Las acusaciones populares piden hasta 70 años de cárcel para miembros de una red nacional de peleas de perros
Las acusaciones populares personadas en la causa que investiga una presunta red nacional dedicada a las peleas de perros, en representación de la Asociación Salvando Ángeles Sin Alas (SASA) y del grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife, solicitan hasta 70 años de cárcel para miembros de la trama por delitos de organización criminal y maltrato animal. Un total de 23 personas están procesadas por su participación en una sociedad supuestamente delictiva que mantenía ramificaciones en distintos puntos del territorio español; la más importante en Canarias.
La presentación de los escritos provisionales de las acusaciones, a falta de que se pronuncie la Fiscalía, supone uno de los pasos previos a la apertura del juicio oral, después de una intensa investigación policial que tuvo su punto álgido en una operación sincronizada que comenzó en Tenerife, tras varios meses en los que se interceptaron las conversaciones telefónicas de los principales implicados. El 18 de febrero de 2017, una intervención en una finca del municipio de Güímar, que se saldó con 10 detenidos, dio el pistoletazo de salida a una secuencia de registros que durante los dos días siguiente se llevaron a cabo en Madrid, Alicante, Murcia y varios puntos de la isla.
El operativo permitió rescatar a 226 perros, la mayoría en mal estado de salud, de los que 42 fallecieron. Entre los acusados figuran dos veterinarios y un policía local de Adeje. Aunque la cabeza de la presunta organización criminal se sitúa en Madrid, la instrucción ha puesto en evidencia el peso de la red en Canarias, donde residen ocho de los 23 procesados.
Los indicios encontrados durante la instrucción, llevada a cabo en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Torrejón de Ardoz, en Madrid, han desvelado la existencia de una trama con una estructura jerárquica estable, que además llegó a desarrollar un vocabulario propio para referirse a sus actividades.
La organización está encabezada por las personas que preparan las peleas o “convenciones”, como las denominan, así como las “topas”, donde se prueba a los perros nuevos o cachorros. Son los encargados de dirigir la red: ponen en contacto a los miembros del clan para celebrar peleas o mercadear con los animales, además de tomar las decisiones sobre las medicaciones que se les suministran y su muerte cuando no alcanzan el nivel que consideran adecuado para competir.
En un segundo escalón figuran los encargados de la crianza y el entrenamiento de los perros de cara a las peleas. Obedecen las órdenes de los organizadores en cuanto al trato médico que deben recibir los anímales.
En este nivel, según los indicios encontrados durante la instrucción de la causa, también figuran los veterinarios que colaboran con la trama. Los profesionales sanitarios son una pieza clave para el desarrollo de las actividades clandestinas, ya que son los encargados de elaborar las recetas necesarias para obtener las sustancias que se aplican a los perros, que de otra forma no podrían conseguir sin desvelar las prácticas ilegales. Además, suministran la documentación necesaria para el traslado de los animales a lo largo del territorio nacional e internacional.
En la posición inferior se encuentran las personas que participan en las peleas organizadas, donde se ha desarrollado una red de apuestas personalizada. En las escuchas telefónicas se aprecia cómo existen dos niveles diferenciados: por un lado, las apuestas por “puntos” (cada punto equivale a 1.000 euros), que son las realizadas por los dueños de los perros; por otro, las de menor cuantía que realizan los asistentes a los distintos eventos.
Las acusaciones consideran que el maltrato no solo se produce en las peleas, sino en todo el proceso, tanto antes como después. En los diferente registros policiales que se llevaron a cabo se encontraron animales en pésimas condiciones higiénico-sanitarias, además de que muchos son sometidos a tratamientos médicos por personas no especializadas, con las consecuencias que este hecho provoca en los animales, a los que se suministran sustancias para que ganen o pierdan peso (si no se cumple con la normativa interna de pesaje se penaliza al dueño) y mejoren su resistencia. A todo ello se suma que para llevar a cabo su entrenamiento se utilizan lo que la trama denomina chihuahuas, perros de razas menos agresivas y de menor tamaño que se utilizan como sparrings de los competidores.
Jerarquía
JerarquíaLas acusaciones sitúan en la cúspide de la pirámide a A. O. R., conocido como el profe, a quien consideran el encargado de dirigir la organización desde Madrid. La instrucción ha permitido conocer que se trata de una persona vinculada con el mundo de las peleas de perros desde la década de los 90. La Asociación Salvando Ángeles Sin Alas solicita un total de 30 años de cárcel para el cabecilla de la red por delitos de organización criminal y maltrato animal.
En la operación policial de 19 de febrero de 2017, en su finca de Fuente el Saz de Jarama, se encontraron 17 perros rodeados de excrementos y atados a cortas cadenas en espacios reducidos, de los que cinco fallecieron en días posteriores a consecuencia de su estado de salud.
Su mano derecha es R. R. D., el otro miembro más experimentado y respetado de la trama. La acusación popular de SASA pide para R. R. D. 33 años y medio de cárcel. El 19 de febrero, la Policía también entró en su finca de Batres, donde se rescataron un total de 22 perros, de los que 11 fallecieron.
Las otras personas que componen el clan de Madrid son L. M. M., que reside en la misma finca que el cabecilla principal, y se enfrenta a una petición de 22 años de cárcel; M. R. B., hija de R. R. D. para quien se solicitan 30 años y medio de prisión; la misma pena que se reclama para V. G. C., amigo de los anteriores; y para C. M. Y., el veterinario que da apariencia de legalidad a algunas de las prácticas de los acusados.
