Alberto Rodríguez, diputado de Podemos en el Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, asegura que actuaría “exactamente igual” si se viera involucrado en un incidente similar al que protagonizó la Nochebuena de 2006 en una zona de ocio nocturno de La Laguna, un altercado con la Policía Local que acabó con su detención y la apertura de un procedimiento judicial que ahora, once años después, ha llegado al Supremo.
El alto tribunal español ha abierto una causa contra el parlamentario para investigar si cometió un delito de desorden público, castigado con penas de entre seis y tres años de cárcel. La Fiscalía le acusa de incitar “a las personas que allí se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas” a enfrentarse y arrojar objetos contra los agentes policiales.
Rodríguez está convencido de su inocencia y afronta el proceso “muy tranquilo”. “No tengo nada que ocultar”, dice.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 25 de diciembre de 2006 en una conocida zona de ocio de La Laguna, el denominado cuadrilátero. El ahora diputado de Podemos tenía entonces 24 años. El altercado se originó durante una identificación en un control policial contra el consumo de drogas. “Cuando me di la vuelta, vi a mi hermano con una brecha en la cara, que es la que le ocasionó la pérdida de visión en un ojo. Fui a defender a mi hermano de una agresión policial totalmente injustificada, si pasara hoy volvería a actuar igual”, relata Rodríguez. Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, fue el actual diputado, junto a otra persona, quien hostigó a los policías locales y provocó que un grupo tirara “botellas, vasos y otros objetos” contra los agentes.
Rodríguez explica que interpusieron una denuncia contra la actuación de la Policía Local de un municipio que en ese momento tenía a Ana Oramas, actual diputada de Coalición Canaria en el Congreso, como alcaldesa, y a Fernando Clavijo, ahora presidente del Gobierno de Canarias, como concejal de Seguridad Ciudadana. La denuncia fue finalmente archivada. “Es un clásico de los movimientos sociales, que se archiven los abusos policiales”, asevera el parlamentario de Podemos.
Tras la denuncia de los agentes, se abrió la fase de instrucción y Rodríguez, a diferencia de otros dos acusados, rechazó una sentencia de conformidad porque estaba -y está- “firmemente convencido” de su inocencia. Ahora, once años después de producirse los hechos y un año y medio después de haber sido elegido diputado en las Cortes, la causa llega al Supremo por su condición de aforado.
“Sobra decir que colaboraré con el Tribunal Supremo y defenderé mi inocencia, pero esto ocurrió hace muchísimo tiempo y se podía haber solucionado mucho antes. Me resulta cuando menos extraño que se abra una causa ahora y que este asunto, que se podía haber resuelto en un juzgado ordinario, llegue al Supremo”, lamenta el diputado, que asegura no haber recibido aún una comunicación oficial del alto tribunal español.
Rodríguez ha percibido en los comentarios que se han sucedido a lo largo de este viernes en las redes sociales que la noticia ha generado “indignación”. “Los ciudadanos ven como los corruptos se van de rositas porque sus delitos prescriben. Son a esos delitos a los que se deberían dedicar los recursos”, concluye.