El ciclo integral del agua en Tenerife, que comprende la captación, la distribución, el abastecimiento y la reutilización, no se ha desarrollado porque “no se ha invertido y no se han priorizado este tipo de infraestructuras públicas” explica el consejero de Aguas del Cabildo insular, Javier Rodríguez.
Para que la Isla pueda contar con una adecuada red de saneamiento y depuración de aguas son necesarios 1.000 millones de euros de inversión, 500 de los cuales solo para la red de alcantarillado, pues en los 31 municipios de Tenerife, sobre todo al norte y al sur, existen deficiencias que provocan que las aguas residuales se pierdan en el subsuelo, generando contaminación con nitratos en el acuífero subterráneo, según el Plan Hidrológico de segundo ciclo de la isla, elaborado justo a tiempo para impedir una sanción de la Unión Europea por carecer de dicho documento.
“Hay municipios que tienen una red de alcantarillado amplia y otros que tienen realmente poco, pero hay carencias en todas y la realidad es que el mapa de distribución no es el adecuado, es un problema cronificado en Tenerife”, reconoce Rodriguez.
En una de sus conclusiones, el documento expone que la expansión urbanística ha puesto en evidencia la fragilidad de las infraestructuras para atender la demanda actual y puntual, con sistemas de conducciones generales deficitarios debido a la antigüedad y al precario estado de conservación en el que se encuentran. Además, las principales depuradoras tienen dificultades en sus procesos de tratamiento, debido al alto contenido de carga contaminante y salinidad de las aguas residuales y al mal estado de las infraestructuras, algo que ha provocado sanciones de la Unión Europea por vertidos en Güimar o La Laguna.
“Es significativo que las instalaciones no son adecuadas, son obsoletas y, por eso, los rendimientos técnicos son tan bajos, porque hay muchas fugas. Esto en cuanto a abastecimiento, pero si hablamos de saneamiento, pasa lo mismo. La red no está lo suficientemente distribuida y pasa lo mismo con las estaciones de tratamiento de agua residual; hay municipios que tienen estas instalaciones en precario”, confirma el consejero insular de Aguas de Tenerife.
Todo ello ha provocado, según este documento, que en Tenerife el grado de desarrollo del sistema de saneamiento dé lugar a que existan aglomeraciones urbanas que no cumplen con la normativa vigente y el agua que ni se depura ni se reutiliza acaba vertida en el mar sin el tratamiento que exige la Unión Europea.
“Hay municipios que tienen un rendimiento hidráulico del 33%, es decir, de cada 3 litros de agua, pierden dos. Es una situación dramática que en un Archipiélago que tiene una escasez tan importante de precipitaciones y, por lo tanto, de agua, esté perdiendo tal volumen”, expone Rodriguez.
A esto se añade la escasa información sobre el estado de las infraestructuras y la gestión de los servicios del agua, abastecimiento o riego, o la poca disponibilidad de datos sobre la calidad de las aguas a la salida de los depósitos municipales.
Ello se ha intentado paliar con la elaboración en 2016 de un dignóstico, durante el mandato de Manuel Martínez al frente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, sobre las necesidades municipales en materia de saneamiento en la demarcación hidrológica de la Isla, que recoge las obras necesarias en este sentido para desarrollar su ciclo integral y cumplir con la normativa de la Unión Europea.
A juicio de Rodríguez, el anterior consejero insular de Aguas “sentó las bases de la solución de muchos problemas” y ahora mismo se están “ejecutando obras en materia de saneamiento para revertir esta difícil situación” en colaboración con otras administraciones.
Así, pone como ejemplo que están trabajando con una empresa del Ministerio de Transición Ecológica para formalizar “un importante convenio de 170 millones de euros a través del cual conseguiríamos la inversión de cinco grandes sistemas”: el de Granadilla, es de San Miguel-Arona, el del oeste de la Isla (entre Guía de Isora y Santiago del Teide), el que se ubicará en Acentejo y el del Valle de La Orotava. “Con esto se multiplicaría por dos la capacidad de depuración de Tenerife”, asegura.
A contrarreloj por el cambio climático
Rodriguez asegura que hoy en día “existe un clamor y una voluntad de apostar decididamente” por mejorar el ciclo integral del agua en Tenerife, sobre todo teniendo en cuenta que de esta manera se apuesta por luchar “de forma significativa contra el cambio climático”, posibilitando el aprovechamiento de las aguas de escorrentía, teniendo canalizaciones para aprovechar y reutilizar toda el agua que se genera hacia las depuradoras, revirtiendo en el sector primario, y construyendo estaciones desaladoras que suministren a la población.
En este sentido, la provincia de Las Palmas ha sido pionera en tratar de paliar la sequía que afecta a esta región siendo pionera en la construcción de desaladoras, de hecho, la primera planta de Europa se construyó en 1964 en Lanzarote. En esta Isla, el 100% del agua que se consume proviene de este tipo de instalaciones, al igual que en Fuerteventura. En Gran Canaria supera el 80%.
En Tenerife, sin embargo, más del 80% del agua que se consume es de origen subterráneo y, como consecuencia, durante años, la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Canarias ha restringido el consumo del agua en varios municipios de Tenerife porque presentaba exceso de flúor, producido por contaminación. 

Los propietarios del agua
La problemática en Tenerife con el agua hunde sus raíces en el final de la conquista de esta isla en el siglo XVI, cuando se repartieron las tierras y, con ellas, los recursos hídricos (fuentes, barrancos o arroyos), donde se consideraba un bien abundante, no así en Fuerteventura o Lanzarote, donde el agua se declaró patrimonio común.
La figura del aguateniente surgió en la dictadura franquista, cuando la iniciativa privada fue la que se encargó de hacer las primeras perforaciones en busca de galerías y pozos ante la falta de atención de las administraciones públicas. Posteriormente, nació el mercado de las aguas, un bien esencial con el que se especulaba a través de las participaciones en galerías y pozos.
Así nació la figura de los accionistas del agua. En los años ochenta, cuando el socialista Jerónimo Saavedra presidía el Gobierno de Canarias con el llamado pacto de progreso junto a Izquierda Canaria y Asamblea Majorera, se intentó sacar adelante una Ley de Aguas, que trató de regular la propiedad y la explotación acuífera, una iniciativa que le costó el Ejecutivo tras una moción de censura.
La norma contó con la oposición acérrima de colectivos tinerfeños que aglutinaban a los propietarios del recurso hidráulico y se negaban a inscribirse en un registro y tenía el apoyo de la Agrupación Tinerfeña Independiente y el Centro Democrático y Social (CDS). Y aquella ley quedó aprobada en 1990 bajo el mandato de Lorenzo Olarte, del CDS, lejos de cómo había sido inicialmente configurada.
“Se ha llegado a dar el caso de que algunos representantes municipales se presentaban en el Consejo Insular de Aguas para que no se invirtiera en redes de saneamiento en su municipio porque decían que esto generaba problemas entre los vecinos y los comerciantes. Y argumentaban que eran obras poco estéticas. La situación se ha ido cronificando y hemos llegado hasta este momento”, concluye Rodríguez.