La empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) y el Gobierno regional han convocado a los inquilinos de las viviendas de las parcelas I-7 e I-8 de Añaza a una “reunión informativa” el próximo lunes 22 de abril, en el patio central común del edificio azul (parcela I-8), para “facilitar información”, sin especificar de qué información se trata.
En realidad, el objetivo es sofocar el malestar creciente entre los vecinos de las 358 viviendas de Añaza, que el Gobierno de Canarias compró a un fondo buitre para evitar que se materializaran los desahucios por impagos. La inquietud no ha hecho otra cosa que crecer después de que les prometieran rebajas en los precios del alquiler y sin embargo les hayan llegado recibos con incrementos de entre 50 y 100 euros con respecto a lo que venían abonando.
A esto se suma el hecho de que sigan pendientes una serie de reformas en los edificios que Visocan y el Gobierno no han acometido aún, que siga existiendo un gran número de viviendas vacías en los edificios (algunos vecinos aseguran que son cerca de 40), o que muchos de ellos estén en la vivienda en situación de “okupas”, pues o bien han entrado a vivir en los inmuebles o bien no han renovado el contrato que tenían con los propietarios anteriores y se encuentra caducado.
La incertidumbre sigue siendo la tónica dominante para muchos de los habitantes de estos edificios, que estaban inscritos en las listas de espera de promoción pública de viviendas porque sus ingresos no superan el 1,5 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), un índice empleado como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo.
Ahora se encuentran en una vivienda con un supuesto “alquiler de bajo coste”, pero han tenido que darse de baja de la lista de espera anterior, y sin embargo no pueden hacer frente a los pagos de forma regular.
La compra al Banco Santander de las 358 viviendas de Añaza se materializó tras meses de negociación y sin que se sometiera a concurso público, el procedimiento habitual en este tipo de casos.
Estos inmuebles fueron construidos en régimen de VPO (Viviendas de Protección Oficial) y el Gobierno tenía derecho de tanteo y retracto, por lo que la entidad financiera no podía vender hasta 2021 sin contar con el Ejecutivo regional, que anunció la adquisición tras trasladar que el banco tenía la idea de venderlas a un fondo buitre.