El Gobierno de Carlos Mazón ordena un “tijeretazo encubierto” a las ayudas a la dependencia

El Gobierno valenciano presidido por el popular Carlos Mazón ha ordenado un “tijeretazo encubierto de miles de euros” a las ayudas a la dependencia, según denuncia UGT. El sindicato ha desvelado una instrucción, firmada el pasado 19 de abril por la directora general de Dependencia y de las Personas Mayores, Beatriz Simón, que modifica la forma de aplicar la normativa para fijar la fecha de efectos de las prestaciones económicas de dependencia.

La orden, según la Federación de Servicios Públicos de UGT del País Valenciano, implica una reinterpretación de la normativa por la que se regula  el sistema de atención a la dependencia, de tal manera que la ciudadanía que está en lista de espera para estas ayudas ve recortado sensiblemente su derecho a percibir los atrasos en caso de tener que hacer un cambio en la solicitud inicial de la prestación.

El sindicato recuerda que son habituales las modificaciones de las solicitudes iniciales de la prestación a la dependencia durante el tiempo de espera (con una media de 314 días, según los datos del Imserso) debido al empeoramiento de la situación de los solicitantes, en situaciones tales como enfermedades degenerativas o caídas, que provocan la pérdida de capacidades y, por lo tanto, la necesidad de mayores cuidados. En esos casos, abunda UGT, se solicita un servicio o prestación distinto al que se pidió en la solicitud inicial de dependencia (el ingreso en una residencia, por ejemplo). El derecho a cobrar las ayudas empezaba a los seis meses de haber presentado la solicitud inicial.

Sin embargo, tal como denuncia el sindicato, la Conselleria de Servicios Sociales, que dirige la popular Susana Camarero, “ha cambiado las reglas de juego a mitad de partido, en perjuicio de las personas dependientes y de sus familias”. 

La instrucción modifica la forma de aplicar la normativa para fijar la fecha de efectos de las prestaciones económicas de dependencia y establece que, si la persona dependiente solicita un cambio de preferencia por otro servicio o prestación, la fecha de efectos será a los seis meses de haber presentado la última preferencia, perdiendo automáticamente los atrasos por el periodo anterior, que pueden ser de más de un año. Es decir, con la aplicación de esta instrucción el contador se pone a cero y se pierden las ayudas del tiempo que se lleva esperando. 

Según estimaciones de UGT Serveis Públics, puede llegar a perderse más de 840 euros al mes en el caso de una prestación vinculada al Servicio de Ayuda a Domicilio, o 747 euros al mes si es un Centro de Día. Dado que, como mínimo, se pierden seis meses, en estos casos se pierden unos 5.000 euros, que se convierten en más de 10.000 euros si el retraso supera el año.

El sindicato también advierte de que la modificación “afecta sobre todo a las mujeres”. La Conselleria de Servicios Sociales, según UGT, “no reconoce la atención que las personas dependientes venían recibiendo en su casa antes de que llegue la ayuda a la dependencia, lo que afecta especialmente a las mujeres” que representan la mayoría de las cuidadoras (el 89%).

Antes de esta instrucción, cuando se aprobaba el Programa Individual de Atención (PIA), el departamento autonómico reconocía, por lo menos, los atrasos correspondientes a la prestación por persona cuidadora en el entorno familiar, ya que se entendía que si todavía no se había reconocido ningún servicio o prestación, durante ese tiempo la persona dependiente había sido cuidada por alguien.

UGT denuncia el recorte “por la puerta de atrás”

UGT insiste en que es muy habitual que empeore la situación de la persona dependiente y se solicite otro servicio o prestación, que tarda mucho en llegar, y alerta de que el cambio normativo supone un “recorte en ayudas y derechos”. El sindicato alude a un ejemplo “muy habitual” en el sistema de dependencia: inicialmente se solicita la prestación por cuidador no profesional y, un tiempo después, una residencia ante el agravamiento de la persona dependiente. Durante todo ese tiempo de espera la persona dependiente ha estado atendida en su domicilio, generalmente por una mujer. En el caso de cuidados en el entorno familiar se cobran 455 euros al mes para el grado III de dependencia, con lo que las familias pierden 2.730 euros por los seis meses que, como mínimo, supone poner el contador a cero y que, en muchos casos, supera los 5.500 euros cuando alcanza el año de espera.

Toni Femenía, delegado sindical de UGT-Serveis Públics, considera que la consellera Susana Camarero ha recortado “de un plumazo” los derechos de las personas dependientes “por la puerta de atrás, con una instrucción que ni siquiera ha publicado”.

“Han cambiado las reglas del juego a mitad de partido, lo que ha provocado que las familias hayan tomado decisiones en base a una información que ahora es incorrecta”, afirma Femenía.

“La Instrucción de la conselleria está provocando una pérdida de ayudas y ha sembrado la desconfianza entre los profesionales y las familias con personas dependientes, debilitando el sistema de atención a la dependencia. Ayudar a las familias con personas dependientes ya no es una prioridad para el Ejecutivo valenciano”, concluye.

La Conselleria de Servicio Sociales no ha contestado las preguntas de elDiario.es.