Unas 200 personas se han manifestado este domingo en Las Teresitas para instar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a que no cierre los nueve quioscos que ahora mismo hay instalados en la playa, cuyos propietarios aseguran que llevan abiertos más de 30 años y que tienen documentación que demuestra que contaban con el permiso del Consistorio capitalino.
La manifestación comenzó al mediodía en el barrio de San Andrés y luego continuó por el aparcamiento de la playa. Encabezando la comitiva, varias personas portaban una pancarta en la que reclamaban la regularización de esos locales. Otras llevaban camisetas en las que advertían de que más de 300 personas podrían irse al paro si finalmente se lleva a cabo el cierre.
El pasado jueves, el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, se comprometió con los dueños de los quioscos a estudiar jurídicamente la viabilidad de conceder una licencia provisional a esos locales, hasta que se apruebe el Plan Especial de ordenación del frente de la playa de Las Teresitas.
La decisión se adoptó tras la propuesta planteada en tal sentido por los propietarios de los quioscos durante una reunión celebrada en el Ayuntamiento; sin embargo, los afectados temen que finalmente clausuren los quioscos una vez concluyan los pasos dados por ellos, por lo que piden seguir trabajando por el diálogo para tratar de encontrar una solución definitiva.
Los quiosqueros intentan agotar todas las vías posibles para evitar que la Gerencia de Urbanismo proceda al precinto de los locales, ordenado por los técnicos en verano del año pasado tras concluirse los expedientes de actividad clandestina iniciados en el año 2011, a raíz de una denuncia presentada por la Policía Local debido a una pelea que se produjo en uno de los chiringuitos. El Juzgado ha rechazado la petición de suspensión cautelar de la orden de cierre solicitada por los quiosqueros.
Estos piden a Urbanismo que les conceda una licencia provisional. En cualquier caso, el Consistorio recuerda que la resolución de este asunto no depende de la voluntad política, sino del estricto cumplimiento de la legalidad, y subraya que nunca se ha buscado perjudicar a nadie, sino acatar las decisiones judiciales.