El portavoz de los abogados de la defensa en el caso Corredor, Carlos Álvarez, que da por terminada ya la causa tras la petición de la Fiscalía de sobreseimiento de todas las imputaciones a la juez que instruye ahora el caso, Ana Serrano, anuncia que una vez sea firme esta postura, las defensas emprenderán acciones judiciales tendentes a compensar de manera legal a sus defendidos.
Avanzó que, en cuanto a su cliente, que se trata de un caso sui generis, pues remarcó que “se le han lesionado sus derechos fundamentales”, al entender que ha sido sometido a un pinchazo telefónico “sin auto judicial” que lo ampare, “las acciones van a ser inmediatas”.
Señaló que entre las medidas que emprenderá, estarán las tendentes a ejercitar el derecho a reparación por “una violación a su intimidad”, pues indicó que durante 9 meses se realizó un seguimiento de su vida sin las pertinentes autorizaciones legales.
En este sentido, indicó que no dejará ninguna acción por interponer, y que las medidas las estudiará con su cliente una vez que se dicte el sobreseimiento de las imputaciones en los próximos días. Indicó que, lógicamente, el resto de las defensas de las demás personas que fueron referenciadas en este procedimiento, también emprenderán el mismo camino.
Carlos Álvarez, tras conocerse la propuesta de la Fiscalía, cree que la postura de la magistrada “va a ir en consonancia con el mismo sentido del escrito del Ministerio Fiscal”, en cuyo informe pide el sobreseimiento, y así, se hablaría ya a estas alturas, de que el caso Urbaser ya ha sido desimputado, y que quedan otros por fraudes de subvenciones que, como en el caso de Las Chumberas, también se ha decidido desimputar a todas las personas conforme a las acusaciones del denunciante, entre las que figuraba, entre otros cargos públicos y funcionarios, el alcalde, Fernando Clavijo.
El abogado, con respecto a su defendido, José Antonio Santana, recordó que también se le desimputó porque no había auto de prórroga de la intervención telefónica, algo que ocurre también con la concejal Aymara Calero.
Por ello, Álvarez explicó que ahora queda por juzgar, una vez que la pieza 22 ha caído tras el auto de sobreseimiento, otras dos piezas, que según le explicó Evaristo González, letrado y uno de los imputados en el caso, se le imputan otros posibles delitos relacionados con patrimonio y deudas de la seguridad social, entre otros, que quedan en vigor y tramitándose.
No obstante, explicó que González, pieza clave en todo este proceso, también le dijo que espera que con la imputación y la querella que se está tramitando en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra el juez César Romero Pamparacuatro, y la secretaria judicial, el caso Corredor “se puede ver afectado por nulidad absoluta e ilicitud de pruebas practicadas por el magistrado y su secretaria”. En este sentido, recordó que se le imputan delitos de falsificación en documentos públicos y encubrimiento de la secretaria, así como infidelidad en la custodia de documento y retardo malicioso y, por lo tanto, añadió que Evaristo González “ha indicado que cree que las dos causas abiertas también deben caer en las próximas fechas”.
En cuanto a la localización de la testigo fundamental del caso Corredor, que ha participado, supuestamente, en las reuniones con el empresario, el alcalde y otros cargos públicos, y que dieron origen a este procedimiento, Carlos Álvarez puntualizó que se trata de dos testigos: “Olga y una tal Corina, que la Policía Nacional había investigado, pero debido al informe de Fiscalía, dado que las testigos eran para refutar pruebas de cargo para mantener las imputaciones, ahora de nada sirven. Es extemporáneo, porque no hay delito y no se va a testificar”.
Por ello, dijo que traer a colación pruebas testificales, que ya no pueden ir en colisión con el sobreseimiento solicitado, “provoca que dichas pruebas se queden sin sentido o son inocuas”.
El abogado de la defensa señaló que, con todas las previsiones y reservas legales, el caso Corredor “ha fallecido”, pues explicó que “la pata principal, que era pieza 22, por si queda algún resquicio de la causa del empresario y abogado Evaristo González, ya tendría una relevancia distinta a la que tomó cuando se abrió en sumario”, momento en el que, remarcó, “saltaron todas las sospechas por la coincidencia de su apertura a siete meses de las elecciones”. Así, indicó es de ahí, de ese momento, cuando se origina la imputación por retardo malicioso, es donde se produce una ilicitud. “El caso corredor está envenenado de raíz y padece una enfermedad muy grave”, manifestó el letrado.
Reconoció que este cambio radical en el caso, “enriquece a la justicia”, pues dijo que el “pueblo puede entender que se fortalece la defensa y la garantía del procedimiento penal”, y señaló que la palabra imputado es garantía y no las connotaciones que tiene“. Destacó, sobre todo, la rapidez y la transparencia que se ha producido, así como la estrategia de toda la defensa que, añadió, ”apreció un déficit inicial en el procedimiento del juez Pamparacuatro, y cuyo fin estaba casi anunciado“.
Cree que la resolución en 4 meses y medio ha sido un récord, pues explicó que este procedimiento que partió “con dos años secretos con intervenciones policiales sin auto, no podía quedar alargado en el tiempo y perjudicando a políticos que iban a ser objeto de elección. Pese a todo, se ha reforzada la justicia penal en La Laguna”.