En el archipiélago
El papel de la rama canaria de la organización es clave en la estructura de la red. En Tenerife se inició el operativo policial que desarticuló el clan, con la redada de 18 de febrero en Güímar, y en la isla residen otras piezas claves del entramado. Es el caso del considerado líder en el Archipiélago, E. P. C., para quien SASA solicita 42 años y medio de cárcel, mientras que Podemos le pide 21 años y seis meses de prisión. Llegó al mundo de las peleas de la mano de R. R. D., pero ahora mantiene una relación más directa con A. O. R., a quien se dirige como “el profe”.
Con la ayuda de otros acusados organizó lo que llamaron la “Convención Canaria 2017 BIS”, el evento que fue interrumpido por la Policía el 18 de febrero cuando ya se había celebrado una pelea en la que, precisamente, falleció una perra propiedad de E.P.C. El 19 de febrero, un registro en su finca permitió rescatar a 32 animales. En una de las conversaciones telefónicas se le escucha lamentarse de que a su hija de 12 años “le gusten los perros, pero no verlos pelear y hacerse daño”.
Aunque los investigadores destacan el papel de liderazgo de E. P. C., resaltan la participación imprescindible de otras dos personas en la organización. Es el caso de un policía local de Adeje que, según las fuentes oficiales consultadas, se encuentra apartado del servicio, aunque sigue recibiendo parte de su retribución, pese a que ha solicitado su incorporación. Es el encargado de conseguir las sustancias anabolizantes que se suministran a los perros de la trama en Canarias.
No hay que olvidar que una de las funciones de un policía local es la protección de los animales. En su finca, el 19 de febrero de 2017 se rescataron un total de 44 perros en malas condiciones de salud. Al lado de la propiedad se encontró un acantilado, donde aparecieron cuerpos de perros muertos en estado de descomposición. La acusación popular de SASA le pide 54 años y medios de cárcel, mientras que Podemos solicita 30 años y tres meses de prisión.
La tercera pieza clave de la organización en las Islas es G. U. G. G., a quien “está apadrinando” A. O. R., según unas de las escuchas telefónicas interceptadas durante la investigación. En su casa se encontraron 29 perros, de los que cuatro fallecieron, y un ring donde entrenaba a los animales. SASA reclama una pena de 37 años de cárcel, mientras que Podemos pide 21 años y un mes de prisión.
Junto a ellos están acusados J. A. L. G. (11 años y medio de cárcel y siete años y seis meses, a petición de SASA y Podemos, respectivamente), S. M. E. B. (para quien ambas acusaciones piden siete años y medio de cárcel), G.M.R. (misma pena que el anterior), y J. A. R. T. (17 años y medio y nueve años y seis meses), en cuya finca se rescataron siete perros, de los que dos perdieron la vida.
A ellos se suma J. C. H. V., de profesión veterinario, considerado una pieza fundamental en la organización. Llega a dejar recetas en blanco a los cabecillas de la red y documentación para el traslado de los perros. E. P. C. se refiere a él por teléfono como “orito en paño”. SASA le reclama 39 años y seis meses de cárcel, mientras que Podemos pide para el profesional sanitario 18 años y medio de prisión.
Alicante
AlicanteEspecial importancia adquiere también la ramificación que la organización mantiene en Alicante. De ella forma parte el acusado al que se solicita una pena mayor: T. A. A., para quien la acusación popular de la Asociación Salvando Ángeles Sin Alas solicita 70 años de cárcel.
Los investigadores concluyen que T. A. A. lleva mucho tiempo dedicado al mundo de las peleas de perros, sin que se le conozca otro trabajo regular o fuente de ingresos. Está asociado con los otros dos cabecillas de la trama alicantina, R. N. y H. A. M., pero de los pinchazos telefónicos se interfiere que mantiene importantes diferencias con ellos.
El 19 de febrero de 2017, la Policía intervino 46 perros entre su finca de Crevillente y otra de sus propiedades. La mitad de los animales estaban destinados a las peleas y la otra mitad eran los conocidos como chihuahuas. Un total de 15 perros fallecieron, uno incluso antes de ser trasladado.
Para R. N. y H. A. M., la acusación popular pide 65 años y medio de prisión. La tercera persona acusada por su vinculación a la red de Alicante es D. S. H., pareja de T. A. A., para quien SASA solicita 62 años y seis meses de cárcel.
El tentáculo del entramado en Murcia está encabezado por S. R. H., que gestiona la organización local junto a su pareja, A. M. C., y su amigo R. G. R. Para el primero, la acusación popular pide 37 años y medio de cárcel, mientras que los otros dos acusados se enfrentan a 34 años y seis meses.
En la única intervención que se llevó a cabo el 20 de febrero de 2017, en una propiedad de S. R. H., el operativo policial consiguió rescatar a 29 perros, de los que cinco fallecieron posteriormente por las malas condiciones de higiene y salud en la que fueron encontrados.
Entre los acusados también figuran dos personas relacionados con actividades de la trama en Almería y Málaga. Para J. M. T. R., SASA solicita siete años y medio de cárcel, la misma pena que para F. M. C. D.
En total, la Asociación Salvando Ángeles Sin Alas pide 781 años y cuatro meses de cárcel, además de penas de inhabilitación especial para oficios o actividades relacionados con animales, para los 23 acusados; mientras que el Grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife solicita para todos ellos 470 años de prisión, junto a la inhabilitación especial.
