La contención de los contagios en Santa Cruz de Tenerife no ha sido una excepción del periodo navideño en el archipiélago. Precisamente, Canarias fue la única comunidad que se quedó fuera del toque de queda decretado a nivel nacional a finales de octubre para contener el avance del coronavirus en el pico de la segunda ola en España.
“Esta limitación a la libertad de circulación entre las 23:00h y las 6:00h será de aplicación en todo el país a excepción de las Islas Canarias, que mantienen en este momento una situación epidemiológica muy positiva”, explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el anuncio de la aprobación del nuevo estado de alarma el 25 de octubre. Una constante en el archipiélago desde el final del confinamiento a mediados de junio.
Ninguna de las dos provincias canarias (Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas) ha superado el umbral de incidencia de 300 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes desde el final del primer estado de alarma el 21 de junio. Las únicas dos provincias que han registrado un máximo de incidencia tan bajo en comparación con el resto de la península. La clave: umbrales claros y anticipación de las medidas.
A finales de agosto, y ante el aumento de la transmisión en la provincia de Las Palmas, el Gobierno de Canarias aprobó un semáforo de riesgo para aplicar medidas en supuestos de alta incidencia. Si una isla superaba los 100 casos por cada 100.000 habitantes en 7 días (el equivalente a una incidencia de 200 en 14 días), pasaba de verde a rojo y, entre otras medidas, se limitaban las reuniones sociales a un máximo de 10 personas y se adelantaba el cierre de bares y restaurantes.
Este umbral se hizo aún más estricto en octubre: se rebajaba el umbral de incidencia a la mitad –50 casos por cada 100.000 habitante en una semana– y se añadía que se entraba en nivel rojo cuando existiera un aumento significativo de los contagios en alguno de los municipios de la isla.
Una actuación que se llevó las alabanzas del ya exministro de Sanidad, Salvador Illa, a mediados de octubre. “Esto es lo que hay que hacer”, afirmó en relación a las últimas medidas decretadas por el Gobierno de Canarias como la implantación del semáforo, el cierre del ocio nocturno o los esfuerzos de rastreo de casos en la atención primaria.
Con la aprobación del semáforo de indicadores a nivel nacional, el Ejecutivo canario adaptó su medidor de riesgo en 4 niveles, incluyendo el máximo nivel de restricciones el cierre del interior de la hostelería, la limitación de reuniones sociales a 2 personas (salvo convivientes), toque de queda a las 10 de la noche y el cierre de la actividad no esencial a las 6 de la tarde.
Según el último informe publicado por el Gobierno autonómico, solo dos islas se encuentran en los niveles más restrictivos del semáforo: Lanzarote y Gran Canaria.
Una aplicación de medidas que se une a las ventajas geográficas del archipiélago para contener la epidemia: los puntos de acceso a cada isla están más controlados (puertos y aeropuertos), la movilidad desde otros puntos es menor y el clima favorece la realización de actividades al aire libre y el consumo en terrazas frente a los territorios peninsulares.
Y también las desventajas del modelo social y económico: amplio porcentaje del empleo presencial (sector servicios), alta movilidad interna de población joven y una de las comunidades con hogares más grandes (en el 47% viven más de 2 personas, por encima de la media nacional).
Aun con eso, ahora mismo es la comunidad donde menos personas han fallecido con COVID-19 confirmado, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad: poco más de 500 fallecimientos para una comunidad donde viven más de 2 millones de personas: 23 por cada 100.000 residentes.