El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha logrado eludir responsabilidades por el monumento a Franco respondiendo de manera formal por primera vez desde que el abogado Eduardo Ranz llevara este asunto al juzgado. El Consistorio no contestó al primer requerimiento del pasado mes de noviembre y no empezó a pronunciarse sobre la escultura hasta que el contencioso administrativo fue admitido a trámite. Ahora, cinco meses después, alega que ha requerido un informe a Patrimonio Histórico del Cabildo de la Isla, pero que aún no tiene constancia de que se haya concluido. Esta respuesta obliga al abogado a desistir del procedimiento ya que, basándose en su experiencia en contenciosos anteriores, cree que la Justicia no va a apreciar “inacción” por parte de la administración local amparándose en esa respuesta que ha dado.
Ranz explica que ahora mismo no puede continuar con el procedimiento porque sería un riesgo para su despacho perderlo y que tenga que asumir las costas judiciales. Cree que, tal y como se formulado la contestación del juzgado, solo se podría acusar al Consistorio de retrasarse en aplicar la ley.
A pesar de que la Ley de Memoria Histórica entró en vigor hace más de diez años, Santa Cruz de Tenerife ha mantenido este monumento entre la Avenida de Anaga y La Rambla y que, tal y como recoge el NO-DO, “conmemora la partida del generalísimo Franco, que cuando era capitán general de Canarias salió de aquí para coordinar el Movimiento Nacional”. Su nombre oficial es “monumento a La Victoria”, aunque todo el mundo lo conoce por “monumento a Franco”.
El pasado mes de noviembre, Ranz dio tres meses al municipio gobernado por José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria) para que respondiera sobre esta estatua. También pidió explicaciones sobre su callejero franquista y un catálogo de vestigios del Régimen. Sin embargo, no ha sido hasta este mes de julio cuando el Consistorio ha emitido una respuesta al juzgado y al despacho de abogados.
El monumento se queda así en manos de lo que considere finalmente ese informe del Cabildo de Tenerife. Ranz subraya que ahora la oposición debe estar vigilante y presionar para que este asunto no decaiga. Una vez se conozca ese estudio se podrá volver a actual por la vía judicial.
“Que este procedimiento se termine aquí no quiere decir que no pueda abrirse otro procedimiento judicial más adelante”, asegura el abogado, que añade que hay que esperar no solo al contenido del estudio del Cabildo sino a la aplicación que hará de ese estudio el propio Ayuntamiento.
Un catálogo de vestigios que costará 56.000 euros
Sobre el callejero franquista, Santa Cruz de Tenerife se justifica en que ha creado una comisión de memoria histórica que acordó encargar un estudio en profundidad de unas 30 calles con vestigios de la dictadura que pueden quedar en el municipio. El Ayuntamiento explica que el debate se ha extendido, pero que finalmente el estudio se ha encargado a través de un negociado sin publicidad por valor de 56.000 euros.
En el escrito también aclara que hay cinco calles a las que hacía referencia el abogado en su contencioso que ya han sido cambiadas y que es competencia del Catastro haber procedido también a su modificación.
La respuesta del Ayuntamiento llega casi por sorpresa tras meses de silencio y sin haberse puesto en contacto con el abogado. El pasado mes de marzo el alcalde Bemúdez respondió a los periodistas que preguntaron por este asunto en un acto que había encargado informes expertos a la Universidad de La Laguna (ULL), a la Academia de Bellas Artes, al CICOP para conocer el valor “cultural y patrimonial” del monumento a Franco.
Tanto la Academia como la Fundación del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio concluyeron que sí que existían valores artísticos. El informe de este último, si se examina en profundidad, puede observarse que en ningún momento hace referencia a por qué fue erigida la escultura, ni qué representa. Comienza hablando de “informe relativo al conjunto escultórico de Juan de Ávalos situado en la confluencia de la Rambla de Santa Cruz y la Avenida Francisco La Roche” y nunca se refiere a él como “monumento a Franco” o como su nombre oficial desde 2011: “Monumento a la Victoria”.
La presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez, recordó a este medio, tras conocerse este informe, que el monumento fue inaugurado en 1966 en conmemoración al dictador y pone en duda sus cualidades artísticas en tanto que nunca ha sido declarado BIC. En este sentido, subrayó que el Ministerio de Cultura dispone de un informe elaborado tras la entrada en vigor de la ley por una comisión técnica en el que se refleja que “los monumentos que no son BIC se pueden quitar”.
La asociación siempre ha defendido que si finalmente se concluye que el monumento debe mantenerse, no se conformará “con un cambio de nombre” sino que debe realizarse un museo de sitio en el que se explique qué ocurrió.
José Manuel Bermúdez ya había adelantado que la decisión sobre el monumento la dejaría en manos del área de Patrimonio del Cabildo de Tenerife, de la que es titular el PSOE (que gobierna en pacto con Coalición Canaria). Desde la oposición en esta Corporación el PP se pronunció defendiendo que esta estatua se mantenga.