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La Fiscalía formaliza denuncia por el supuesto desfalco en el Recinto Ferial

Efraín Medina, Carlos Alonso (presidente del Cabildo de Tenerife) e Ignacio Pintado, gerente dimitido

D. M.

Santa Cruz de Tenerife —

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, tras el análisis de la documentación que en su día le remitió el entonces gerente del Recinto Ferial de Santa Cruz (en septiembre pasado), Ignacio Pintado, ha decidido formalizar la denuncia judicial contra los supuestos responsables de la desaparición confirmada por una auditoría de 127.000 euros en la tesorería de esa empresa pública.

Este hecho, el ya dimitido Ignacio Pintado (el gerente al que confió durante largo periodo Coalición Canaria -CC- la gestión en esa empresa pública del Cabildo de Tenerife), lo atribuyó a problemas detectados en el departamento de Contabilidad del citado Recinto Ferial, un establecimiento que pertenece a la sociedad pública Institución Ferial de Tenerife. En esta entidad, adscrita al Área de Empleo y Desarrollo Económico del Cabildo, el presidente de su consejo de administración es el vicepresidente insular Efraín Medina, de CC.

La documentación presentada en su día, en septiembre pasado, por el dimitido gerente de esa empresa pública ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial ha sido la base para formular la mencionada demanda, que en principio atañe al gerente en el momento de generarse el supuesto robo de dinero público al que fuera responsable del departamento de Contabilidad del recinto, hoy jubilado.

La presentación de esa denuncia por la Fiscalía supone el inicio de un proceso judicial para determinar si hubo robo de dinero público, en una supuesta cifra de 127.000 euros (según lo observado por la auditoría y lo confirmado por el Cabildo de Tenerife), y quiénes, en caso de confirmarse este extremo, fueron los culpables.

El grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife, tal y como han señalado a este medio este viernes, mantiene su intención de personarse en la causa, muy parecida, aunque por menor cuantía, a la ahora enjuiciada y relacionada con otra empresa pública del Cabildo de Tenerife, Sinpromi. En esta se aborda un supuesto delito por apropiación indebida de más de un millón de euros.

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