El Cabildo de Tenerife establece un plazo de nueve meses a Bodegas Insulares de Tenerife (BITSA) para que pueda continuar con la actividad económica en la comarca Tacoronte-Acentejo y, mientras, solventar su situación tras la expiración del contrato en diciembre.
Esto sucedió el 31 de diciembre de 2023, lo que impide a Bodegas de Tenerife permanecer en las instalaciones del Cabildo sin posibilidad jurídica de una prórroga, dice el Cabildo.
Este periódico publicó este jueves que la Corporación aprobó en un Consejo de Gobierno del 29 de diciembre pasado, decisión hasta ahora ocultada, “no prorrogar el plazo establecido para la utilización” de ese recinto en Tacoronte por la sociedad mixta Bodegas Insulares, con el 45% de las acciones del Cabildo.
El consejero insular de Sector Primario, Manuel Férnandez, ha asegurado en el pleno celebrado este viernes que se trabaja en dar una respuesta jurídica y social que sea compatible con los Tratados de Funcionamiento de la Unión Europea, desde donde se había advertido de la exigencia de un canon para que Bodegas siguiera prestando servicio.
Asimismo, el consejero ha anunciado que se ha establecido un plazo de nueve meses para dar continuidad a la actividad económica, un periodo que servirá para concretar una hoja de ruta frente a la actual situación.
En el citado proceso, garantiza Fernández, se contará con todos los grupos políticos de la institución insular, a los que ha pedido “altura de miras” en el compromiso con el sector vitivinícola y los productores de la comarca.