La sección sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en un auto notificado este jueves, ha rechazado el recurso de apelación contra el sobreseimiento de la causa penal abierta por la nave industrial de Guaza, en el municipio sureño de Arona. La sala comparte con el Ministerio fiscal que ha de sustituirse el sobreseimiento libre por el provisional porque, aunque “sí hay datos o indicios de la realidad de los hechos, dado lo ya narrado (en la fundamentación) y analizado (…) no hay elementos suficientes para apreciar los delitos querellados”. Además, impone las costas a la parte que presentó el recurso al apreciar “temeridad”.
Este recurso, que llegó a la Audiencia el 15 de noviembre de 2023, se interpuso a la decisión del 21 de marzo de 2023 del juzgado número 3 de Arona de dictar el sobreseimiento libre de las diligencias previas tras la querella inicial, que cuestionaba la declaración del uso comercial consolidado de esta nave en 2018 al entender que llevaba sin esa utilización 6 años. Por eso, se presentó una denuncia por un presunto delito de prevaricación contra la ordenación del territorio, falsedad documental y coacciones que, sin embargo, no apreció el juzgado, cuyo sobreseimiento confirma la Audiencia.
No obstante, este proceso no tiene que ver con la reciente resolución de la Agencia de Protección del Medio, dependiente del Gobierno de Canarias, que insta a precintar las obras que se siguen desarrollando en esta nave, adquirida por la empresa Cicar. Tampoco sobre las denuncias presentadas posteriormente a esa resolución, del 16 de septiembre pasado, porque los trabajos aún continúan sin que el ayuntamiento, ni la Agencia ni ninguna fuerza del orden lo impida.
La querella acusaba de esos presuntos delitos al entonces (2018) edil de Urbanismo, Luis García (en ese momento en el PSOE y, ahora, en Más por Arona), así como al técnico Damián Hernández, que ahora quedan definitivamente exonerados en esta causa penal, si bien la parte demandante anuncia que estudia un posible recurso de amparo.
La declaración del uso comercial consolidado permitió que el anterior propietario de esta nave, el promotor Diego Cano, el del también polémico entro comercial de El Camisón, pudiera vender por 5 millones de euros (según la información que maneja este periódico) esta nave a Cicar, que continúa con los trabajos.