Los tres areneros (hay un cuarto en prisión) del caso Áridos (Güímar, Tenerife) que están en libertad tras ser condenados por explotar de forma ilegal varias canteras de áridos en barrancos de ese municipio van a tener que pagar 168 millones de euros de fianza si quieren disponer de un año más de libertad.
Esto mismo es lo que acordó el 31 de mayo la sección segunda de la Audiencia Provincial, según informa en su edición de este martes La Opinión de Tenerife, en un auto en el que se desestiman los recursos de súplica presentados por los abogados de los condenados Pedro Sicilia, José Enrique Morales y Antonio Plasencia contra el auto del 25 de enero.
En este último auto, “se acordó la prórroga por el plazo de un año de la suspensión de las penas privativas de libertad impuestas a los condenados”, y se impuso a estos “la obligación de afianzamiento del cumplimiento de sus responsabilidades en los términos fijados en su día en el auto de apertura de juicio oral dictado el 11 de diciembre del 2014”.
El auto con fecha de 31 de mayo de este año, dictado cuatro meses más tarde de que los areneros presentaran sus recursos de súplica, ya es firme; esto es, de obligado cumplimiento por parte de los condenados. Por lo tanto, a partir de ahora, la sala dará un plazo a los areneros para que abonen, se entiende que en poco tiempo, las fianzas que les fueron impuestas si no quieren entrar en prisión.
Esas fianzas fueron fijadas en el auto de apertura de juicio oral de 2014 (ahí figura una valoración de los daños medioambientales causados en los barrancos de Güímar, cifrada en 273,3 millones de euros) en función de los daños ocasionados por cada uno de los empresarios condenados.
Según ese documento judicial, a Antonio Plasencia le corresponde una fianza de 66,49 millones de euros; a José Enrique Morales, de 63, y a Pedro Sicilia, de 39. En enero de 2016, los empresarios lograron evitar la cárcel tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular, representada por el letrado Carlos Álvarez.
A cambio de reconocer ante la justicia que habían cometido un delito contra los recursos naturales y medioambientales y de asumir la restauración del equilibrio ecológico perturbado, consiguieron eludir la prisión al ser condenados a un año y tres meses de cárcel.
Esa sentencia de conformidad además establecía que las penas privativas de libertad quedarían suspendidas por el plazo de dos años si los condenados cumplían con las medidas encaminadas a restablecer los barrancos deteriorados por la actividad ilegal, lo que obligaba a elaborar los respectivos planes de restauración del espacio natural que destrozaron y a costear dichas labores de sus propios bolsillos.
Tras aquel nuevo auto, el de 31 de mayo, a esos tres condenados hoy en libertad (cinco fueron los empresarios acusados de explotar los barrancos de forma ilegal pero uno de ellos falleció antes de sentarse en el banquillo y el otro, Francisco Javier del Rosario, no quiso admitir su responsabilidad y está en prisión tras recurrir el fallo ante el Supremo y este desoír sus tesis) la Audiencia Provincial les ofrece la posibilidad de prorrogar la entrada en prisión durante un año si abonan las correspondientes fianzas.
En ese plazo de un año, si se les concede porque antes cumplen con el abono de las fianzas, deberán redactar los planes de restauración de las zonas naturales dañadas.