Prohens reclama a Sánchez una reforma del sistema de financiación “conjunta” tras el acuerdo PSC-ERC
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La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la reforma del sistema de financiación autonómico se lleve a cabo de manera “conjunta” tras el acuerdo suscrito entre el PSC y ERC para investir al socialista Salvador Illa como presidente de Catalunya, que prevé una Hacienda catalana que se haga cargo de todos los impuestos y la negociación de dos cupos que la Generalitat transferiría al Estado.
Así se lo ha trasladado la popular al jefe del Ejecutivo central durante la primera reunión que ambos han mantenido y que se ha celebrado a última hora de la tarde en el Consolat de Mar. Al término del encuentro, Prohens ha señalado ante los medios que el Govern balear “no puede aceptar una negociación bilateral con una comunidad autónoma” y que “se rompa la solidaridad interregional y la caja única” del sistema de financiación. Unos extremos que el propio Sánchez ha descartado este martes al señalar que el pacto alcanzado “habla de solidaridad interterritorial y de la necesidad de garantizar servicios públicos equivalentes en toda España”.
Sin embargo, Prohens ha criticado que “cuestiones que afectan a todas las Comunidades Autónomas se están negociando solo con algunas”, señalando que ha trasladado a Sánchez “su obligación de convocar formalmente la conferencia de presidentes [que el presidente del Gobierno ha avanzado que se celebrará en Cantabria] para abordar temas que nos afectan a todos, entre ellos el sistema financiación autonómico y su reforma, que debe negociarse con todas las CCAA, primero en la conferencia de presidentes y después en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de forma técnica a través de nuestros equipos”.
“Cada una defendiendo sus reivindicaciones, criterios y singularidades”, ha añadido la dirigente popular, incidiendo en que “no se puede aceptar que se negocie de forma bilateral solo con una Comunidad Autónoma y que se rompa la solidaridad con todas las demás”. Al respecto, ha manifestado que el preacuerdo entre PSC y ERC “supone un ataque frontal al resto de CCAA y especialmente a Balears, segunda que más aporta al sistema, más que Catalunya, y una de las tres únicas aportadoras netas junto a Catalunya y Madrid, además de ser novena a la hora de recibir recursos”.
Tras matizar que Balears “no quiere ser más que nadie”, Prohens ha aseverado que “no se puede permitir tampoco” que se trate al archipiélago de forma distinta“.
La presidenta balear, según ha detallado, ha avanzado a Sánchez las cuestiones que llevará a la conferencia de presidentes: el respeto a la autonomía fiscal, el crecimiento poblacional y la población flotante -“mientras hay una España que se vacía, somos la comunidad que más ha crecido-, el principio de ordinalidad y dar más peso al factor de la insularidad.
De este modo, ha incidido en que la “singularidad” de Baleares o Canarias se puede observar por su situación geográfica que “dificulta las comunicaciones con la península” pero, desde su punto de vista, la “singularidad” de Cataluña se encuentra en “los votos que necesita el presidente del Gobierno”.
Por otro lado, a preguntas de las prensa sobre si han hablado de los diferentes conflictos judiciales que tienen presentados o planteados entre las dos instituciones --recursos constitucionales contra la Ley de Amnistía, el decreto de Simplificación Administrativa o la demora de la Conferencia de Presidentes--, Prohens ha especificado que no se ha sacado a colación dichos contenciosos y, aunque Sánchez ha esbozado que en septiembre se podría reunir al cónclave autonómico, el Govern seguirá con su recurso por esta cuestión hasta que no se convoque “formalmente”.
Respecto a la aprobación de la parte fiscal del Régimen Fiscal Especial de Balears (REB), sobre el que previamente se había pronunciado Sánchez tras su despacho con el rey en el palacio de la Almudaina, Prohens ha aseverado que esta herramienta ya se encuentra “reconocida en la Constitución”, mientras que, a su juicio, los términos del preacuerdo PSC-ERC “van o pueden ir en contra de la Constitución, a la espera de conocer la letra pequeña”.
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