La futura Ley de Servicios Sociales regulará la coordinación sociosanitaria entre los centros de atención

La directora general de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, María Reyes Henríquez, participó este lunes en las segundas jornadas organizadas por Afate (Asociación de Familiares y Cuidadores de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias de Tenerife) y celebradas en el Aula Magna de la Universidad de La Laguna (ULL).

En su intervención, expuso que el enfoque de la nueva Ley de Servicios Sociales que se negocia en el Parlamento autónomo versa sobre “regular la coordinación y cooperación del espacio sociosanitario”, para de esta forma abrir la puerta a la financiación estatal en los servicios destinados a personas con algún tipo de trastorno o demencia reconocida.

Hasta el momento, indicó la directora general, no ha existido un marco normativo que “garantice los derechos subjetivos de los usuarios”. Por ello, desde su departamento se pretende “que converjan o puedan converger los servicios sociales con los de salud” y se refuerce así la presencia de “medios sociosanitarios que trabajan con la persona integralmente, en su realidad biológica, psicosocial, educativa y en el entorno familiar”.

Henríquez aseguró que este “planteamiento garantista” no solo señala a las administraciones públicas como responsables de la atención a personas con dependencia: “Aquí estamos implicados todos porque es un tema social. Trasciende la sociedad civil, que luego, solidariamente, se implica a través del voluntariado, las ONG o el tercer sector”.

En esta línea, destacó la importancia que en el ámbito comunitario tienen las diferentes entidades del archipiélago que “contribuyen a una gran labor en el diseño de políticas, estrategias y recursos”, incluso la Universidad de La Laguna, que, según su criterio, desempeña un papel “clave” para el desarrollo de investigaciones que permitan combatir la proliferación de enfermedades como el alzhéimer.

Pensión no contributiva, discapacidad o dependencia

Reyes Henríquez aportó algunos datos estadísticos en su exposición, como la existencia de 43.000 personas en la Comunidad Autónoma “afectadas por situaciones de dependencia y discapacidad” que perciben una pensión no contributiva. A ellas se unirían otras 15.000 a la espera de valoración.

En términos proporcionales, afirmó que uno de cada tres pensionistas de ese tipo ya ha obtenido el reconocimiento como dependiente por parte de la Administración autonómica.