La investigación judicial del llamado caso Grúas se reanuda este lunes con la declaración como testigo ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de La Laguna del responsable de la Intervención General de Ayuntamiento de ese municipio tinerfeño, Gerardo Armas Davara, que en 2014 y 2015 se opuso a los decretos del exalcalde y actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo Batle, que permitieron a Autogrúas Poli, SL, mantener el servicio municipal de grúas pese a incumplir las condiciones del contrato.
Para la acusación particular, los concejales de la oposición Santiago Pérez, María José Roca Sánchez, Idaira Afonso Martín, Rubéns Ascanio Gómez y Juan Luis Herrera Pérez (de Por Tenerife-Nueva Canarias y Unidos Se Puede), Armas es un testigo clave que apuntalará lo que consideran sobrados indicios de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación que habrían cometido tanto Clavijo como su sucesor José Alberto Díaz (CC), en la etapa en que este era concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad de San Cristóbal de La Laguna.
Armas Davara es en realidad viceinterventor general del Ayuntamiento de La Laguna, pero, como la plaza de interventor general lleva años vacante, ejerce como interventor en funciones. Fue quien se opuso en 2014 a la concesión de un préstamo de 120.000 euros a Autogrúas Poli, que desde 2011 estaba en manos de siete personas con supuestas relaciones de amistad con Clavijo.
Autogrúas Poli, SL, empresa que creó el empresario José Padilla González y que en 2004 consiguió la concesión del servicio municipal de retirada e intervención de vehículos en la vía pública del municipio de La Laguna, fue vendida a siete de sus trabajadores cuya gestión quedó demostrada que era un desastre. Acumularon deudas de más de 300.000 euros a la Seguridad Social y Hacienda, por lo que acabó intervenida por el Ayuntamiento.
Ese estado de falta de liquidez (con cuentas bloqueadas por impagos) e incumplimientos con la Agencia Tributaria suponía un grave incumplimiento del pliego de las condiciones del contrato. Sin embargo, el que era concejal en 2014 de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad, José Alberto Díaz, propuso la concesión de un préstamo de 120.000 euros, a lo que la Intervención Municipal, con Armas Davara al frente, se opuso en dos informes con reparos y advertencias de incumplir con la legalidad.
Básicamente, en la Intervención se preguntaban cómo se iba a adelantar dinero a una empresa intervenida y con futuro incierto cuando el plazo de concesión, renovable cada cinco años, no se había renovado (tocaba renovar o rescindir el contrato en 2014) y no se podía garantizar que la facturación futura cubriese la devolución del dinero.
El 18 de junio de 2014, Fernando Clavijo firmó el decreto por el que levantaba los reparos señalados por el interventor en funciones y se concedieron 120.000 euros a Autogrúas Poli con el 4% de interés, todo ello según un estudio de dos catedráticos de la Universidad de La Laguna que respaldaba la viabilidad del préstamo.
Unos meses más tarde, desde Seguridad Ciudadana se propuso renovar el contrato a Autogrúas Poli, SL, por otros cinco años, a lo que también se presentaron dos informes con reparos de legalidad por parte de la Intervención Municipal. En agosto de 2014, esos reparos fueron levantados mediante decreto del exalcalde Clavijo.
En 2015, Autogrúas Poli fue vendida por un euro a un empresario del sur de Tenerife, José Luis Tacoronte, que asumió deudas por encima de los 700.000 euros.
Recurso para que declare el actual alcalde
Tras la toma de declaración como testigo a Armas Davara se espera que la jueza que instruye el caso, Celia Blanco, llame a declarar a nuevos testigos antes de elevar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias una exposición motivada de si hay o no hay indicios de que el presidente del Gobierno de Canarias haya otorgado tratos de favor a los que fueron dueños de Autogrúas Poli, SL, y con ello haya cometido prevaricación, tráfico de influencias y/o malversación.
Aún debe resolverse el recurso que la acusación particular presentó ante la negativa de la jueza a citar a declarar al actual alcalde y sucesor de Clavijo, José Alberto Díaz, y también ha interesado que se le tome declaración, en este caso como testigo, al primer concesionario del servicio de grúas municipales, José Padilla.
Padilla declaró ante la Guardia Civil en 2013, en el marco de una investigación por robos de piezas en el depósito municipal de vehículos, que tuvo presiones para vender su empresa a los siete amigos supuestos de Clavijo y que habría sido amenazado por este en varias ocasiones durante los años que mantuvo la concesión, entre 2004 y 2011.