El sindicato mayoritario en la enseñanza pública no universitaria en las islas, ANPE Canarias, ha hecho este viernes balance del curso 2018/2019, al tiempo que ha expuesto las peticiones que realizará al nuevo Ejecutivo autonómico, entre las que se encuentran reducir el horario lectivo de los maestros o bajar las ratios.
De todos modos, matizó que la “incertidumbre política” que se observa en las diferentes administraciones públicas de España “no beneficia en nada las expectativas generadas para el futuro inmediato” de la enseñanza pública, si bien admiten haber encontrado “puntos troncales” sobre los que trabajar con todos los partidos políticos con los que se han reunido antes de las elecciones, según informó ANPE Canarias en nota de prensa.
En relación con lo conseguido hasta ahora, señalan que en Canarias, “gracias a la unidad de acción conseguida por las organizaciones representativas de este sector, se han logrado ciertos avances” para el personal docente, tales como la generalización del cobro de los sexenios y el regreso a las 18 horas lectivas para Secundaria a partir del próximo septiembre, las prórrogas voluntarias, mayor difusión de las buenas prácticas docentes en los centros y la desaparición de los descuentos retributivos al profesorado durante sus periodos de baja médica.
Sin embargo, consideró que quedan pendientes mejoras como el incremento de los presupuestos educativos hasta llegar al 5% del PIB en 2022, la reducción del horario lectivo de los maestros hasta las 23 horas semanales, la negociación de una nueva normativa para las listas de interinos, la bajada de las ratios y la disminución de la carga burocrática que soporta el profesorado, entre otras reivindicaciones que se relacionan en el anexo.
ANPE afirmó que “brindará su apoyo y lealtad” al nuevo Gobierno de Canarias “siempre que se comprometa a abordar las necesidades planteadas”, para lo que consideró “fundamental” la negociación permanente en la Mesa Sectorial de Educación y, “muy especialmente, que apueste de verdad” por la enseñanza pública en la tramitación de los presupuestos.