sedes administrativas, y ha apuntado que “a lo mejor” los vecinos de El Sobradillo prefieren que esa inversión se destine a otras infraestructuras, ya que “el Palacio de Justicia cierra a las tres y no hay vida comercial ni de ocio ni de restauración”.
Ha valorado que el Gobierno haya optado por reabrir el debate sobre Cabo Llanos cuando lo “habían dejado zanjado” hace meses. Sobre la facilidad de un proyecto u otro, ha señalado que la ordenación en El Sobradillo “estaba suspendida y habría que modificar el PGO”, y ahora, además, hay una sentencia del TSJC que anula el plan y ha habido un “cambio de concejal” en la Gerencia de Urbanismo -Zaida González por Carlos Garcinuño-.
La diputada del grupo Mixto, Melodie Mendoza (ASG), ha reclamado más “diálogo” con operadores jurídicos y vecinos de Santa Cruz y que la ubicación se resuelva “cuanto antes”, para acabar con la dispersión de sedes y alquileres anuales de 1,2 millones.
Esther González, de Nuevas Canarias (NC), ha admitido que el actual Palacio de Justicia “se ha quedado pequeño”, subrayando que la vuelta al diálogo en torno a la opción de Cabo Llanos demuestra que “no estaba todo hablado”.
“Me alegro de que haya vuelto el diálogo, y si tenían razón los operadores judiciales, que se rectifique, pero también que haya amplitud de miras para el futuro”, ha indicado.
Concepción Monzón, de Podemos, ha pedido una “decisión consensuada” con operadores y vecinos y que se cuente con “toda la información” disponible, sobre todo en lo referente a los costes y duración del proyecto.
Luz Reverón, del grupo Popular, también ha solicitado un “lugar consensuado” con los colectivos de la Justicia y que el edificio tenga “proyección futura”, para “no hacer chapuzas e ir cubriendo el expediente”.
Socorro Beato, del grupo Nacionalista, ha señalado que la capital tinerfeña se merece una infraestructura “moderna y de calidad que acabe con la dispersión y el gasto excesivo en alquileres”, y recordó que en el último debate sobre el estado de la nacionalidad se aprobó por unanimidad una propuesta para que se construyera una “verdadera” ciudad de la justicia.
Así, ha pedido a Barragán que “siga dialogando y valorando los pros y los contras, costes y tiempos”, si bien ha apuntado que el diálogo “no puede eternizarse”. “Debe tomarse la decisión teniendo en cuenta el interés de la ciudadanía, de la isla y de la provincia, y que pueda absorber las necesidades futuras”, ha agregado.
