El juzgado cita a la exalcaldesa de Santa Úrsula del PP para entregarle la sentencia tras no conseguir localizarla
La exalcaldesa de Santa Úrsula Milagros Pérez (del PP), un municipio del norte de Tenerife, se resiste a reconocer su condición de condenada por un delito continuado de prevaricación administrativa.
A pesar de que ha transcurrido más de un mes desde que se dictara el fallo, que fijó una pena de ocho años y medio de inhabilitación por colocar a personas afines en el Ayuntamiento de manera ilegal, la también exsenadora del PP mantiene un discurso ajeno a su realidad procesal. Además de apurar al máximo sus nulas opciones de presentarse de nuevo en las elecciones locales del próximo mayo, la dirigente tinerfeña tampoco se ha preocupado de recibir la notificación judicial de la sentencia.
El Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife, “visto el tiempo transcurrido sin haberse podido notificar la sentencia”, ha tenido que dictar una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso mirametv.com, para obligar a Milagros Pérez a desplazarse este miércoles al Palacio de Justicia para recoger en mano el fallo judicial, que tiene fecha de 1 de marzo.
Es una nueva medida dilatoria de la exalcaldesa con la que intenta eludir el muro legal que impide que vuelva a concurrir como candidata a las próximas elecciones, pese a que la condena no es firme y cabe recurso ante la Audiencia Provincial.
Una sentencia reciente del Tribunal Supremo, en relación con un recurso de casación presentado por el Cabildo de Fuerteventura por la incompatibilidad de otro destacado excargo del PP, Domingo González Arroyo, ha dejado claro que no son elegibles para ningún cargo público los condenados por delitos contra las administración pública, aunque el fallo no sea firme.
Una situación que ya era conocida por resoluciones anteriores de la Junta Electoral, pero que ahora elimina cualquier posibilidad de discusión tras la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
En el PP también lo tienen claro, aunque han tardado en decidirlo tras consultar primero a su Comité de Derechos y Garantías. La formación que preside en Tenerife Manuel Domínguez ya ha trasladado a Milagros Pérez que no puede ser la candidata en mayo y busca una alternativa. Todo de forma interna, porque el partido conservador aún no se ha pronunciado públicamente al respecto.
El fallo contra el conocido como marqués de La Oliva también despeja otra de las dudas que sobrevuelan a la figura de Milagros Pérez. La resolución del Tribunal Supremo permite aclarar que una persona inhabilitada por sentencia, aunque no sea firme, entra en incompatibilidad manifiesta con la posibilidad de ocupar un cargo público.
Esto implica que la exalcaldesa de Santa Úrsula, que en la actualidad conserva su condición de concejala en la oposición, no puede mantener su acta como representante municipal. Basta con que el Ayuntamiento lleve a un pleno su baja y adopte la decisión, que no requiere siquiera de una votación.
El problema es que el Consistorio de Santa Úrsula, donde ahora gobierna AISU-CC, no ha llevado el cese de Pérez al pleno municipal porque no ha logrado tener acceso oficial a la sentencia, pese a que ya la ha solicitado. Un juzgado que no localiza a una condenada para notificarle un fallo y una administración pública que no logra que un juzgado le traslade una resolución. Una paradoja que permite a la exalcaldesa resistir como concejala y sostener un discurso de cara a la galería con el que pretende mantener en falso sus expectativas electorales.
A diferencia de lo ocurrido con Milagros Pérez, el otro condenado por la misma sentencia, el exprimer teniente de alcalde Víctor Hernández, sí ha recibido el fallo judicial. Aunque también continúa como edil, ya se ha dado de baja del PSOE y ha cambiado de letrado, pero aún no ha designado un sustituto.
El Juzgado de lo Penal número 5, también a la vista del tiempo transcurrido sin que el procesado haya nombrado un nuevo director legal, ha solicitado que se le atribuyan un abogado y un procurador de oficio, lo que lleva aparejado que se suspenda el plazo para la interposición del recurso de apelación.
