La empresa del tranvía de Tenerife deberá devolver una subvención por una planta fotovoltaica
La entidad Metropolitano de Tenerife SA tendrá que devolver la subvención recibida en su día para compensar la construcción y funcionamiento de una planta fotovoltaica situada en la cubierta de las cocheras del tranvía en Taco. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha puesto del lado del Ministerio de Industria, que por medio de una resolución consideró que la entidad había incumplido las condiciones fijadas en su día para que se le otorgara esta subvención.
En concreto, se mantiene que Metropolitano no puso en marcha estas instalaciones antes de finales de septiembre de 2008, tal y como debía hacerlo. La entidad, dependiente del Cabildo y cuya principal actividad es la gestión del tranvía, ejecutó una planta solar fotovoltaica de 600 kw y una superficie de 5.000 metros cuadrados. Además, solicitó acogerse a las ayudas que por aquel entonces se habían puesto en marcha para este tipo de instalaciones.
Sin embargo, a finales de 2011 la Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió un informe determinando que de la documentación presentada y los resultados de las comprobaciones hechas, se habían detectado determinados incumplimientos. La empresa presentó un certificado final de obra a través del cual quería demostrar que cumplió con los plazos y condicionantes impuestos. En cualquier caso, los posibles retrasos los achacaba a la dificultad que implica poner en marcha este tipo de instalaciones.
El Ministerio, por su parte, detectó que había más facturas que paneles instalados, lo que Metropolitano justificaba ante el hecho de que el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) había comprado más elementos de este tipo para otras instalaciones. En concreto, se comprobó la adquisición de 160.000 paneles, de los que se instalaron 157.000 en las cocheras. También se demostró que en septiembre de 2008 sólo se obtenía un 4 % de energía y que en octubre se llegaba al 45 %, menos de lo exigido, así como que se presentaron facturas posteriores al final de las obras. La planta ha llegado a cubrir hasta el 14,27 % de las necesidades energéticas de Metropolitano, entidad que firmó un contrato con el ITER para garantizar su mantenimiento.
Por su parte, el gerente de Metropolitano, Andrés Muñoz ha señalado que ya han recurrido este fallo ante el Tribunal Supremo (TS) donde espera que se les dé la razón, al considerar que existen argumentos por parte del Estado y del Tribunal que no considera “en absoluto” ajustados a la realidad.
En caso de que el Supremo tampoco tome en cuenta la defensa de Metropolitano, se deberá llevar a cabo un peritaje para determinar la cantidad exacta de la subvención que tendrá que devolver y que aún no ha sido concretada. La inversión total que implicó la construcción de esta planta rondó los 3,6 millones de euros, pero las fuentes consultadas consideran que la cifra a devolver será mucho menor. La prima supuso alrededor de 23 céntimos por kilovatio pero teniendo en cuenta otras variables como las horas de funcionamiento.
Núñez lamenta que se dé la razón al Ministerio cuando el abogado del Estado ni siquiera compareció a la vista llevada a cabo o que la inspección se hubiera hecho sin ni siquiera visitar las instalaciones. Además, critica que no se haya tenido en cuenta el informe elaborado por un técnico del Gobierno de Canarias que se puso a favor de Metropolitano. La entidad ha solicitado que se reanude, con intereses, el pago de la prima que quedó suspendido desde enero de 2014 y que incluso sean indemnizados por lo ocurrido.
Fuentes relacionadas con la causa judicial atribuyen lo ocurrido a la guerra que el ministro de Industria y presidente del PP canario, José Manuel Soria, mantuvo contra el Gobierno canario presidido por Paulino Rivero y contra la implantación de las energías renovables en toda España, el Archipiélago incluido. Aunque la inspección comenzó antes de que Soria llegara al Ministerio, el rechazo de los argumentos de Metropolitano tuvo lugar a finales de 2013. A partir de entonces es cuando el enfrentamiento se desplazó a los tribunales ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en otros ámbitos.
